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Si al tiempo le pido tiempo
no me lo niega jamás.
Es mío para los otros,
en caso de necesidad.
María Elena Walsh,
“Para los demás”

La arena de los ciclos es la misma.
Yo me desangro, no el cristal. El rito
de decantar la arena es infinito
y con la arena se nos va la vida...
Jorge Luis Borges,
“El reloj de arena”

La Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Estado y confirmó la suspensión del plazo del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) respecto del Grupo Clarín. Queda latente el término en el que el multimedios deberá adecuar su número de licencias a las nuevas exigencias legales, mientras se sustancia el fondo del juicio de fondo. De eso trataba el pleito, que no abarcaba otros aspectos. Prevaleció la postura de la accionante, Clarín.

El plazo de vigencia de la cautelar, estipuló la mayoría de la Corte, debe ser “razonable”, criterio genérico cuya traducción real debe ser pedida, pleiteada y zanjada en las otras dos instancias.

Una cláusula central de la ley queda en suspenso, respecto del principal jugador dentro del sistema actual. Hay algo de futurismo en vaticinar cuál será ese plazo, que es una de las medidas de la razonabilidad del fallo. El cronista cree que será demasiado prolongado, implicando el equivalente a una sentencia. El tiempo dirá.

Las repercusiones de la sentencia sorprendieron, en especial la reacción serena y en parte elogiosa del oficialismo. La Corte facilitó el portento porque el voto de su mayoría incluyó una restricción temporal (muy imprecisa, ya se dijo) y algunas afirmaciones sobreabundantes que endulzaron el núcleo de la decisión.

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La lectura de los otros: El cronista escucha a un juez Supremo, satisfecho y con los primeros “rebotes” de la sentencia. El escriba conserva su escepticismo, lo transmite. “El fallo –replica Su Señoría– confirma la vigencia de la ley de medios, es una política de Estado. La promueve el Ejecutivo, la legisla el Congreso, la Corte la convalida.” El escriba menea la cabeza: la Corte no podía negar la vigencia de la ley ni abordar su constitucionalidad porque no están en cuestión en el recurso. Sus afirmaciones son redundantes. El cortesano insiste, con un argumento de autoridad: “En el Gobierno piensan diferente a usted”. Bueno.

El cronista conversa con un importante integrante del Gabinete, que no es abogado, algún día después. “Nos fue mejor que lo que esperábamos. Se ratificó la plena vigencia de la ley. ¿No vio que la tapa de Clarín puso en primer término otro tema, la inseguridad? Si les hubiera sido favorable, ésa hubiera sido la tapa.”

La semiótica sobre el discurso de los otros es básica en la política, pero a veces induce a excesos. La alegría del oficialismo puede ser una táctica para distender los excesivos choques que tuvo con la Corte o para minimizar la derrota. O bien expresar el alivio porque se esperaba una resolución peor: el rechazo sin ambages. Tal vez, la Casa Rosada prefirió, a su modo, prodigar un gesto a los jueces que se movieron para matizar el rechazo playo, que iba siendo mayoritario. Puede haber una señal de apaciguamiento hacia la Corte, que algo cambió. O a Eugenio Raúl Zaffaroni, quien mucho bregó, como se pasa a contar.

Hay versiones divergentes sobre ese aspecto en el cuarto piso del sombrío Palacio de Tribunales. Algunas aducen que el voto ganador fue esbozado por el presidente Ricardo Lorenzetti, corregido en sucesivas rondas con sus colegas. Otras expresan que Eugenio Raúl Zaffaroni arrancó en minoría de uno contra “la plancha” (el rechazo procesal sin argumentación) que finalmente eligieron sólo Carmen Argibay y Enrique Petracchi. Como Henry Fonda, haciendo de jurado en la película Doce hombres en pugna, Zaffaroni consiguió una sentencia algo más equilibrada convenciendo a sus pares de a uno. Ambas versiones tienen emisores calificados, el cronista le da crédito a la segunda. En la Casa Rosada se piensa igual. El cronista, como es regla en estos tiempos, sigue con interés los titulares de otros medios, del que no es editor. Pero no siempre conoce sus motivos. Si le cabe advertir que La Nación, cuya línea ideológica y pragmática es idéntica a la de Clarín en este y otros tópicos, sí festejó a plena tapa el fallo. Y comentar que es curiosa la forma en que, a veces, divide tareas el tándem de los dos diarios que son vanguardia de la oposición y comparten intereses tangibles en Papel Prensa y Expoagro. Por ejemplo, cuando el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, convocó a cenar a presidenciables del espacio PRO-peronismo federal, su diario guardó silencio. A su vez, La Nación informaba con detalle el encuentro. En esta semana, La Nación transcribió en su totalidad un reportaje propalado por la señal TN a Isidoro Graiver, en el que éste hablaba de la venta de las acciones de Papel Prensa. Entre varias inexactitudes flagrantes, describió a Magnetto como un personaje de segundo nivel en esos sucedidos. Era, en buena medida, un testimonio de descargo que La Nación abordó con gran despliegue mientras Clarín le asignaba un espacio sensiblemente más reducido.

