Ante los ojos de quienes durante meses se opusieron a la sanción del matrimonio igualitario, los debates en la sociedad, el visto bueno del Congreso y la promulgación presidencial no tienen validez alguna ante “la ley de Dios”. Así lo han enunciado en distintos, aunque pocos (solamente cinco), lugares del país funcionarias y funcionarios que alegan una presunta “objeción de conciencia” para no aplicar una ley civil. Como sucedió durante el largo proceso que culminó con la sanción en la madrugada del jueves 15, la estrategia de los sectores integristas es insinuar y nunca decir. Jueces de paz, funcionarios del Registro Civil y hasta un gobernador han echado mantos de sospecha para no revelar que tras el reparo se agazapa el juicio moral, en una estrategia que se sirve de recurrir al discurso del Estado de derecho y las minorías para disimular el peso del prejuicio y las presiones eclesiásticas. Tal como pasó cuando la ley era proyecto y transitaba por las cámaras del Congreso, el rechazo a la igualdad tiene un perfil bien definido, tanto que algunas caras y palabras resultan conocidas y previsibles. Como sea, las acciones legales contra esos ejercicios de discriminación y supuestas rebeldías civiles están al caer, confirmó a este diario la presidenta de la Federación Argentina LGBT (Falgbt), María Rachid: en los casos ya conocidos, “vamos a presentar denuncias penales por apología del delito, y reclamos civiles a favor de los damnificados en caso de que nieguen turnos a las parejas, y reclamos por daños y perjuicios”.

María Rachid reconoce que, al empezar a trabajar para lograr un matrimonio inclusivo, la Falgbt estudió lo sucedido en otros países. “Por eso sabíamos que, luego de la aprobación, quienes se oponen tienen dos estrategias. Una es hacer presentaciones de inconstitucionalidad, que dijeron que van a presentarlas, aunque saben que no tienen muchas posibilidades de que eso prospere. De hecho, ya trascendió que de seis de los jueces de la Corte Suprema ya firmaron a favor del amparo presentado por Claudia (Castrosín Verdú) y por mí. La otra estrategia que usaron es la de apelar a las objeciones de conciencia o llamar a la desobediencia civil. Pero en otros países, así como se inició, esa estrategia se terminó inmediatamente cuando esos funcionarios fueron sancionados. En España, cuando uno de los jueces fue multado, en euros, se terminaron esas objeciones.”

–Aun cuando preveían reacciones de este tipo, ¿se sorprendieron?

–En realidad, en otros países hubo más. Pero tal vez la diferencia no tenga que ver con esa gente, sino con que acá la ley es muy clara sobre el tema y los funcionarios públicos se arriesgan a sanciones importantes. Hay que ver si alguno de los que salieron a hacer declaraciones cumple con lo que dijo. Decir que se oponen no implica nada.

–¿Es posible iniciar acciones legales contra quienes estos días anunciaron que se negarán a aplicar la ley?

–El Código Penal es claro. Hay dos artículos que aplican. El 248 refiere el abuso de autoridad: un funcionario público que no cumple con la ley que le incumbe de manera directa incurre en eso. El otro es el 249, de omisión de deberes de funcionario público. La sanción en casos de apología del delito implica prisión; la primera vez es excarcelable, si hay reincidencia el beneficio puede perderse.

–En el caso de Mendoza, el relevamiento de posibles objetores de conciencia que pidió Celso Jaque indicó que ninguno de los 108 funcionarios provinciales encargados de casamientos se niega a aplicar la ley. Jaque no volvió a mencionar el tema en público. ¿Qué pasará en ese caso?

–El Inadi de Mendoza envió una carta al gobernador pidiendo que ratifique o rectifique lo que declaró, porque de ser así cabe una denuncia por apología del delito. A principios de esta semana deberíamos tener una respuesta. De todas maneras, no puede sorprender a nadie que Jaque haya dicho eso. Ya ha hecho declaraciones discriminatorias y antidemocráticas en varias oportunidades, como cuando habló de impulsar la castración química y el registro público de violadores y debió retractarse a las dos semanas. Suele salir con exabruptos antidemocráticos y discriminadores.

–¿Qué podría suceder en el futuro cercano?

–Estamos convencidos de que, como en otros países, con el primer funcionario sancionado el recurso de hablar de objeciones se va a terminar. Sabemos que en todas las jurisdicciones va a haber funcionarios que casen a las parejas, ése no es el problema, pero sí vamos a buscar a los que no quieran cumplir con la ley. Es una actitud antidemocrática. Pueden estar de acuerdo o no, pero deben respetar la ley votada por el Congreso nacional. No es que uno no cumple la ley cuando no está de acuerdo.

