Fue un encuentro atravesado por una extraña combinación de nerviosismo y de calidez. Durante cerca de una hora, Cristina Fernández de Kirchner recibió en la Casa Rosada a la mamá, el papá y dos hermanos de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero (PO) que fue asesinado en Barracas por una patota de la Unión Ferroviaria (UF) mientras participaba de una protesta junto a trabajadores tercerizados de la ex línea Roca el 20 de octubre. Ellos habían pedido la reunión. Querían decirle –y finalmente lo hicieron– que están conformes con el avance de la investigación del crimen, pero temen que la identificación de los responsables intelectuales, gremiales, quede en la nada, al igual que el esclarecimiento del papel que tuvo la Policía Federal en los hechos. “No tengan dudas de que se va a ir hasta el fondo”, se mostró confiada la Presidenta.

La familia de Mariano gestionó la entrevista con Cristina Fernández hace algunas semanas, a través de Roberto Baradel, el secretario general de Suteba y adjunto de la CTA. La mamá del chico, Beatriz Rial, es docente. También asistieron el papá, Ricardo Ferreyra, sus hermanos Pablo y Rocío, el abogado del CELS, Diego Morales, y Baradel. No esperaban ninguna promesa, pero sí llevarse alguna impresión de cuán dispuesto está el Gobierno a respaldar la continuidad de la investigación, teniendo en cuenta las pistas aún no resueltas. Además, entregaron una carta que por ahora evitaron difundir. Desde en comienzo, en la Casa Rosada, advirtieron que no se divulgarían fotos del encuentro, que no pretendía ser otra cosa más que una charla de “madre a madre”.

Casi todos los presentes hablaron, según pudo reconstruir Página/12, y dijeron –en esencia– que hasta ahora están satisfechos con el avance de la causa judicial y con algunos aportes del Gobierno al expediente, entre los que señalaron el impulso a la declaración de testigos. Fueron elogiosos con la jueza Wilma López y con la fiscal Cristina Caamaño, los pasos que siguieron y la “celeridad”. Pero a su vez le mostraron preocupación ante la posibilidad de que queden en el aire las líneas investigativas sobre quiénes y cómo organizaron desde la Unión Ferroviaria el ataque a los tercerizados y las agrupaciones políticas que los acompañaban, y qué hizo o dejó de hacer la Policía Federal (así como la Bonaerense) para que el grupo de choque agrediera, disparara y abandonara el escenario del crimen con toda facilidad.

La Presidenta, contaron testigos del encuentro, dijo que el Ejecutivo aportaría todo lo posible y se mostró confiada en la Justicia. Se la vio conmovida por la conversación y tuvo gestos afectuosos hacia la madre de Beatriz, la madre de Mariano, a quien le susurró –palabras más palabras menos– que sabía que nada de lo que pudiera decirle iba a ser un consuelo ante la pérdida de su hijo.

Hasta ahora, la jueza López procesó y dictó prisión preventiva contra siete integrantes de la patota ferroviaria como coautores del homicidio de Mariano y la tentativa de homicidio de tres personas más, que sufrieron heridas de balas. La magistrada, en el texto del procesamiento, dijo que los matones actuaron en forma organizada, mediante un “acuerdo previo”, con el objetivo de impedir que los tercerizados cortaran las vías del ferrocarril, y para eso utilizaron la violencia y llevaron al menos tres armas de fuego identificadas hasta ahora, aunque las pericias continúan. Los acusados ya apelaron los procesamientos y la Sala I de la Cámara del Crimen podría fallar antes de fin de año, según trascendió ayer. De hecho, fijó una audiencia para el 21 de diciembre para que las partes expongan sus argumentos.

La fiscal Caamaño pidió también la indagatoria del líder de la UF, José Pedraza, y de su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, ya que se estableció que ambos habrían estado cuanto menos perfectamente al tanto de que la patota iría a Barracas con el plan de impedir que los tercerizados del Roca cortaran las vías, y que ambos monitorearon los acontecimientos a la distancia. Fernández se comunicaba en el acto con el delegado Pablo Díaz, quien fue señalado por la jueza como el reclutador y quien impartía las órdenes durante la emboscada. El propio Pedraza, al testificar, dijo que hablaba en el ínterin con Fernández. La jueza debe decidir si avanza con las citaciones. Por otro lado, Caamaño instruye un expediente aparte donde se trata de determinar si la policía actuó con negligencia y/o dejó la zona liberada. Las comunicaciones policiales que entregó el Comando Radioeléctrico darían cuenta de que cuanto menos la Federal (que tenía tres patrulleros de la comisaría 30 en el lugar) habría actuado con impericia: por un lado, recibieron la orden de mantenerse “expectantes” mientras volaban tiros y piedras, “no sea cosa que después las dos facciones antagónicas se unan para combatir contra nosotros” (sic); luego, cuando la indicación fue identificar a quienes habían disparado, no lo hicieron.