Un grupo de soldados bolivianos ingresó ilegalmente al país y robó bienes valuados en 200 mil pesos en una empresa forestal salteña. El hecho fue denunciado por la misma compañía ante la Justicia y fue calificado por el gobierno argentino como “inaceptable e inadmisible”. El canciller Héctor Timerman sostuvo que en las fronteras “hay mucha crispación por parte de los pobladores que, a veces, no refleja el grado de amistad que hay entre los países”. Ayer por la tarde el gobierno de Evo Morales separó al teniente coronel responsable del hecho.

De acuerdo con la denuncia que la compañía realizó ante la Justicia, el 26 de octubre un grupo de cincuenta militares del ejército boliviano ingresó de forma ilegal al predio de la empresa Volcán S.A. en el área selvática El Polvaderal, en la localidad salteña de Junta de San Antonio. Los uniformados, que respondían al jefe de Frontera del ejército boliviano con asiento en Bermejo, el teniente coronel Willy Gareca, destruyeron cuatro kilómetros de alambrado de la finca forestal, irrumpieron en las instalaciones de la empresa y se llevaron un acoplado cargado con postes, un tractor y otros bienes por un valor de 50 mil dólares. Luego hirieron a un trabajador –que intentaba resistir el saqueo– y huyeron.

“Es inadmisible. Es grave, son todos graves estos incidentes porque hay robo y agresión”, exclamó Timerman. El canciller le apuntó directamente a Gareca, de quien dijo que “viene diciendo que la Argentina se quedó con parte del territorio boliviano”. Timerman precisó además que el último robo por parte de este grupo, denunciado por productores de la ciudad de Orán, se produjo el 20 de octubre e indicó que se trata del último “de una larga serie de incidentes en la frontera, que estamos tratando de solucionar con el canciller boliviano, David Choquehuanca”. “Este coronel Willy Gareca cree que puede tomar la ley con sus propias manos y estamos tratando de dialogar con el gobierno boliviano para que esto no ocurra”, explicó en declaraciones radiales.

En ese sentido, el titular del Palacio San Martín advirtió que la acción emprendida por estos hombres “es inaceptable porque un coronel boliviano no puede entrar en territorio argentino y menos golpear personas”. Timerman reveló que “son cinco pasos internacionales los que unen el territorio argentino con el territorio boliviano y éste es el lugar donde más problemas tenemos. Creemos que es por quien está a cargo de la zona”. “Estamos esperando que ellos tomen la iniciativa, no es que yo no haga una protesta formal sino que estoy dándole tiempo al gobierno boliviano para que tome las medidas” del caso, resaltó.

Desde Salta, el ministro de Gobierno de esa provincia, Pablo Kosiner, denunció que existió un “abuso de autoridad por parte del ejército de Bolivia que ha ingresado ilegalmente al territorio argentino” y descartó la posibilidad de que el hecho tenga que ver con algún tipo de controversia limítrofe. “Nunca hubo una discusión sobre límites”, subrayó el funcionario salteño.

Por la tarde, la embajadora de Bolivia en el país, Leonor Arauco, informó que el comandante de Frontera del ejército de Bolivia, Willy Gareca, fue separado de su cargo y se le abrió un sumario. “El comandante Gareca ha sido replegado a Ciudad de La Paz, donde se le ha iniciado un sumario informativo, del cual resultarán sanciones ejemplificadoras”, detalló Arauco, quien además informó que su país ya constituyó “una comisión de alto nivel que el lunes se trasladará a la frontera” para investigar el caso.

Por último, la embajadora boliviana en Buenos Aires rechazó de plano la existencia de “un problema fronterizo entre Bolivia y la Argentina”. “Tenemos una relación tradicionalmente muy buena y lo último que vamos a dejar es que se empañe”, sostuvo.

La denuncia había sido presentada por el abogado de la compañía damnificada, Julio Chávez, quien se basó en el relato del gerente de la empresa, Sergio Mazzone. De acuerdo con el empresario, la columna de soldados que ingresó al territorio nacional estaba al mando de un tal “coronel Gareca”. A partir de ese testimonio, Chávez concluyó que el coronel boliviano “no sólo violó nuestro territorio, sino que además causó lesiones a trabajadores argentinos que intentaron impedir un saqueo”. El letrado reveló que el juzgado de Orán solicitó a la compañía –cuya sede central se encuentra en la capital salteña– que detenga sus actividades hasta que exista una definición clara de ambos gobiernos en torno del incidente diplomático. En tanto, el magistrado que entiende en la causa, Raúl Reynoso, ordenó días atrás la movilización de efectivos de Gendarmería hacia el área de conflicto, ubicada a pocos metros de la frontera con Bolivia. La zona, un paraje inhóspito cerca de la Ruta Nacional 50, se conoce como Junta de San Antonio y allí coinciden los ríos Grande, de Trija y Bermejo.