La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó ayer otros dos planteos dilatorios formulados en nombre de Marcela y Felipe Noble Herrera. El primero es un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la legalidad del escrito en el que teóricamente apelaron –sin sus firmas– la decisión de cruzar sus ADN con las muestras de familiares de desaparecidos obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos. La negativa de Casación deja firme la orden de avanzar con la medida de prueba que reclaman Abuelas de Plaza de Mayo y que permitiría conocer la verdadera identidad de los jóvenes. El segundo planteo rechazado confirma la legalidad de las órdenes de allanamiento dictadas en diciembre por el ex juez de la causa, Conrado Bergesio, para que se extrajeran muestras de ADN a partir de objetos personales de las víctimas, método alternativo a la extracción compulsiva, avalado por la Corte Suprema de Justicia.

La saturación de planteos de los abogados de Clarín, a quienes la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó investigar por representar alternativamente a Ernestina Herrera de Noble y a las víctimas, oscurece por momentos la cuestión de fondo: la sucesión de falacias volcadas en los expedientes de adopción. En el caso de la niña, el 13 de mayo de 1976 la viuda de Noble se presentó ante la jueza Ofelia Hejt con una beba en sus manos, dijo que la había encontrado en una caja en la puerta de su casa de San Isidro y ofreció como testigos a una vecina y al cuidador de la casa de la vecina. En 2001 el hombre declaró que nunca fue cuidador de casas: su trabajo fue como chofer de Roberto Noble y, tras su muerte, de la viuda. El juez Roberto Marquevich constató que la presunta vecina no vivía allí y confirmó en registros oficiales que la viuda nunca vivió en la casa que declaró.

El expediente de adopción de Felipe sostiene que la madre, Carmen Luisa Delta, se lo entregó a la jueza Hejt el 7 de julio de 1976. El mismo día, sin disponer un estudio ambiental ni determinar las circunstancias del nacimiento, la jueza concedió la guarda a la empresaria, viuda y sin hijos desde 1969. Marquevich determinó que la señora Delta nunca existió. El dato falso sobre el domicilio en San Isidro y la omisión del sistema de turnos fueron decisivos para determinar la competencia del tribunal. (Hejt, ya fallecida, es la misma jueza que en abril de 1977, sin disponer medidas para ubicar a su familia y pese a las evidencias de que sus padres habían sido secuestrados por el Ejército, entregó en guarda a Andrés La Blunda, de tres meses, quien recuperó su identidad en 1984.)

Las irregularidades probadas derivaron en 2002 en la detención de Herrera de Noble, decisión que le costó a Marquevich su destitución en un juicio político. Días después de ser liberada, la dueña del grupo económico emitió su primera y única declaración pública sobre el tema: “Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal”, escribió en su diario. Hace un mes la estrategia incluyó por primera vez la exposición de las víctimas, que leyeron en cámara un libreto según el cual “nunca tuvimos ningún indicio concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos”, exactamente lo contrario.