Los pequeños productores rurales que están en situación vulnerable en relación con la tenencia de la tierra, con riesgo de ser desalojados, ascienden a casi 30.000. Estos son datos que corresponden tanto al Gobierno como a la Federación Agraria. Frente a este contexto, el titular del Ministerio de Agricultura, Julián Domínguez, está analizando junto a un equipo de trabajo interdisciplinario un nuevo marco regulatorio para los contratos rurales, así como también un proyecto de ley para regularizar la situación dominial de miles de campesinos. El objetivo del Ejecutivo es lograr un proyecto consensuado entre los diferentes bloques parlamentarios. En este sentido, Proyecto Sur, el socialismo y algunos diputados del radicalismo, como Ulises Forte y Pablo Orsolini, también dirigentes de la Federación Agraria, presentaron iniciativas que apuntan al mismo objetivo.

“Nos consideramos dueños porque nos hemos comportado como tales, hemos cuidado la tierra, el monte, nuestros animales, hemos enterrado a nuestros seres queridos en ella y, sin embargo, existiendo constancia de ello en los expedientes judiciales, no somos escuchados”, manifestaron los campesinos de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño, en una carta enviada a los dirigentes de la FAA. La situación de vulnerabilidad de los productores familiares es un tema que atraviesa vastas zonas del país, abarcando Salta, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Río Negro. Y la lista continúa.

Durante el primer semestre de este año, en Salta se realizaron al menos ocho desalojos, de los cuales cuatro fueron dictados por la jueza Ana María de Feudis. La misma letrada entiende en otra causa iniciada por Gianfranco Macri, hermano del jefe de Gobierno porteño, en la que demanda el desalojo de cinco familias. Los campesinos salteños le acercaron al representante del Grupo Macri, Miguel Sosa, una propuesta de negociación donde las cinco familias están dispuestas a ceder parte de las hectáreas que ocuparon por generaciones, a cambio de que se les reconozca el derecho de posesión sobre el resto. Hasta el momento no hubo respuesta del Grupo Macri. Incluso habrían aumentado la cantidad de juicios de desalojos iniciados, según la denuncia de los productores del Chaco salteño.

“Lo que necesitamos es una ley que frene los desalojos para después ocuparnos de regularizar la tenencia de la tierra. Debemos encontrar una solución integral a este conflicto”, manifestó a Página/12 Raúl Marinconz, de la Asamblea de Productores del Chaco Salteño, quien ya solicitó una audiencia con el titular del bloque oficialista en Diputados, Agustín Rossi, para reclamar que se atienda el tema.

En el Gobierno ya tomaron nota, por eso no sólo están analizando –aunque de manera lenta– la situación de los contratos rurales (una nueva ley de arrendamiento), sino también la posesión de la tierra. “Queremos que los pequeños productores sean propietarios. Estamos trabajando con un equipo multidisciplinario para sancionar un nuevo marco regulatorio que contemple la situación de 30.000 criollos y más de 200.000 familias”, indicaron a este diario desde el Poder Ejecutivo.

Tanto los campesinos de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño como la Federación Agraria y algunos diputados del centroizquierda están proponiendo un marco legal para declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras y frenar los desalojos por cinco años. La iniciativa del diputado Jorge Cardelli (Proyecto Sur) también propone la creación de un Programa de Regularización Dominial, con un Fondo de 50 millones de pesos que se asignarían a cinco ejercicios presupuestarios consecutivos (10 millones para cada uno).

“El tema de los desalojos es central para la cuestión agropecuaria. A fin de este mes haremos una audiencia pública para presentar nuestro apoyo a las iniciativas legislativas que se están analizando”, indicó a este diario Omar Príncipe, secretario gremial de FAA.