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Por primera vez en la historia argentina, desde el Ministerio de Salud se realizará una compra masiva de anticonceptivos para distribuir en todo el país. En las próximas semanas estará finalizada la licitación para adquirir métodos (DIU, orales, inyectables y preservativos) por un valor de 2,5 millones de dólares, y está prevista una compra similar en julio. El objetivo es paliar la escasez de contraceptivos en los hospitales provinciales, tal como denunció Página/12 en su edición del 26 de diciembre. El reparto se reforzará con una abultada donación de métodos de Naciones Unidas. Además, el ministerio editó una Guía para el uso de métodos anticonceptivos –que incluye la llamada “píldora del día después” y la esterilización– para capacitar a los profesionales en la prescripción de los métodos y está trabajando con asesores de Educación para incluir educación sexual en las currículas. Se trata de los primeros pasos del Gobierno para cumplir con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva sancionada en octubre pasado, cuya reglamentación acaban de finalizar un grupo de expertos del ministerio, tras consensuarla con sociedades médicas y ONG de mujeres. La Iglesia Católica adelantó su rechazo (ver aparte) a la política oficial que, en forma inédita, apunta a promover la planificación familiar con una perspectiva de género.
Finalmente, la reglamentación de la polémica Ley 25.673 no se hizo en el marco de la Mesa del Diálogo Argentino como anunció Chiche Duhalde en su momento. La tarea estuvo a cargo de un equipo de especialistas del Area de Salud Reproductiva Materno Perinatal, que depende de la secretaria de Programas Sanitarios, Graciela Rosso. Se ocuparon de redactar el artículo primero que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. El texto fue consensuado con entidades médicas como la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, la Federación Argentina de Sociedad de Ginecología y Obstetricia, y la Asociación Argentina por la Salud Sexual y Reproductiva, además de ONG de mujeres (FEIM y ISPM), investigadoras en temas de salud (del Cedes y Cenep-Conicet) y asesores de legisladores. Según informó Rosso a este diario, se espera que el ministro Ginés González García le dé el OK en los próximos días y después pase a la firma del presidente Duhalde.
El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable regirá la política nacional en el tema. Es la primera vez que existe una decisión oficial de promover la planificación familiar y la prevención de embarazos no deseados en todo el país. El borrador definitivo del programa –al que tuvo acceso Página/12– tiene los siguientes puntos destacables:
- Apunta a la “población general sin discriminación alguna”, es decir, contempla a los adolescentes.
- Respalda el derecho de las personas a “tener relaciones sexuales gratificantes sin coerción, sin temor a infecciones o a embarazos no deseados, y a regular su fecundidad”.
- Promueve la “consejería” en salud reproductiva en los centros de salud.
- Establece el “principio de autonomía” de todas las personas para decidir “en libertad” y “en forma individual” qué anticonceptivo elegir para regular su fertilidad, a partir del asesoramiento médico.
- Los médicos deben informar sobre todos los métodos autorizados por el Ministerio de Salud, entre ellos el DIU, rechazado por la Iglesia Católica.
- Los profesionales también deberán informar sobre la anticoncepción de emergencia para casos excepcionales (como una violación o una relación sexual sin protección) y la esterilización a través de la vasectomía y la ligadura de trompas.
- Tiene un claro enfoque de género: está dirigido tanto a mujeres como a varones.
- “Promueve conductas de responsabilidad compartida en la pareja, tanto en la procreación y en el cuidado de la descendencia como frente a la decisión y el empleo de métodos anticonceptivos.”

Educación sexual
Para poder cumplir con el programa en todo el país, el Ministerio de Salud llamará a licitación para comprar métodos por valor de 2,5 millones de dólares: preservativos, 200 mil dispositivos intrauterinos (DIU), 6.500.000 de blisters de anticonceptivos orales combinados y 480 mil inyectables. “Es la primera vez que se hace una compra de esta magnitud desde el Estado”, destacó Rosso. “Esperamos tener los elementos en 40 días y empezar a distribuirlos en 60”, agregó. En las primeras semanas de febrero, además, el ministerio recibirá una donación de la ONU de contraceptivos hormonales y preservativos, que se sumará a otra que ya recibió de 200 mil DIU. “Los vamos a distribuir entre las 13 provincias que tienen leyes o programas de salud reproductiva para que puedan entregarlos. Con las que no tienen normativas estamos haciendo convenios para que pongan en marcha programas. Con la única que nos falta firmar es con San Luis”, detalló la secretaria de Programas Sanitarios. En julio está prevista otra compra por 2,5 millones de dólares, con la cual se cubrirá la demanda de enero a diciembre en todo el país. “La Nación va a garantizar que en todos los hospitales de las provincias haya anticonceptivos”, prometió Rosso. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, que Página/12 publicó en exclusiva el 26 de diciembre, en la mayoría de las provincias no se entregan métodos –aunque esté previsto en las leyes locales vigentes– por falta de presupuesto, por el desvío de fondos para comprarlos hacia otros fines y por presiones de la Iglesia Católica.
Para que no haya dudas en los centros de salud sobre qué métodos recomendar a la población que los demande, el Area de Salud Reproductiva Materno Perinatal del ministerio, a cargo de Rosso, elaboró una Guía para el uso de métodos anticonceptivos. En principio, se editaron 5 mil ejemplares que serán distribuidos entre profesionales de todo el país. La guía incluye detallada información sobre cada opción para controlar la fertilidad, con sus ventajas y sus desventajas, y los criterios médicos que se deben tener en cuenta para recomendarlos. Incluye un capítulo dedicado a la “anticoncepción en situaciones especiales”, donde explica el uso de la llamada “píldora del día después”. Y también menciona métodos de esterilización como la vasectomía y la ligadura de trompas. Según señaló Rosso, estos últimos métodos fueron incluidos porque en algunas provincias, como Río Negro, están permitidos.
A partir de la vigencia de la Ley 25.673, todas las obras sociales y las prepagas estarán obligadas a cubrir los métodos anticonceptivos. Pero la norma –plasmada en el programa nacional– no sólo apunta a favorecer la planificación familiar. Entre sus objetivos también se contempla la prevención de enfermedades de transmisión sexual y del cáncer genito-mamario, y la educación sexual en las escuelas. Para cumplir con este último punto, desde el Ministerio de Salud empezaron a trabajar con asesores de Educación para incluir el tema dentro de las currículas. “Es un aspecto fundamental”, destacó Rosso.