Desde Gualeguaychú

El auto, un Renault Megane color gris, se achica en el horizonte hasta desaparecer, como el punto blanco en el centro de la pantalla de un televisor viejísimo. La película que acaba de terminar es la de un pueblo que se levantó en contra de una empresa extranjera y, en su lucha, cortó durante tres años y siete meses el paso entre Argentina y Uruguay, influyó en la política medioambiental y exterior de ambos países y, aunque no logró –y difícilmente logre– el objetivo que se había propuesto como máxima, la relocalización o desmantelamiento de la planta UPM ex Botnia, consiguió evitar la instalación de otra pastera y que dos gobiernos se comprometieran a controlar la pastera y el río Uruguay. Lo cual, coinciden muchos vecinos de Gualeguaychú, no es poco.

Ayer, ante apenas algunos centenares de vecinos, se levantó la barrera que cortaba la ruta internacional 163 que une esa ciudad entrerriana con su vecina Fray Bentos, en Uruguay. El bloqueo que se extendió durante más de tres años y medio había comenzado el 20 de noviembre de 2006, más de tres años después de que desatara el conflicto por la instalación inconsulta de industrias pasteras sobre el río Uruguay en la otra margen del río. Los asambleístas decidieron darle sesenta días de plazo a los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y José “Pepe” Mujica para que puedan conciliar un plan de monitoreo ambiental permanente. Según sostienen, ese control “va a demostrar que Botnia contamina”, habilitando nuevas instancias para intentar desmantelarla.

Aquel Megane es el primer coche que atraviesa la línea imaginaria que hasta pocos minutos antes marcaba la barrera. Adentro viaja un matrimonio: Daniel es argentino, Miriam uruguaya. Llegaron al paraje Arroyo Verde poco antes de las doce del mediodía y detuvieron el auto a unos 150 metros de la barrera. Se prestaron a charlar con los cronistas y las cámaras. Recibieron folletería de los ambientalistas y esperaron pacientemente hasta casi las dos menos veinte de la tarde, cuando finalmente pudieron pasar. Detrás de ellos se fue formando una fila que llegó a tener cuarenta vehículos, la mayoría autos y camionetas, pero también motos y hasta bicicletas. En sentido opuesto sólo había unos pocos valientes que cruzaron la frontera a esperar que se abra la ruta 163.

“Las mandarinas no son las mismas que antes, los limones salen manchados, es porque hasta el aire está contaminado”, se lamenta José Moreta, que vive en el Gran Buenos Aires pero tiene “un campito” cerca de Gualeguaychú, donde crecen sus cítricos. Confiesa que es la primera vez que se acerca a Arroyo Verde, pero dice que siempre apoyó la protesta. A su lado, Miguel Piana justifica la decisión que tomó la asamblea de levantar provisoriamente el corte, porque –asegura– rompe con la inmovilidad. “Dar un paso al costado de la ruta es mover las piezas en el tablero de ajedrez. Ahora les toca mover a ellos”, explica. Piana fue el primero en cruzar su auto sobre la ruta, el 4 de octubre de 2003, en lo que fue el primer corte del Puente Internacional San Martín, que se extendió durante una hora y media. “Nunca me imaginé que iba a durar tanto tiempo”, dice. No habla del corte sino del conflicto: los vecinos insisten en que el foco hay que ponerlo en la contaminación y no en la protesta.

Dos minutos antes de la una del mediodía empezó a sonar el himno. Luego se hizo un minuto de silencio por los asambleístas que fallecieron desde que comenzó la lucha. Roberto Marchesini, coordinador de la Asamblea, fue el primer orador de un acto breve. “Los gobiernos tienen la obligación” de respetar el Tratado del Río Uruguay para cuidar el medio ambiente, aseguró, pero también recordó que “cada uno tiene la responsabilidad de controlar al gobierno”. Entre gritos de “Fuera Botnia”, “No a las papeleras” y “Argentina, Argentina”, el asambleísta Miguel Leme leyó la proclama, que exige “monitorear a Botnia por dentro y demostrar que contamina”, critica al fallo de la Corte Internacional de La Haya porque “no tiene el elemento reparador de las sentencias” y advierte: “Permaneceremos vigilantes.”

“Nuestro reclamo inicial e irrenunciable sigue en pie contra el atropello a elementales principios ambientales que no fueron respetados por la Corte de La Haya –resaltaba el texto–. Botnia es ilegal, contamina y debe irse de la cuenca del río Uruguay. Exigimos que actúen en defensa de nuestros derechos.” Una vez que terminó la lectura, se dio por concluido el acto, y la barrera, removida en silencio mientras las cámaras apuntaban hacia otro lado, ya no estaba. Sin embargo, los vecinos no estaban dispuestos a abandonar la ruta tan pronto, y cada auto que pasó durante esa primera hora tenía que avanzar a paso de hombre entre los manifestantes. “Díganles a los uruguayos que las pasteras matan. Si no nos creen a nosotros, quizá les crean a los porteños”, le gritaba una mujer a los autos que iban en dirección a Fray Bentos.

Sobre un par de mesas había planillas donde la gente podía anotar su nombre y documento para hacerse responsable por el corte. Según los organizadores, ya tienen más de 700. “Nuestro problema no es la querella ni la Justicia –le aclaró a Página/12 Marchesini–, es la contaminación.” El coordinador de la Asamblea aseguró que el objetivo es lograr un “monitoreo objetivo, no uno político”. Luego aseguró que “Brasil se tiene que sumar” al control, “pero oportunamente.”

Cuando pasó el primer auto con patente uruguaya, se escucharon algunos murmullos aislados: hay todavía cierto resquemor en algunos vecinos. En realidad –explica Marchesini– el problema es con “los funcionarios uruguayos que violaron el Tratado del Río Uruguay sabiendo lo que estaban haciendo”. Otro histórico, Juan Veronesi, resume: “A los vecinos uruguayos les abrimos los brazos; a los gobernantes no”.