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El miércoles 29 de septiembre, la Cámara de Senadores aprobó un dictamen de minoría convirtiéndolo en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los Glaciares y la Zona Periglaciar, que había sido aprobada anteriormente en Diputados (lo que se conoce como acuerdo Bonasso-Filmus). Para que tengamos claro: se aprobó la ley por la que se movilizó y manifestó en contra todo el lobby provincial minero del país. Estaban en juego intereses de empresas como la Barrick Gold y sus emprendimientos sanjuaninos, por ejemplo.

La sesión de la Cámara fue la culminación de un trabajo político llevado a cabo por muchos actores a la vez: legisladores, sus asesores, científicos, intelectuales, periodistas, organizaciones ambientalistas, referentes de asambleas de pueblos cordilleranos que “bajaron” a la esquiva ciudad; todos trabajando sin sectarismos infértiles, porque se trataba de una causa política muy importante: la protección y responsabilidad sobre los recursos naturales o bienes comunes del conjunto social. Los discursos de quienes la aprobaron demostraron reflexión sobre cuestiones que hacen a nuestra reproducción material y simbólica de la vida –el agua como derecho humano, el compromiso intergeneracional, etc.–, el sector que rechazó esta ley buscó elementos en un supuesto mancillado federalismo o en cuestiones de formas.

No obstante, las “condiciones objetivas”, como diría el sentido común social, eran absolutamente negativas. El oficialismo y la oposición estaban divididos internamente y para muchos senadores era complicado comprender las diferencias importantes entre las dos leyes. Pero sobre todo hubo un lobby minero provincial que le sacaba el optimismo a cualquiera. Se dieron el lujo de, por ejemplo, levantarse e irse de una audiencia pública cuando habló el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Ostentaron poder, y lo tienen. En otras circunstancias, esas “condiciones objetivas” hubiesen actuado como una trampa desmoralizante de la voluntad y la capacidad instituyente de quienes trabajaban por el agua y los bienes comunes. Boaventura de Sousa Santos dice que, a diferencia de las sociedades orientales, nosotros menospreciamos la voluntad; despreciamos ese dispositivo que permite a los ciudadanos, por momentos, convertirse en autores de sus vidas sociales, de la expansión de sus derechos y de la intervención en las cuestiones cruciales de la sociedad donde viven.

Los últimos tiempos hemos honrado la democracia, hemos expandido derechos; el derecho al matrimonio igualitario; el derecho a la voz pública con la ley de medios y, con esta última, el derecho al agua que es la vida; es probable, además, que hayamos logrado acercarnos al derecho a intervenir cuando los bienes comunes están en peligro de devastación y hacer comprender que son de todos y no de los gobernadores. Las “condiciones objetivas” nos hacen coloniales y menos libres, la voluntad de intervenir es una opción de-colonial y emancipatoria. En todas estas leyes, la sociedad civil fue muy activa y, por otro lado, el apoyo legislativo cruzó transversalmente partidos políticos, bloques, etcétera.

Y tal vez la posibilidad de generar “otra democracia”, esa que vale la pena honrar diariamente, vaya por carriles donde se formen redes entre espacios institucionales diversos, las activas organizaciones y movimientos de nuestra sociedad, universitarios responsables, científicos conscientes, periodistas y religiosos comprometidos y muchos artistas que saben captar las cosas importantes de la vida. Todo esto fue lo que circuló por los debates sobre estas leyes de expansión de derechos de este siglo XXI.

* Socióloga. Instituto Gino Germani.