Cercado por denuncias de complicidad con la última dictadura, el camarista federal de Mendoza Otilio Romano presentó su renuncia al crecer las posibilidades de que el Consejo de la Magistratura avance en el juicio político en su contra. El juez había logrado frenar ese proceso a mitad de año con un recurso de amparo, pero la semana pasada su estrategia se derrumbó cuando el propio tribunal que integra –pero conformado por jueces subrogantes– anuló la medida cautelar que lo beneficiaba. La investigación del cuerpo de consejeros está basada en el contenido de una causa penal en la que Romano está imputado como partícipe, en sus tiempos de fiscal, en 94 hechos, entre los que se incluyen desapariciones, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y robos. De hecho, será indagado pasado mañana por el juez Walter Bento.

El texto de la renuncia de Romano, según pudo confirmar Página/12, no dice nada más que su intención de dejar el cargo. Fue entregado ayer ante el Ministerio de Justicia por su hija, una defensora oficial que actúa en su nombre. Ahora es la presidenta Cristina Kirchner quien debe evaluar si la acepta o deja que siga su curso el engranaje que podría derivar en la destitución de Romano. A Luis Miret, otro integrante de la Cámara mendocina igualmente cuestionado por su actuación durante el terrorismo de Estado, aún no le admitió la renuncia, presentada en septiembre. Como resultado, fue suspendido ese mes por el plenario del Consejo de la Magistratura y, en principio, el jury de enjuiciamiento se llevaría a cabo en febrero. Es probable, de todos modos, que el Gobierno vuelva a evaluar el escenario, ya que cambiaron casi todos los consejeros y aún no está del todo clara la nueva relación de fuerzas.

El horizonte cambió para Romano en las últimas semanas, a partir de dos fallos que parecen haber desarticulado su estrategia:

n La propia Cámara mendocina, con una integración transitoria, anuló la medida cautelar con que el juez ad hoc Carlos Parellada, un abogado cercano al camarista investigado, ordenó en junio frenar la pesquisa del Consejo de la Magistratura. Fue trabajoso llegar a este punto: para resolver la apelación al amparo se habían excusado todos los camaristas y, uno de ellos, Julio Petra Fernández (viejo amigo de Romano), sacó sorpresivamente el expediente y anuló por “superintendencia” el sorteo de los subrogantes. La Corte Suprema lo levantó en peso la semana pasada y confirmó a los suplentes, que finalmente resolvieron.

n Otro fallo de la Cámara repuso al juez Bento en la causa penal donde Romano y Miret son investigados por su pasividad frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y denunciados ante ellos. Bento había sido apartado por un fallo que firmó, entre otros, Petra Fernández. Este camarista también es investigado y está citado (aún sin fecha) por el Consejo de la Magistratura por sustraer el amparo de Romano y por liberar a represores en forma masiva, entre otras cosas.

Hasta ahora, en el expediente a cargo del juez Bento, Romano está imputado como partícipe de delitos de lesa humanidad, de modo que si pierde los fueros son altas las chances de que quede detenido. Los crímenes de los que se lo acusa podrían valerle penas con un mínimo de veinte años de cárcel. Ayer en Mendoza circulaba la versión de que su decisión de presentar la renuncia se debía a un supuesto acuerdo que habría hecho para que la Justicia suavice la calificación legal en su contra y la sustituya por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Cuando el fiscal Omar Palermo pidió su indagatoria sostuvo que “existen buenas razones para sospechar” que Romano, junto con otros imputados, fueron “cómplices necesarios” de “las desapariciones, privaciones de la libertad y demás delitos que no investigó, sobre la base de haberse adaptado al plan de represión, ofreciendo, al menos tácitamente, garantía de impunidad a los responsables y ejecutores de dicho plan”. Algunos de los testimonios de sobrevivientes que dan cuenta de los hechos aberrantes de los que Romano habría tenido conocimiento siendo fiscal pudieron escucharse en los últimos días en el juicio oral que sustancia el Tribunal Federal Oral 1 de Mendoza.

Su carácter de fiscal durante la dictadura es lo que, según explicó el abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Pablo Salinas, agrava la situación penal de Romano, ya que en función de ese cargo está obligado a impulsar la investigación de delitos de los que tiene conocimiento. “Como fiscal, debía investigar y no lo hacía; como ha surgido en varios testimonios, era peor: acusaba, y era una cadena de impunidad, para no esclarecer nada: el obispo decía al que denunciaba que no gastara pólvora en chimangos y los militares torturaban”. Ante el Consejo, Romano dijo que no lo pueden destituir como juez por lo que hizo como fiscal. Pero el fallo de la Cámara de la semana pasada consideró que es el propio cuerpo de consejeros el que debe “valorar” si los hechos que se le atribuyen se “prolongan o no en el tiempo y afectan o no el decoro y demás condiciones que deben ser atributos de un magistrado”.

“La renuncia de Romano –añadió Salinas– demuestra que se vino abajo su estrategia, pero no se la deberían aceptar. La causa penal demuestra cuán comprometido está. Lo que demuestra es que por fin comienza a caerse esta Justicia, jueces y fiscales, que quedaron de la dictadura, y es algo fundamental para que puedan avanzar los juicios en Mendoza.”