Los actores involucrados pueden tener variadas razones para describir el fallo a su guisa. Ninguna basta para afectar las consecuencias.

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Según pasen los años: El tiempo para “desinvertir” es un eje central de la demanda de Clarín. Si se consigue “de facto” postergarlo, la supuesta medida cautelar es una sentencia encubierta, un simulacro. Tal el parecer del cronista, que encuentra sustento en una argumentación de nivel superior al suyo: la de Julio Maier, que se sintetiza en recuadro aparte.

¿Cuál será el “plazo razonable” de duración de la cautelar? La Corte pudo establecerla, a falta de consenso (o de voluntad) lo delegó en el juez de primera instancia Daniel Petrone. El procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, se prepara a reclamar su fijación, deberá sacarle punta al procesador de textos.

Abundan las especulaciones. La periodista Irina Hauser contó en este diario que dos jueces de la Corte, a ojímetro, pensaron en dos años. En un comentario al blog Saber derecho, “Hernán” hizo un largo comentario desagregando los trámites necesarios y ponderando sus tiempos, siempre relativos: midió entre 18 meses y dos años. Cualquiera que haya fatigado los tribunales sabe que quien desea demorar, corre con ventaja. Acceder a la Justicia por vía de un pleito es muy inusual; ganar tiempo, bastante sencillo.

Un detalle, poco mentado, es que Petrone sólo puede expedirse sobre el tiempo que durará la primera instancia, que depende de él. No tiene competencia, ni imperio, para disponer sobre lo que haga (o tarde) la Cámara, que añadirá largos meses, por la parte baja.

Otro detalle, nada menor: si la sentencia de Petrone favorece a Clarín, éste puede pedir otra cautelar. Con un fallo a favor aunque estuviera recurrido, la cautelar procede de modo automático. Es lógico: hay un consistente dato a favor de la credibilidad del derecho invocado.

Si al tiempo le piden tiempo...

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Incentivo o desaliento: Es enorme el activismo litigante contra la LdSCA. Una pregunta del millón es si la sentencia Clarín lo incentiva o llama a la reflexión a abogados hiperquinéticos o temerarios. Cuando se frenó la irresponsable demanda del diputado Enrique Thomas, el mensaje fue claro, un sosegate. Debió ser mayor imponiendo una severa multa al litigante “temerario”, aquel que actúa sin derecho a sabiendas. De cualquier modo, hubo un reproche contundente. Esta vez, la decisión minimalista puede ser un incentivo al litigio aventurero: la Corte intervendrá, ma non troppo.

El incentivo es casi superfluo, la hipocondría jurídica cunde. Un juez de Santiago del Estero suspende 16 artículos de la ley de medios, de un plumazo. Sus fundamentos son pobres de toda solemnidad. O mejor dicho, no existen. Otra pseudo sentencia, de nula entidad jurídica y dudosa raíz ética.

Del devenir de las “cautelares fáciles” depende el despliegue de los restantes artículos de la ley, allende el 161. Hay muchas disposiciones que, de plasmarse, enriquecerían el espectro audiovisual, habilitarían nuevas frecuencias y voces, impulsarían la producción de contenidos locales y nacionales. Todas atenuarían el peso de las posiciones dominantes, todas están a tiro de “cautelar fácil”. Nuevamente, las predicciones son relativas y los hechos determinantes. Habrá que esperar y ver.

