Los siete acusados del asesinato de Mariano Ferreyra seguirán detenidos y procesados por el homicidio calificado del joven militante del Partido Obrero (PO) y por el intento de matar a otras tres personas que participaban el 20 de octubre de la protesta de los trabajadores tercerizados de la ex línea Roca. Así lo resolvió la Sala I de la Cámara del Crimen, que desechó el principal argumento de los abogados defensores, de que la patota comandada por la Unión Ferroviaria (UF) había sido evitar (en pos del interés de los pasajeros) que los manifestantes realizaran un corte de vías y que todo derivó en una riña con desenlace desafortunado. Según analizaron los camaristas, todas las pruebas de la investigación demuestran que el ataque no tuvo nada de espontáneo y que existió un plan. La principal demostración, ilustran, es que los disparos se produjeron a trescientos metros del lugar donde se iba a realizar el bloqueo de las vías, que en rigor nunca se concretó, y fue justo en el momento en que los tercerizados y las agrupaciones que los apoyaban se estaban retirando.

Así, el fallo de la Cámara confirmó las decisiones y la línea de investigación de la jueza de instrucción Susana Wilma López y de la fiscal Cristina Caamaño, actual viceministra de Seguridad. López había procesado a los siete detenidos como coautores de homicidio agravado, tentativa de homicidio y coacción tras evaluar que actuaron mediante un “acuerdo previo”, orquestado por la UF, que incluyó el uso de “armas de fuego” y “violencia física”. Los camaristas Jorge Rimondi, Luis Bunge Campos y Alfredo Barbarosch retocaron la descripción de la participación de cada uno de los matones, lo que no modifica el rumbo de la causa ni las penas previstas (perpetua en la mayoría de los casos), y definieron al delegado Pablo Díaz como “instigador”, es decir “organizador”. Con este concepto de que hubo jerarquías en torno de los hechos, el juzgado tendría el camino libre para analizar las responsabilidades de la cúpula sindical y resolver el pedido de la fiscalía de indagar al titular del gremio ferroviario, José Pedraza, y a su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández. “El fallo está diciendo que hay pistas para apuntar hacia arriba”, sostuvo Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que representa a la mamá de Mariano. La propia resolución dice que la investigación podría “involucrar a otras personas”.

Para explicar por qué el asesinato de Mariano no fue resultado de una pelea entre dos bandas, sino una embestida planificada, los camaristas enumeran tres circunstancias:

- Por empezar, “el momento” y el lugar “en que se llevó adelante” esta “agresión armada”, ya que fue “durante la retirada de los tercerizados y militantes de diversos partidos políticos que habían iniciado una manifestación en reclamo de los derechos laborales de los primeros, cuando se encontraban a unos 300 metros de las vías del ferrocarril”. Habían intentado interrumpir las vías “a modo de protesta”, pero no lo lograron al ser increpados por la patota. Se alejaron e hicieron una asamblea en Luján y Santa Elena.

- La asamblea, recuerda la Cámara, duró cerca de una hora y pretendía fijar “los pasos a seguir”, por eso a las “13.30 aproximadamente iniciaron la retirada hacia la avenida Vélez Sarsfield, momento en que fueron sorprendidos por los manifestantes de la UF que se acercaron a la carrera tirando piedras (...) no se trató de una gresca tumultuosa y generalizada (...) fue el grupo que integraban los imputados el que repentina y raudamente se aproximó al de los damnificados cuando se encontraban en evidente postura de abandonar el lugar”.

A esa altura, dicen los camaristas, el supuesto objetivo de liberar las vías “se habría alcanzado” porque no hubo corte alguno. Por ende, “la agresión desarrollada” habría tenido como real finalidad “aleccionar a los tercerizados” para que “en el futuro no intenten un nuevo corte”. Para eso se implementó “un plan determinado”.

Según el tribunal, la participación del barrabrava de Defensa y Justicia Cristian Favale, que no era ferroviario (sólo tramitaba un puesto), acredita que la presencia de la patota en Barracas “no fue espontánea”. Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez, ex barra de Racing y guardatrén, fueron confirmados como “coautores” del asesinato de Mariano. Para los jueces está probado que ambos dispararon armas de fuego, según se pudo reconstruir de varios testimonios, avalados por el fallo. Favale, en el medio de la calle Luján, habría disparado hacia el cordón humano en el que estaban Mariano y los otros tres heridos de bala (Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos). Sánchez se habría ubicado entre un Volkswagen Polo color verde y un árbol.

El picaboletos Guillermo Uño y el portero de los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez fueron señalados por la Cámara como “los encargados de hacer desaparecer inmediatamente las armas de fuego con las que se efectuaron los disparos”. Estuvieron, dice, “próximos a Favale y Sánchez durante la agresión armada” y los considera “partícipes necesarios”. Al delegado Jorge González y al empleado Salvador Pipitó se les atribuye una actitud amenazante hacia el equipo del canal CN5, para evitar que filmaran la balacera justo cuando iba a producirse. Como “partícipes secundarios” son los únicos con chances de aspirar a una pena menor. Por ahora, la Cámara negó todos los pedidos de excarcelación, por el peligro de que obstaculicen la pesquisa.

Díaz, delegado y secretario de la comisión de Reclamos de la Ugofe (que explota la ex línea Roca), fue según el fallo el reclutador del grupo de choque y el “instigador”. Lo muestra como “el referente al que deben reportarse” y “quien dio la orden de avanzar contra los manifestantes”. La Cámara señaló la importancia de las comunicaciones de radio y celular que revelaron que Díaz hablaba, por ejemplo, con Favale y Sánchez.

Los contactos telefónicos, en pleno ataque, de Díaz con el Gallego Fernández, quien a su vez estaba en contacto con Pedraza, es uno de los argumentos con que la fiscalía pidió la indagatoria de ambos. Es probable que ahora, con este aval del tribunal superior, la jueza tome alguna determinación.

La abogada María del Carmen Verdú (de Correpi), que patrocina a Aguirre (del PO) destacó que el fallo se basó en argumentos de las querellas, con citas textuales “en cuanto a la organización preexistente y el acuerdo previo cuyo objetivo no era impedir el corte o defender el servicio público sino dar una lección a trabajadores que pretenden organizarse fuera de la burocracia sindical”. El PO, como partido, no fue aceptado como querellante. Sí una de las hijas de Elsa Rodríguez, baleada en la cabeza.

Pablo Ferreyra, hermano de Mariano, contó a Página/12 que apenas se enteró del fallo habló conmovido con su mamá, “satisfecho porque la Justicia va avalando cada paso que damos”. En una reunión reciente con la presidenta Cristina Fernández, dijeron que temían que la causa no avanzara hacia los autores intelectuales y la responsabilidad de la Policía Federal. Ahí está ahora el desafío.