Gustavo Adolfo Juliá, hoy detenido en España por llevar en su avión al aeropuerto El Prat de Barcelona 944 kilogramos de cocaína, está procesado como “partícipe necesario” en una causa por “defraudación por administración fraudulenta” cuyo principal implicado es César Alejandro López Elorraga, yerno del ex titular del PAMI Víctor Alderete. Los nombrados están imputados, junto con Fernando Alvaro Currais, de haber participado en una maniobra de sobrefacturación en los traslados sanitarios aéreos en perjuicio de la obra social de los jubilados, cuando Alderete era su máximo responsable. La estafa surge de la diferencia entre el precio abonado a las empresas Aerovida S.A., Federal Aviation S.A. y Medical Jet, muy superior a los costos reales fijados por esas mismas compañías. En la causa se probó que fueron adulteradas las facturas entre los años 1997 y 1999. Lo que llamó la atención, a los investigadores, es que mientras en todo el año 1996 se habían gastado 7586 pesos en traslados aéreos, entre 1997 y 1999, las erogaciones por ese rubro llegaron a la suma de 4,4 millones de pesos.

López Elorraga, en su calidad de encargado de la unidad de traslado por razones de salud del Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionadas (nombre formal del PAMI), “era quien contrataba los servicios de vuelos sanitarios para los afiliados (...) pagando altos sobreprecios, valiéndose de los presupuestos sobrevaluados que presentaran Currais y Juliá”, según consta en el pedido de elevación a juicio de la causa, presentado en mayo pasado por la Oficina Anticorrupción, a cargo de Julio Vitobello y al que tuvo acceso Página/12.

En la acusación se dejó constancia que este tipo de contratación “tuvo su comienzo cuando Víctor Alderete se hizo cargo” del PAMI. Con anterioridad “no era usual el traslado de beneficiarios a través de vuelos sanitarios”. Por el contrario, los traslados se hacían “en ómnibus, ambulancia o en su defecto y en casos muy excepcionales, en algún vuelo de línea”. En ese marco se dejó constancia que el PAMI “durante el transcurso de 1996 gastó en este rubro la suma de 7586 pesos, mientras que durante 1997, 1998 y 1999, dicha suma ascendió hasta los 4.461.802 pesos”.

La “abultada cifra” se repartió de la siguiente forma: “3.249.434 pesos fueron abonados a Federal Aviation S.A desde el 13 de marzo de 1998 hasta el 13 de diciembre de 1999; 756.184 pesos fueron abonados a Medical Jet S.A. desde el 17 de julio de 1997 hasta el 10 de noviembre de 1999, y 756.184 pesos fueron abonados a Aerovida S.A. desde el 3 de abril de 1997 hasta el 30 de noviembre de 1998”. Se resaltó que “no sólo el sobreprecio es el matiz que convierte en fraudulentas las contrataciones efectuadas, sino que también, al igual que en muchas de las causas que se investigan en los tribunales federales contra la administración de Alderete en el PAMI, lo es (también) la innecesariedad de los contratos”.

En ese sentido se recalcó que se determinó que “se han contratado vuelos sanitarios por una fractura de fémur o que incluso se ordenaron las contrataciones de los vuelos sin que exista solicitud de traslado aéreo ni por el afiliado ni por la sucursal local (del PAMI), lo que lleva a demostrar la clara intención de las autoridades” del organismo de “beneficiar a las empresas prestatarias de servicio innecesario”.

El sobreprecio se pudo determinar a partir de “la comparación de los precios abonados por el PAMI con el listado de precios y la facturación de Aerovida S.A.”, además de “las pericias llevadas a cabo”, que corroboraron que los vuelos efectuados con al menos 26 afiliados citados en el escrito “fueron pagados en un valor muy superior al de mercado en ese entonces”.

Se citan los 26 casos, algunos de los cuales son harto elocuentes. La paciente V. G. fue trasladada el 22 de diciembre de 1998 desde Rosario hasta Formosa. Por el servicio se abonó la suma de 17.760 pesos, cuando el costo real era de 5800 pesos, conforme al listado de precios de la firma Aerovida S.A. En el caso de la paciente V. N., trasladada el 27 de noviembre de 1998, de Buenos Aires a Rosario, se pagaron 6900 pesos, mientras que el precio real era de sólo 2600 pesos.

La Oficina Anticorrupción afirmó que “no debe olvidarse” a la hora del juicio que “las firmas Medical Jet S.A. y Federal Aviation S.A., resultaron ser dos razones sociales de una misma empresa dirigida por la familia Juliá”. Además, según pudo determinarse en la investigación, “los presupuestos presentados en representación de Aerovida S.A. han sido negados por los representantes de la firma, situación que se ve corroborada por el peritaje efectuado”. Esto confirmó que fueron fraguadas las facturas presentadas a nombre de esa tercera empresa.

López Elorraga, el yerno de Alderete, era el que contrataba los vuelos “a las firmas propiedad de la familia Juliá pagando un sobreprecio que se encontraba basado en los ‘inflados’ presupuestos que presentaran sus consortes de causa Juliá y Currais”. En muchos casos, las diferencias de costos ficticios superaban a los reales “en más de 10.000 pesos”.

Por su actuación, como funcionario del PAMI, López Elorraga es imputado penalmente “en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta, agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública”. Juliá y Currais son acusados como “partícipes necesarios”. Eso los sitúa en igual situación procesal que López Elorraga. Por el delito les puede caber, a los tres, una pena de hasta seis años de cárcel. El juicio oral se realizaría este año.