Un año después del hallazgo del auto de los Pomar y los cuerpos de la familia a un costado de la ruta 31, a unos 15 kilómetros de Salto, dos fiscales de Pergamino pidieron la elevación a juicio de seis ex uniformados acusados de omisión de sus deberes y falseamiento de documento público. La causa en sí aparece como simple y carece de misterios. Como en la Carta robada, de E. A. Poe, todas las suspicacias hurgaron en las tramas más morbosas y fascinantes, las dificultades familiares, fuga por deudas, posibles secuestros, violencia intrafamiliar, celos, robos, venta de drogas, lavado de dinero y desarmadero de autos. Como las recurrentes fuentes policiales, los medios no revisaron la cotidiana impericia y desidia de una fuerza, insuflada desde sus mandos para meter bala contra la inseguridad pero incapaz de detectar un auto y a sus cuatro ocupantes perdidos a la vera de la ruta. Como lo sugiere el pedido de los fiscales, las fuentes eran interesadas y de ellas brotaba pescado podrido.

El pedido lo realizaron los fiscales Guillermo Villalba y Daniel Gómez, al juez de Garantías Fernando Ayestarán, quien deberá informar a las partes y decidir. Y las responsabilidades recayeron curiosamente sobre los que actuaron irresponsablemente: Daniel Arruvito y Luis Quiroga, de la patrulla rural de Salto; Benito Barcos, del puesto de vigilancia de Gahan; Julio Golpe y Walter Barrera, jefes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino; y Juan Carlos Ruiz, de la Jefatura Distrital Salto.

Los tres primeros fueron acusados de omisión de los deberes de funcionario y falsedad ideológica de instrumento público, y los tres últimos sólo por omisión. El abogado Aquilino Giacomelli, que representa a Cristina Robert, madre de la fallecida Gabriela Viagrán, sostuvo que la omisión se debió a que “no le dieron importancia al llamado de un vecino, Casimiro Frutos”, quien el 27 de noviembre alertó al 911 que había visto un auto volcado en el lugar donde fue hallado el vehículo de los Pomar, 11 días más tarde. La acusación por falseamiento se fundamenta en que antes de hallados los cuerpos, los uniformados habían “firmado un acta en la que se dejaba constancia de que se había rastrillado la zona en el mismo lugar donde después aparecieron los cuerpos”.

El caso Pomar resultó un trámite de imposible resolución para el entonces ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli, quien una semana más tarde del hallazgo se embarcaba en una denuncia contra la Jefatura de Sustracción de Automotores por reclutar menores para robar autos y asesinar, para desplazarlo del Ministerio. La denuncia, que jamás avanzó en manos del fiscal Marcelo Romero, pareció haber sido realizada para esquivar el impacto del absurdo.

A fines de enero pasado, Stornelli debió admitir que la investigación de la desaparición de los Pomar fue “un papelón” y que el personal policial había “actuado realmente con negligencia”.

Fernando Pomar, de 40 años, su esposa, Gabriela Viagrán, de 36, y las dos hijas, Pilar y Candelaria, de 3 y 6 años, respectivamente, fueron encontrados muertos en el Fiat Duna Weekend el 8 de diciembre, a 24 días de haber partido desde José Mármol, en Almirante Brown, hacia Pergamino.

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