La foto del almuerzo que juntó a la cúpula de las dos asociaciones de industriales y empresarios.

Las definiciones vertidas durante el encuentro que mantuvieron algunas de las principales entidades empresarias acerca de la seguridad jurídica en el país generaron ayer duras respuestas de parte de funcionarios, economistas y representantes de las pymes. Los titulares de la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) y de la Unión Industrial (UIA), junto con el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, aludieron a una falta de condiciones para invertir, a pesar de estar gestionando líneas de apoyo crediticio y fiscal del Gobierno. Hubo también directivos de estas entidades que buscaron bajarle el tono a la discusión, aduciendo que no se trató de un reclamo ni de una crítica. “Esto no es una cuestión electoral, sino una lucha de poder, que no puede quedar en mano de las corporaciones”, dijo el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. “Esa foto es un mensaje mafioso. Quiere decir: ‘Si me caigo, se caen conmigo, y si me salvo, nos salvamos todos”, opinó el canciller Héctor Timerman.

A pesar del tono ambiguo con el que se habían manifestado públicamente a través de un comunicado conjunto, los empresarios dejaron entrever una supuesta preocupación por las condiciones para invertir. “Hubo coincidencia completa en que un marco institucional republicano sólido, la seguridad jurídica, reglas de juego estables y previsibles y el pleno respeto por la actividad privada son condiciones indispensables para un desarrollo sostenido y continuado”, señalaba el texto difundido. Entre las firmas se encontraban directivos de Bagó, Ledesma, Fiat, Arcor y la empresa plástica propiedad de Héctor Méndez, todas éstas con pedidos hacia el Gobierno de apoyo a sus actividades. En tanto, el Ministerio de Industria anunció que la inversión este año rondará el 23 por ciento del producto interno bruto, el nivel más alto de la última década.

La reunión empresaria derivó en una inmediata respuesta del oficialismo. Rossi condenó el encuentro convocado por Magnetto. “Si se tomasen decisiones corporativas, no se hubieran estatizado las AFJP, no hubiera sido sancionada la ley de medios, ni las retenciones ni el tratamiento del aumento del salario mínimo”, expresó el jefe del bloque de diputados.

Sobre ese último punto y retomando la crítica empresaria sobre la falta de reglas claras en el país, el economista Aldo Ferrer expresó que “en conflictos como la 125, las AFJP o el casamiento civil se ha procesado siempre conforme a las reglas de la Constitución, y ésa es la primera condición para que haya seguridad jurídica”. “Realmente hoy tenemos mucha más seguridad jurídica que en la década del ’90”, insistió Ferrer.

Ferrer también apuntó contra los sectores concentrados empresarios. “Hay ciertos sectores del empresariado, incluyendo empresas muy buenas, con mucha gente que actúa bien como empresario y piensa mal porque está arraigado a paradigmas teóricos retrógrados que no tienen nada que ver con el interés y el bien del país”, expresó. “En los ’90 y en tiempos de la dictadura, empresarios industriales apoyaron la política que nos estaba destruyendo y ahora cuestionan la seguridad jurídica en el marco de un juego político”, agregó.

Algunos de los firmantes del documento conjunto entre AEA y UIA buscaron bajar el tono a los trascendidos. El vicepresidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, descartó cualquier “mirada conspirativa” y aseguró que “el empresariado tiene plena conciencia de su rol en la sociedad”. “Hay un escenario de expectativa que se abre en el campo internacional que genera optimismo, pero también el desafío de cómo aprovechar esta oportunidad. La inversión es fundamental y para ello la seguridad jurídica”, reiteró, nuevamente sin precisar si existen o no esas condiciones en el país.

El titular de Fiat, Cristiano Ratazzi, sumó, como es habitual, confusión con sus dichos. “No fue reclamo, queja, ni crítica. No es nada opositor. Por el contrario, el Gobierno tendría que celebrarlo”, manifestó el directivo de la automotriz. El presidente de la firma italiana, que confirmó una inversión de 300 millones de pesos en el país, argumentó la postura en que “los empresarios están totalmente de acuerdo y en favor del mantenimiento de la actividad privada y de respeto por las instituciones y las leyes”.

Quienes también salieron al cruce fueron los representantes pyme. Desde el Regional Buenos Aires de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) expresaron, mediante un comunicado, que “la verdadera libertad jurídica para invertir es la que permite salvaguardar el objetivo de generar empleo y apuntalar el sistema productivo nacional”. “Consideramos que las políticas que se están llevando a cabo favorecen el modelo de país productivo, con inclusión social, y brindan un marco de seguridad jurídica a los empresarios que producen y viven para el país”, concluye el texto de la Apyme.