La movilización de sus compañeros y el apoyo de una comisión de notables, además de los 33 días que lleva en huelga de hambre, no fueron suficientes para lograr su libertad. La Cámara de Casación dejó firme el procesamiento con prisión preventiva de Roberto Martino, dirigente del Frente de Acción Revolucionaria (FAR), por su presunta participación en hechos de violencia ocurridos el año pasado en un acto de repudio al Estado de Israel por los crímenes cometidos contra el pueblo palestino. “Ningún argumento contra los esgrimidos por la defensa presentó la Cámara Nacional de Casación, dando una muestra más de que la decisión se funda en la criminalización de la protesta social”, expresó la conducción del FAR.

En un comunicado en el que ratificaron que “el plan de lucha por la libertad de Martino continuará”, en principio con una movilización el viernes al mediodía a los tribunales federales de Retiro, afirmaron que el rechazo a la excarcelación del dirigente se da “en el marco de los asesinatos de Mariano Ferreyra, los hermanos qom de Formosa y los de Villa Soldati a mano de las fuerzas de seguridad del Estado y las patotas al servicio de gobiernos locales y nacional”, y que “con luchadores populares asesinados y presos políticos del campo popular no hay derechos humanos”. Los miembros de la sala IV de Casación se habían reunido días pasados con integrantes de la comisión que pide por la liberación del dirigente de 60 años, que el 10 de noviembre inició una huelga de hambre en el penal de Marcos Paz. Ante Nora Cortiñas, Elia Espén, Vilma Ripoll, Myriam Bregman y Natalia Muñoz Leiva se habían comprometido a dar una rápida respuesta: finalmente resultó negativa. Los camaristas Mariano González Palazzo, Augusto Diez Ojeda y Gustavo Hornos consideraron que en los fallos de las dos instancias previas que dictaron la prisión preventiva no hay ninguna arbitrariedad, y que están afectadas las garantías constitucionales como para justificar que Casación analice el caso. Pero los compañeros de Martino consideraron que es una “violación a garantías constitucionales que una persona que goza del estado de inocencia se encuentre detenida, aun cuando de ser encontrada culpable podría estar en libertad”. El dirigente está procesado por delitos excarcelables como tenencia de material inflamable, de documento ajeno y de arma de guerra (ver aparte).

Todo comenzó el 17 de mayo de 2009, durante el acto por el aniversario 61º de la fundación del Estado de Israel, en Avenida de Mayo y Perú, cuando varias agrupaciones sociales y políticas irrumpieron en la conmemoración y denunciaron los crímenes de ese país contra el pueblo palestino, en particular los bombardeos de enero de ese año. La dirigencia comunitaria judía acusó penalmente a los manifestantes de “formar parte de una agrupación, cuyo objeto es el de imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, en concurso con el delito de alentar o incitar al odio contra un grupo de personas a causa de su religión, nacionalidad o ideas políticas”. El juez federal Claudio Bonadío mantuvo presos a los manifestantes detenidos y ordenó una serie de allanamientos, que los defensores de Martino impugnaron por irregulares, de los cuales surgieron los elementos en contra de Martino. La Cámara Federal determinó que las agrupaciones a las que pertenecen los manifestantes no son violentas ni antisemitas, pero ratificó la validez del allanamiento. Y decidió que Martino siga preso, con el agravante de que estuvo varios meses prófugo.

La semana pasada –al tiempo que se sumaban Osvaldo Bayer, Atilio Boron y Carta Abierta al reclamo por su liberación, que ya venían exigiendo Cortiñas, Mirta Baravalle, Norman Briski, Vicente Zito Lema, Claudio Katz y Carlos Aznares, entre otros– Martino fue internado por el deterioro sufrido en su salud. En una declaración lo habían calificado como “un referente histórico del movimiento piquetero, honesto y consecuente”.