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Cavilaciones suecas: No entiendo nada, ni siquiera si el fallo fue unánime. ¿Me lo puede confirmar, clara y rápidamente, profesor? Hasta que no lo haga, le suspendo la remesa de viáticos. El decano de la Facultad de Sociales de Estocolmo fustiga por correo electrónico a su ex protegido, el politólogo sueco que hace su tesis de posgrado sobre Argentina. El discípulo cada vez trabaja menos. Vive enfrascado en sus sufrimientos con la campaña de Boca y en sus escarceos con la colorada progre, que ahora es cristinista y que le exige matrimonio.

El politólogo necesita los viáticos, quiere llevarla a El Calafate, para contenerla, complacerla, disuadirla. Así que responde de un tirón: “No es sencillo, profesor. Necesito consultar a varios especialistas en derecho”. Jugado por jugado, pide una partida especial para conseguir los sesudos dictámenes.

Nuestro sueco es taimado, pero sus reservas son razonables. Hasta la misma Corte basculó en su opinión. Su encomiable sitio informático, el Centro de Información Judicial (CIJ), consignó primero que la sentencia era unánime, luego borró esa precisión.

En realidad, el núcleo decidido fue unánime. Si eso vale para toda la sentencia depende de cómo se interpreten los agregados del voto de mayoría. A quienes quieren embellecerlo, les conviene enaltecer las diferencias. Algún Supremo, en la intimidad, susurra que esa decisión hubiera sido poco feliz, diferenciándose de sus compañeros de cuerpo.

Para el cronista, no hubo unanimidad sino dos posiciones. La peor entre las disponibles y la mayoritaria, que evitó una sentencia penosa, quedando lejos del óptimo.

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Un poco de cortesía: Allende las motivaciones, es saludable que el oficialismo suavice el discurso respecto de la Corte Suprema. Lo cortés no debe quitar lo valiente y gratifica cuando las polémicas parten de un piso de respeto.

Los integrantes de esta Corte son muy superiores a la media de los jueces argentinos en versación, honestidad y consistencia ideológica. También en su afán de reparar desaguisados de la dictadura y de las políticas económicas y sociales noventistas.

Otro de sus blasones es el prurito de mostrarse independientes de todas las partes (y no sólo frente al Estado) que primó aun en esta ocasión.

Es valioso y también lógico que los Supremos estén entre los magistrados de mayores condiciones. No siempre ocurrió, por decirlo con un eufemismo. Se trata de un avance epocal, digno de encomio y de aliento.

Pero es preocupante la sideral distancia entre los cortesanos y la masa media del Poder Judicial, que se ubica muy por abajo, bastante a su derecha y mucho más cerca de los poderes fácticos.

El abismo se acentúa por la configuración constitucional del Poder Judicial. No es piramidal, en sustancia. La jurisprudencia de la Corte, como regla casi absoluta, no es imperativa para los tribunales inferiores, hecho notorio en el cotidiano. Cuando la Corte, Lorenzetti muy especialmente, repite lugares comunes gratos al establishment (seguridad jurídica o defensa de la propiedad privada) el clamor aprobatorio es mayoritario, con dignas excepciones. Cuando la Corte sugiere la difusión por medios audiovisuales y la aceleración de los juicios sobre terrorismo de Estado, sus mandas son desacatadas con fervor, en demasiados estrados.

Hay un vaivén, dialéctico, entre ser cabeza de un poder del Estado con ideas frescas, reparadoras, y representar a una corporación cerril. La Corte trajina en esa contradicción. En estos días dictó un fallo, “Szelagowski, Ricardo c/Estado nacional” ampliando a un fiscal provincial un privilegio injusto de los togados, la exención del impuesto a las Ganancias. Un guiño que ganará consenso gremial pero que es una pobre señal a la sociedad. En el estimulante y recomendable Todo sobre la Corte, el joven jurista Valentín Thury Cornejo (VTC) señala la tensión, con firme delicadeza.

Si se levanta la mirada por encima de la coyuntura, se comprueba que la calidad y densidad de los debates es incomparable con épocas anteriores. Un testimonio de la vivacidad institucional. Eso no resta impacto infausto a un revés injusto para una de las mejores leyes del siglo. Pero le da un contexto que desautoriza el pesimismo absoluto o el desprecio por el terreno ganado en democracia.

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