El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime deberá presentarse ante el juez federal Norberto Oyarbide el próximo 16 de noviembre. El magistrado lo citó ese día para indagarlo sobre el alquiler de una vivienda del ex funcionario que era pagado por la empresa TEBA, que explota la terminal de ómnibus de Retiro y que Jaime debía controlar. También deberá responder por el uso de autos de tres empresas.

Un día después de Jaime, Oyarbide convocó a la esposa del ex secretario de Transporte, Silvia Reyss. Antes tendrán que presentarse los empresarios Santiago Ramón Altieri, presidente de Iecsa SA (el 11 de noviembre); Miguel Marcelino Azar, presidente de la extinguida Vial 3 (el 12), y Héctor Osvaldo Ribulgo, apoderado de Damixtaren Inc. SA. Estos tres hombres de negocios fueron citados porque Jaime habría usado autos de esas firmas.

Oyarbide fijó fecha para la indagatoria luego de que hace diez días la Cámara Federal ratificara la prohibición de salir del país de Jaime y su familia, un embargo por cuarenta millones de pesos y la citación del ex funcionario.

Oyarbide investiga al ex secretario de Transporte por enriquecimiento ilícito y dádivas. Le imputa que directivos de la empresa TEBA fueron garantes y pagadores del alquiler de dos departamentos que ocupó con su mujer. Cuando Oyarbide los citó a indagatoria, Jaime y su esposa apelaron la convocatoria con el argumento de que la causa se inició sólo por el delito de enriquecimiento ilícito –la presunta compra por parte del ex funcionario del avión Lear Jet y un yate– y no podían acusarlo de otro y que, en todo caso, el expediente debía pasar a manos del juez federal Claudio Bonadío, quien lleva adelante otra investigación sobre Jaime.

La Cámara rechazó ese argumento y confirmó la citación a indagatoria. Los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero coincidieron con el juez en que el patrimonio de Jaime disminuyó durante su actuación pública a medida que aumentaba el de su pareja y el de las hijas de ambos, Julieta, Romina y Gimena Jaime y Agostina y Lorena Jayo. El embargo de cuarenta millones de pesos afecta a ocho inmuebles que el entorno del ex secretario de Transporte habría adquirido a nombre de distintas sociedades.

Además de confirmar la prohibición de salir del país y el embargo, la Cámara ordenó el secuestro de un avión Lear Jet 31A (valuado en cuatro millones de dólares) y del yate Altamar 64 denominado Capricornio, valuado en un millón de dólares. Freiler, Farah y Ballestero destacaron que la investigación no había terminado y que debía reconstruirse “fehacientemente el verdadero patrimonio” de Jaime. El juez también investiga si el ex secretario de Transporte tenía otro barco, llamado Cohiba, que tampoco figura en las declaraciones juradas pero por el cual su esposa pagaba el amarre en una guardería náutica de Victoria, en la provincia de Buenos Aires.

Jaime, además, tiene un procesamiento confirmado por la Cámara Federal en la causa en la que Bonadío investiga si viajó a Brasil, Uruguay y Córdoba, entre 2006 y 2008, con pasajes pagados por empresarios del sector del transporte. En ese expediente el juez procesó al ex secretario de Transporte por el delito de admisión de dádivas, que prevé una pena de hasta dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.