La militancia cannábica tiene su proyecto de ley. Fue presentado a última hora del viernes pasado en el Congreso por las diputadas Victoria Donda y Cecilia Merchán, de Libres del Sur, quienes lo vienen elaborando hace un año. Además de considerar que penar la tenencia de drogas para uso personal es “inconstitucional”, como señalaron un fallo de la Corte Suprema de la Nación y el propio jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, elimina la figura de “tenencia simple” que castiga la sola posesión de una droga ilegal, baja el monto de las condenas a “las mulas” y permite las semillas para autocultivo de marihuana.

“Con esta ley, nunca más van a poder meter preso a un perejil y la policía tendrá que perseguir directamente al narcotráfico”, aseguró ayer Luis Osler, abogado de la revista de la cultura cannábica THC y uno de los asesores de las diputadas.

El primero de los diez artículos del proyecto 7258, que pretende modificar la ley 23.737, deroga la penalización de quien “siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes o materias primas o elementos destinados a su producción o fabricación”. El artículo siguiente es un ligero cambio en el inciso D del artículo 5 de la actual ley. Mantiene la pena de cuatro a quince años para el que “comercie con plantas utilizables para producir estupefacientes, o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte”, pero excluye a quien venda semillas.

Estas dos reformas son reclamos repetidos cada primer sábado de mayo del año, cuando miles de activistas y cultivadores de marihuana para uso personal hacen la Marcha Mundial de la Marihuana. Otro de los reclamos es el fin de la “medida de seguridad curativa por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación”, como indica la ley de drogas. Por este mecanismo legal, miles de usuarios se declaran “adictos” para no ser condenados por tenencia para consumo personal. “Creemos que la ley penal no puede regular tratamientos de salud y menos aún utilizarlos como una pena encubierta”, dice en los fundamentos del proyecto para derogar todas las “medidas curativas”.

Para el tráfico de drogas en escasa cantidad, por el que suelen ser acusadas las mulas, el proyecto prevé disminuir el mínimo de la pena de tres a dos años (el máximo sigue siendo 12), haciéndolo un delito excarcelable. “Esto redunda en un trato más humano para quienes son también víctimas del narcotráfico y que, por lo general, pertenecen a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, informan las diputadas en los fundamentos. Además, se permite “la hoja de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión” en todo el país, y no sólo algunas provincias del norte.

Pero la parte crucial, y donde reside la gran diferencia con otros proyectos similares (ver aparte), es la propuesta de eliminar todo el artículo 14, que pena de uno a seis años la tenencia simple y de un mes a dos años la tenencia para uso personal. “Sin esto no habrá despenalización alguna y los usuarios seguirán criminalizados y sometidos a un proceso penal para demostrar su inocencia”, alerta el proyecto. Acto seguido se citan las cifras del Poder Judicial de los últimos diez años: el 70 por ciento del total de las causas son por tenencia para uso personal, entre el 20 y el 25, por tenencia simple y sólo el 5, por comercialización.

“Si se saca la tenencia simple, la policía, los jueces y los fiscales van a tener que hacer inteligencia previa, escuchas telefónicas, encontrar a alguien comprando o transportando una sustancia ilegal. No va a bastar, como pasa ahora, que con tener una foto de diez plantas le allanen la casa a un pibe que cultiva, llamen al noticiero y armen un circo”, dijo el abogado Luis Osler, quien discutió cada una de sus propuestas con las autoras del proyecto. “Con esta nueva legislación, la policía sólo va a agarrar narcos o algo parecido, nunca a un usuario”, agregó.

Para el diputado radical Ricardo Gil Lavedra, coautor junto a Ricardo Alfonsín de un proyecto de despenalización presentado en agosto pasado, derogar la tenencia simple es algo discutible. “En principio, nosotros creemos que hay que mantener la figura de la tenencia simple, porque ella nos permite captar muchas situaciones relacionadas con el tráfico ilegal de estupefacientes distintas al consumo –aseguró a este diario–. Para condenar a una persona por tenencia simple de estupefacientes, un juez debe tener la certeza absoluta de que estaba destinada a un fin ilegal. Y además optamos por reducir sensiblemente la pena aplicable a este delito.”

Sin embargo, para la diputada Cecilia Merchán tanto la tenencia para consumo personal como la tenencia simple son “la base estructural mediante la cual la actual ley de drogas criminaliza sistemáticamente a los usuarios, ya que los obliga a demostrar su inocencia una vez sometidos al proceso legal”. Por su parte, la diputada Donda aseguró ayer que a más de 20 años de la sanción de la ley actual “el narcotráfico no disminuyó ni fue combatido eficazmente, al contrario, esta actividad criminal aumenta día a día, por eso creemos que la solución no es seguir criminalizando al simple usuario, porque así se siguen mal gastando esfuerzos y recursos cuando realmente los debemos emplear en el combate con el narcotráfico”. A pedido de Página/12, Mónica Cuñarro, titular de la Comisión Coordinadora de Políticas Públicas de Drogas, evaluó el proyecto. “Me parece que es el techo de la discusión”, dijo. Para esta fiscal, que viene estudiando e impulsando a través de proyectos de ley “el cambio de paradigma” anunciado por Aníbal Fernández, es muy positivo tanto este proyecto como los presentados por los diputados y diputadas como Diana Conti, Vilma Ibarra, Fabián Peralta, Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín.

“Todas estas iniciativas tienen en común que cumplen con lo que pide la Corte Suprema en los fallos Arriola, Tuffano y Valdiviesa en cuanto a no criminalizar a usuarios y adictos –advirtió–. Y también cumplen con los compromisos internacionales firmados por Argentina. Algunos son más integrales, otros llevan la no criminalización casi hasta la legalización. Lo más importante es consensuar los proyectos y tratarlos en el Congreso.”