Mártires ante el mal

“Aunque me cueste la vida”, declamó dramáticamente la jueza de Paz pampeana Marta Covella a poco más de un día de sancionada la ley, cuando se encargó de comunicar su disgusto al periodismo de su provincia. Por “cristiana evangélica”, dijo, no podía acordar con una ley capaz de regularizar “una relación entre homosexuales (que) es una cosa mala delante de los ojos de Dios”. La funcionaria del Estado agregó: “Me crié leyendo la Biblia y sé lo que Dios piensa (sic). Dios ama a toda la gente pero no aprueba las cosas malas que hace la gente”. Por ser “contrario a la ley de Dios”, el matrimonio igualitario no contará con su aquiescencia. Para esquivar posibles recriminaciones y sanciones, agregó que de todas maneras pondría “a disposición todo lo que esté a nuestro alcance” para que las parejas puedan casarse: “Alguien va a casar a esas parejas, si se presentan los pedidos, pero no seré yo”. La diputada Elisa Carrió respaldó la postura de Covella: “Tendría que existir esta supuesta objeción de conciencia, porque no habría que confrontar”.

Sólo unos días después, la encargada de una delegación sanjuanina del Registro Civil explicó a la prensa qué le indicaba su “formación religiosa”, puesta a trabajar como funcionaria. Autodefinida “defensora de la familia”, la encargada del registro en el Barrio Los Pinos (Chimbas), Angela de Herrero, afirmó que con la sanción del matrimonio igualitario “se nos ha complicado el trabajo”, por la tensión entre el imperio de la ley y el peso de los deseos personales. Su decisión, dijo, era no casar a parejas integradas por personas del mismo sexo, aunque sabe que por ello “podría recibir sanciones”. La señora lleva 37 años trabajados en el registro civil; 25 de ellos en Chimbas.

La rebeldía ante lo “contrario a la ley de Dios” se esgrimió en otro pueblo de La Pampa, Eduardo Castex. Allí, la jueza de Paz Telvi Ali Tás, en cumplimiento de una suplencia, dijo que no sabría qué hacer si su trabajo la impelía a casar a una pareja de varones o mujeres. “La verdad es que lo tendría que pensar muy bien, porque no lo acepto. Si me tocara hacerlo, me pondrían entre la espada y la pared. Me parece que lo pensaría muy bien” porque “va contra mis principios”, declaró a un diario. Y agregó que “esto (el matrimonio igualitario) va contra lo natural”, y que “nadie va a cambiar mi pensamiento”.

Clara como resulta, la línea argumentativa presupone que violencia es aplicar la ley civil de un Estado laico, en lugar de permitir que prime la perspectiva confesional. En nombre de la caridad cristiana, quienes no acuerdan con lo sancionado se proclaman víctimas de un orden social ajeno.

La rebelión de las conciencias

“La ley de matrimonio que aprobó el Congreso no incluye la posibilidad de la objeción de conciencia, pero al margen de eso, está en el orden jurídico la objeción de conciencia”, declaró el director del registro civil de Concordia, Alberto Arias. Funcionario público y “abogado canónico” que representa, entre otros, los intereses de la catedral de Concordia y las Carmelitas Descalzas (según él mismo ha contado), Arias conoció una efímera notoriedad días atrás al replicar que no casaría a una pareja de varones, pero sí a Alfredo Astiz (solamente con una mujer). “¿Por qué no lo voy a casar al pobre hombre? Si no, no se puede rezar más el Padrenuestro, si no perdonamos no podemos. ¿Hasta cuándo vamos a estar acusando?” El mismo abogado retomó argumentos sostenidos por jerarcas de la Iglesia Católicas: ampliar el matrimonio civil fue “un error” porque constituye “una especie de igualitarismo que no corresponde”. El “nuevo orden jurídico se va a respetar (...) se van a celebrar esos matrimonios. Pero no hay que obligar a nadie a celebrarlos”.

Esa misma lógica respaldó las intervenciones de Celso Jaque cuando encargó la confección de un registro de funcionarios que adujeran objeción de conciencia . Desde Misiones, el director del Registro Civil César Yaya, anunció que, aunque la provincia estaba lista para implementar la ley, su gestión procuraba no “incomodar”. “Tengo que cumplir con la ley en primer lugar –advirtió–, aunque voy a considerar a quienes tenga objeción de conciencia. Tampoco la idea es ponerlos en una situación incomoda, pero seguro que lo celebraremos con otra persona.”

De quienes se oponían la ley, sólo el senador Adolfo Bermejo parece recordar las disposiciones institucionales. “En la ley que fue promulgada –dijo–, ningún artículo hace mención a la objeción de conciencia. Sí lo tenía el proyecto de unión civil(N de la R.: precisamente ese artículo motivó un dictamen del Inadi en su contra, por inconstitucional) pero no en ésta finalmente.”