Los diez asambleístas de Gualeguaychú que enfrentan una querella por corte de ruta, impulsada por el gobierno nacional, tuvieron una audiencia en la Cámara de Apelaciones de Paraná, que deberá decidir si los manda a indagatoria o si, por el contrario, ordena que la causa sea archivada. Durante casi cinco horas, los abogados defensores y el fiscal de Cámara Ricardo Alvarez se turnaron para exponer sus argumentos; los jueces darán a conocer su dictamen el próximo 25.

El caso llegó a la Cámara porque la fiscal Daniela Neyra apeló el fallo del juez federal Gustavo Pimentel, quien había rechazado inculpar a los vecinos acusados por el bloqueo. Los asambleístas fueron denunciados por el Gobierno por homicidio culposo, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito, pero el magistrado señaló que la protesta contra Botnia se había realizado en un contexto tal que quienes sostuvieron el corte pudieron no ser conscientes de que cometían un delito. Ayer, en esa misma línea, los abogados de la Asamblea sumaron elementos.

Osvaldo Fernández, abogado y a la vez uno de los denunciados por el Gobierno, apuntó que “el corte fue auspiciado y tolerado. De hecho, el Estado otorgó subsidios a la Asamblea, la Gendarmería no nos reprimió por orden del Ministerio del Interior y la Legislatura provincial declaró paraje histórico a Arroyo Verde, el lugar del corte de ruta. Cuando Uruguay reclamó ante el tribunal del Mercosur para que el corte fuera sancionado, el gobierno argentino lo defendió diciendo que los vecinos estábamos ejerciendo un derecho humano. El propio Néstor Kirchner dijo que la lucha contra Botnia era una causa nacional. Tuvimos muchas reuniones con el Gobierno, tanto en la Cancillería como en la Casa Rosada, y en esos encuentros nunca nos plantearon que el corte fuera un delito”. Para Fernández, que sea el mismo Gobierno quien impulsa ahora una denuncia contra ellos por el corte no tiene sustento.

Una segunda línea de argumentación consistió en subrayar que la protesta social se realizó en defensa de bienes jurídicos superiores, sin provocar un perjuicio (ya que había otros puentes para entrar al Uruguay), y en todo caso procurando un beneficio, porque se defendió “la vida, la salud y el medio ambiente”.

El fiscal, por su parte, insistió en pedir la indagatoria de los imputados, tras señalar que actuaron a sabiendas de que cometían un delito. Alvarez ratificó el pedido de que la instrucción de la causa prosiga y consideró que en las indagatorias los imputados podrán ejercer el debido derecho a la defensa.

En la puerta de los tribunales, acompañando a los acusados, hubo una movilización de unas doscientas personas, que llegaron en caravana desde Gualeguaychú. También se acercaron partidos de la oposición y gremios que expresaron su apoyo a la Asamblea. El ex gobernador Jorge Busti, el ex senador del peronismo disidente Héctor Maya, el ex diputado duhaldista Emilio Martínez Garbino y representantes de Proyecto Sur estuvieron en la concentración. También reapareció el ruralista Alfredo De Angeli, que tras su rol protagónico en la discusión sobre la 125 había dejado de concurrir a las movilizaciones contra Botnia.

El Estado nacional envió a un representante a través de la Procuración, que escuchó la audiencia pero no hizo uso de la palabra.