“No queremos cambiar sólo la supremacía numérica de la corporación política por la corporación judicial.” Con esta definición, los diputados de Proyecto Sur decidieron avanzar con su propia iniciativa para modificar el Consejo de la Magistratura y se marginaron del acuerdo que teje el resto del arco opositor, que ahora tendría más dificultades para reunir los votos necesarios e imponerse en el recinto. El proyecto del interbloque de centroizquierda propone “equilibrar” –según definieron– la representación de jueces, abogados, legisladores y académicos, para que “ninguna corporación tenga quórum o mayoría propia”. Además de proponer la creación de un consejo asesor con la participación de la “sociedad civil”, que el Consejo de la Magistratura elabore el presupuesto del Poder Judicial y establecer auditorías sorpresa sobre los juzgados.

El propio Fernando “Pino” Solanas y la mayoría de los legisladores del interbloque respaldaron en la rueda de prensa el proyecto que elaboraron las diputadas que integran la Comisión de Justicia, Alcira Argumedo y Liliana Parada. “Le pedimos al presidente de la comisión, (Ricardo) Gil Lavedra, que habilite el debate en el pleno de la comisión y no que discuta un acuerdo puertas adentro en los despachos de los legisladores”, sostuvo Argumedo para tomar distancia del proyecto en el que trabaja el resto de la oposición.

Argumedo y Parada se reunieron varias veces con Gil Lavedra para presentarle propuestas que fueron incorporando a su proyecto original, pero le dijeron al diputado radical que se negaban a negociar su iniciativa con el resto del Grupo A.

“No vamos a participar de reuniones paralelas. No somos gurkas ni talibán, pero queremos un debate abierto”, reafirmó Argumedo ante los periodistas. “Muchos del Grupo A dijeron que nosotros saboteamos todo, pero después terminan por aceptar muchas de nuestras propuestas”, agregó Solanas en defensa de la iniciativa propia. Claudio Lozano fue más duro que las críticas que reciben desde el resto del arco opositor: “Cuando empezaron a trabajar en el proyecto común nos ignoraron, ahora que necesitan nuestros votos nos convocan”.

Después de requerir opiniones de distintas entidades de la “sociedad civil”, las diputadas incorporaron modificaciones al proyecto. Los aportes fueron del CELS, Cipec, Acij, Poder Ciudadano, organizaciones de usuarios y consumidores y sindicatos de trabajadores de la Justicia. “La justicia es muy importante para dejarla en manos sólo de los abogados”, afirmó la socióloga Argumedo, parafraseando al político y periodista francés Georges Clemenceau y su definición sobre la guerra y los militares.

Aunque el proyecto todavía no tiene asignada la cantidad de asientos para cada uno de los sectores que integran el Consejo (abogados, jueces, académicos y legisladores, y del Ejecutivo) tomaron la propuesta de las entidades de “propiciar el equilibrio para que ninguna corporación tenga mayoría y quórum propio”. Aunque no fueron pocas las organizaciones que solicitaron una mayor representación de legisladores, “que a diferencia del resto son elegidos por la voluntad popular”. Lo que sí establece la iniciativa es que los legisladores serán designados de acuerdo con la representación parlamentaria de cada Cámara a través del sistema D’Hont de reparto proporcional.

El proyecto también tiene otros puntos novedosos, como la creación de un Consejo Asesor, que no tendrá resoluciones vinculantes, pero que –según definieron las autoras del proyecto–”será un monitoreo permanente de la sociedad civil sobre el funcionamiento del Consejo”. El Consejo de la Magistratura elaborará el presupuesto del Poder Judicial, salvo el que establece la Corte Suprema, y su administrador y secretarios general y administrativo serán designados por concurso de antecedente y oposición con acuerdo del pleno. También establece la evaluación del trabajo judicial con auditorías sobre los juzgados, que serán seleccionados por sorteo público pero de cumplimiento inmediato. Algo que provoca escozor entre los magistrados y cuestionamientos del resto de la oposición.