En San Rafael comenzó el juicio contra cinco ex militares, policías y civiles acusados por delitos de lesa humanidad.
Imagen: Télam.

Comenzó ayer, en Mendoza, el primer juicio oral y público contra cinco ex militares, policías y civiles acusados por delitos de lesa humanidad. Tras la lectura de la acusación a los imputados, que duró seis horas y media e incluyó testimonios de sobrevivientes y familiares de desaparecidos, se pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 9, cuando se lea la elevación a juicio que hizo el titular del tribunal federal de San Rafael, Héctor Acosta.

El ex médico de la policía Cristóbal Ruiz Pozo –al igual que Luciano Benjamín Menéndez, que afronta otro juicio en Córdoba– fue separado de la causa, ya que debió ser hospitalizado.

Se estima que el proceso durará al menos cinco meses, dada la cantidad de testigos –casi un centenar– que desfilarán por la sala de audiencias prestada por la Universidad Nacional de Cuyo.

En la primera jornada, se escuchó la calificación del fiscal Dante Vega, que caratuló la causa como “privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas”. Hoy se conocerá la definición que hizo el juez, que se espera que sea similar a la del fiscal. Los imputados son Raúl Alberto Ruiz Soppe, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza; Aníbal Alberto Guevara, ex teniente del Ejército; José Martín Mussere, quien oficiaba de enlace entre la Policía y los mandos militares; Juan Roberto Labarta, integrante del D2 en San Rafael, y Raúl Egea Bernal, abogado de la policía de Mendoza, acusado de falsedad material de instrumento público.

Los represores están acusados por la desaparición de los militantes peronistas Francisco Tripiana, José Guillermo Berón, Pascual Sandoval y Roberto Osorio, cuyos cuerpos nunca aparecieron.

Surge de la causa que el Tercer Cuerpo del Ejército que comandaba Menéndez “controlaba fuerzas propias y ajenas, a la vez que controlaba la prensa y la propaganda consumando un verdadero genocidio”. Según se pudo establecer, los acusados, “bajo órdenes militares cumplidas por la policía, actuaban en grupos de tareas, sometieron a vejámenes e hicieron desaparecer a personas falsificando actas de libertad”.

“Esperamos que los imputados puedan declarar, con la gran esperanza de poder encontrar los cuerpos”, afirmó Mariano Tripiana, hijo de una de las víctimas.

Los testimonios de otros familiares coincidieron en el relato de “tormentos, golpizas y el calvario” que se vivió en San Rafael, tanto en la sede de Infantería local como en la Casa Departamental, donde hoy se constituyen los tribunales provinciales. Antes del inicio de la lectura, uno de los abogados defensores pidió al tribunal que se suspendiera el juicio, pero antes de que diera sus argumentos recibió la negativa y se continuó con el proceso. Por su parte, Héctor Chaves, querellante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, concluyó que “hay pruebas instrumentales suficientes para condenarlos a todos, de ahí viene la desesperación para que no se llegue al juicio”.