“Vamos por más, por todos los responsables del genocidio”, parece ser la consigna que motivó a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y a dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, que presentarán hoy una denuncia penal contra los responsables del denominado Operativo Serpiente Roja del Paraná, ocurrido el 20 de marzo de 1975 por orden de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y gran parte de su gabinete, y por expresa indicación del entonces presidente del directorio de la Empresa Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz.

Durante el procedimiento –realizado por policías federales, provinciales, una guardia rural, Prefectura, SIDE, Gendarmería, miembros de la Triple A y militares– detuvieron a trescientos trabajadores, entre ellos los principales dirigentes de la UOM, reconvirtieron el albergue de solteros de Acindar como centro clandestino de detención y desaparecieron a veinte personas. El objetivo de la denuncia es “buscar la condena de todos los responsables del genocidio, sean éstos sus ejecutores materiales como los grupos económicos, políticos, intelectuales que se beneficiaron, y se orienta a probar la existencia de mecanismos de terrorismo estatal tendiente a disciplinar y desarticular el movimiento de lucha gremial y político previo al golpe del ’76”.