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Bertolt Brecht decía que “en tiempos de desorden, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, nada debe parecer natural”.

El domingo pasado, el presidente de Ecuador hacía alusión a la extraña convergencia en el asedio al hospital del que finalmente fuera rescatado, entre policías golpistas adiestrados por la CIA, patrullas perdidas de la izquierda y exponentes de las clases altas quiteñas.

No pude dejar de pensar en otra extraña convergencia, la del acto frente al Monumento de los Españoles durante el conflicto por la 125.

El miércoles, un titulo de Clarín digital nos puso ante una nueva y extraña convergencia: “Barrionuevo, Venegas y la CTA marchan al Congreso para apoyar la sanción del ’82 por ciento”. Luis Barrionuevo, que en los ’90 defendió la privatización del sistema jubilatorio, con Venegas, que representa a trabajadores rurales, en los que la informalidad supera el 90 por ciento. Ambos personajes –informaba Clarín– coincidían con Víctor De Gennaro y Carlos Chile, en el apoyo a la aprobación del proyecto de ley fogoneado por el Grupo A. Extraña convergencia. El Grupo A integrado casi en su totalidad por quienes denunciaban la reestatización del sistema jubilatorio como una medida atentatoria contra la seguridad jurídica reclamada por los grupos empresarios.

Un inadvertido podría pensar que “es natural que confluyan estos tipos detrás de una causa loable como la de los jubilados”. Sin embargo, cuando algunos trabajan para organizar la confusión lo mejor es no aceptar como natural lo que se sabe que no lo es.

En primer lugar hay que consignar que si hoy la Argentina tiene el sistema previsional más igualitario de América latina, con la tasa de cobertura más alta de la historia, es porque los fondos ya no están en los paraísos fiscales sino que fueron recuperados para el sector público. Y éste no es un dato menor, porque con las cuentas en las Islas Caimán la movilidad jubilatoria era igual a cero. Este es el drama que hoy afrontan diez naciones de América latina que, tal como sucedió aquí, fueron empujadas por el FMI y sus socios locales a seguir el “exitoso” modelo chileno. La creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) fue una conquista social de la lucha de la clase trabajadora que posibilitó volver a tener un régimen solidario financiado a través de la transferencia intergeneracional. Los que hoy hablan con tono plañidero de “la plata de los jubilados” prefieren olvidarse de este pequeño detalle. ¿Por qué?

Cuando hace más de un año impulsamos desde la CTA elevar la jubilación básica llevándola al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil, propusimos como fuente de recursos la restitución de los aportes patronales que representaba en ese momento una cifra cercana a los 20 mil millones de pesos, lo cual garantizaba la sustentabilidad del incremento de los haberes jubilatorios. Jamás fuimos convocados por ninguno de los legisladores que ahora terminaron votando una movilidad que no prevé cómo financiarla. ¿Se puede ser tan inocente como para creer que algo tan simple y evidente como la restitución de las contribuciones patronales se les pueda haber pasado por alto? ¿O es que contra los empresarios cuyos intereses representan, como lo demostraran con la Resolución 125, no están dispuestos a votar ni leyes de fogueo como éstas?

El investigador Damián Panigo (Conicet-Instituto Ceil-Piette) desnuda en una investigación sobre la ley un costado que descascara el contenido supuestamente progresista que algunos pretenden atribuirle. Al analizar los efectos que tendrían los artículos 5, 6 y 7 (ajustes Elif, Sánchez y Badaro, respectivamente) demuestra que la mayor inversión de recursos estará dirigida a incrementar las jubilaciones más altas, impulsando hacia arriba los haberes jubilatorios de los sectores con mayores ingresos, reproduciendo entre los pasivos la misma brecha de la de-sigualdad que se da entre los activos.

De esta manera esta ley retoma la vieja tradición conservadora que marcó el inicio del sistema jubilatorio argentino desde principios de siglo hasta la llegada del peronismo en 1945. En una investigación de Cifra se señala que hacia fines de los años treinta se terminó de consolidar un sistema jubilatorio “que se regía por la lógica de la capitalización individual”. Es decir, a altos salarios correspondían altas jubilaciones; a bajos salarios, bajas jubilaciones y a quienes no aportaban por su condición de semiesclavitud, la nada. A partir de 1944, con Perón en la Secretaría de Trabajo, se dio un primer cambio importante, con la extensión de la cobertura al conjunto de los trabajadores. Pero recién a fines del segundo gobierno peronista, con la sanción de la Ley 14.370 en 1954, se produjo un cambio revolucionario estableciéndose la lógica de reparto solidario como principio rector del régimen jubilatorio, dejando atrás el sistema de capitalización individual acuñado durante el período conservador. El elemento más progresivo del cambio consistió en que “los trabajadores con ingresos bajos y medios obtendrían tasas de sustitución del salario mucho más altas que las de los trabajadores de mayores ingresos. Es decir, los trabajadores de menores salarios percibirían un beneficio jubilatorio superior al que les correspondería por la magnitud de sus aportes al sistema”.

En la evolución de la línea histórica recorrida por el sistema jubilatorio argentino, la ley aprobada significa un retroceso que nos ubica nuevamente en la concepción conservadora individual-no solidaria, de reproducir entre los pasivos la misma desigualdad que entre los activos. Esto nos pone en el camino de regreso hacia la capitalización individual.

Así, la ley que se votó, en primer lugar, no resuelve nada, ya que no avanza en el principio distributivo de sacarles a los que más tienen para darles a los que menos tienen. En segundo lugar, relativiza la verdadera urgencia social –en esto se pone a la par del Gobierno– que es elevar la jubilación básica de apenas $1046 que hoy cobra cerca del 75 por ciento de los pasivos del país. Y en tercer lugar, es regresiva en tanto significaría volver al esquema de jubilaciones de privilegio para pocos y jubilaciones pobres para todos los demás.

Visto desde esta perspectiva, queda claro por qué quienes fueron parte de la privatización del sistema y quienes después se opusieron a la recuperación del sistema público de reparto solidario votaron esta ley, en un acto de especulación política pero no de incoherencia con su ideología. Lo que no queda claro es qué hacen entremezclados con ellos los que supieron luchar desde la orilla opuesta, cuando no hace mucho reivindicábamos el papel del Estado para asegurar derechos ciudadanos de carácter universal como principal estrategia de la lucha contra la desigualdad.

* Secretario general de la CTA.