El juez federal Norberto Oyarbide rechazó los planteos de la defensa del espía Ciro James –detenido por el espionaje ilegal– para que se coteje si el agente de la SIDE que declaró esta semana es realmente Hugo Alvarez, el espía señalado por “fuentes macristas” como el autor de la llamada anónima que originó la causa de las escuchas. Al testificar, el hombre negó haber sido quien llamó a la casa de Sergio Burstein, familiar de las Víctimas de AMIA, para avisar que su teléfono estaba intervenido “por el Fino Palacios”, ex jefe de la Policía Metropolitana. Según el magistrado, Alvarez es un testigo e investigarlo sin motivo sería violar sus garantías de debido proceso y defensa en juicio.

La abogada de James, Viviana Corbacho, pedía que le saquen fotos nuevas a Alvarez para compararlas con las imágenes obtenidas de la filmación del locutorio desde donde salió la llamada anónima. También pretendía que le tomaran las huellas dactiloscópicas, le hicieran un estudio de la vista (en la audiencia estaba con anteojos y dijo que tenía astigmatismo) y allanaran su casa. Pese a que Oyarbide rechazó estas medidas, los abogados de Mauricio Macri hicieron, ayer mismo, un reclamo similar, tal como habían anunciado: también pidieron otro peritaje fotográfico y hasta un “estudio interdisciplinario” de la filmación del locutorio, que no es de lo más nítida.

Para Oyarbide, el capítulo sobre Alvarez está terminado: la SIDE confirmó que es un agente de sus filas, pero al declarar bajo juramento el hombre negó haber sido la voz anónima. Clarín había publicado una foto suya la semana pasada, pero un peritaje de la Gendarmería no pudo establecer si era la misma persona que el 22 de septiembre del año pasado discó el número de la casa de Burstein. Si hay dudas sobre la identidad de un testigo que ya declaró, advierten cerca del juzgado, en todo caso se lo debe denunciar por falso testimonio.

Para los investigadores no tiene ninguna injerencia en la causa quién hizo el famoso llamado, porque las escuchas ilegales quedaron totalmente demostradas, con una participación clave de James (que gestionaba y retiraba las grabaciones de la SIDE), Jorge Fino Palacios que supervisaba, dos jueces de Misiones que armaban causas truchas para justificar las pinchaduras y un grupo de policías misioneros. Todo indica que el juzgado investigará quién dio el alerta a Burstein en la medida en que surja algún dato con mediano sustento. La intención del macrismo es involucrar a la SIDE, la Policía Federal y el Gobierno, para demostrar que la investigación estuvo direccionada políticamente.

Burstein es uno de los casos de espiados que se le atribuyen al propio Macri. El otro es su cuñado, Daniel Leonardo. Entre las demás víctimas están el empresario Carlos Avila, dos gerentes de Coto y el abogado Francisco Castex. La semana próxima será decisiva, ya que la Sala I de la Cámara Federal debe definir si hace lugar a la recusación que planteó Macri contra Oyarbide. Para el martes, además, está citado el comisario Osvaldo Chamorro, que sucedió a Palacios al frente de la Metropolitana y era su socio en una consultora de seguridad. Chamorro, igual que el Fino, hablaba muy seguido por teléfono con James –quien no estaba nombrado en la fuerza– y dos videos revelaron que también lo recibía en su oficina.