El juicio oral contra Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez está entrando en la recta final y, casualidad o no, los dos represores fueron internados en el Hospital Militar de Córdoba. Así, las audiencias en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la provincia se reiniciaron en ausencia de los dos acusados principales, llevados a este juicio por las torturas y los asesinatos de 31 presos políticos, fusilados en Córdoba durante la dictadura.

Videla fue internado el viernes. Según el informe médico, presenta un “trastorno de coagulación con hematomas múltiples en miembros superiores, y ha recibido una transfusión de plasma”. Su defensora oficial, Natalia Bazán, dijo que la dolencia está “relacionada con sus problemas cardíacos” y que “es probable que mañana o pasado ya le den el alta, porque no es algo de gravedad”.

Por otra parte, en la audiencia se informó que también Menéndez “se encuentra internado en el Hospital Militar por una neumopatía” y que “recibiría el alta en los próximos días, ya que está siendo tratado por los médicos de su afección”.

En el juicio se abordan los casos de la causa conocida como “UP1”, que reúne crímenes cometidos contra los presos políticos, y la llamada “Gontero”, donde se investigan los secuestros y torturas sufridos por cinco policías y el hermano de uno de ellos. Además de Videla y Menéndez, en esta causa se juzga a otros 29 represores.

Uno de los testigos de la audiencia de ayer fue el periodista y escritor Mariano Saravia, quien reiteró que uno de los acusados, Carlos “Tucán” Yanicelli, continuó trabajando en la policía en los ’80 y ’90 bajo la presunta protección política de Oscar Aguad, actual diputado nacional (UCR) que fue ministro de Gobierno cordobés durante la gobernación de Ramón Mestre. El testigo agregó que Yanicelli “fue considerado uno de sus mejores hombres por el propio Mestre”.

Actual director de Radio Nacional Córdoba, Saravia es el autor del libro La sombra azul, que recoge el testimonio del ex policía Luis Urquiza, torturado en el Departamento de Informaciones de la policía provincial (D2). “A partir de la publicación del libro (en el año 2002), balearon el frente de mi casa, pusieron una cruz esvástica y se llevaron a mi perra, que la hacían ladrar cuando me llamaban por teléfono, pero cuando hacía la denuncia, en la policía me decían que eran intimidaciones y no una amenaza”, contó ayer.

En el juicio quedan menos de diez testigos por declarar. Luego los jueces evaluarán si consideran necesario realizar inspecciones oculares en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1), la IV Brigada Aerotransportada e incluso el D2 (la sede del ex Departamento de Informaciones de la policía cordobesa, hoy Archivo de la Memoria), para pasar finalmente al turno de los alegatos.