Quizá no sea el primero ni el último, pero sin dudas Héctor Capaccioli va camino a transformarse en un caso especial: fue procesado dos veces en 24 horas, esta vez acusado de haber sido parte de una banda liderada por el gremialista bancario Juan José Zanola y el empresario Néstor Lorenzo destinada a distribuir medicamentos “truchos” a pacientes gravemente enfermos. El martes había quedado procesado por la distribución discrecional de casi 48 millones de pesos de la Superintendencia de Servicios de Salud entre 52 obras sociales y el uso irregular de fondos de esa entidad en gastos de representación y regalos. Así, a los cargos de “malversación de caudales públicos” y “abuso de autoridad”, además de un embargo por 500 mil pesos, se sumaron ayer los de “asociación ilícita, en carácter de miembro, defraudación a la administración, negociaciones incompatibles y encubrimiento”.

El juez federal Norberto Oyarbide dictó estas medidas contra el ex funcionario kirchnerista en el caso sobre la “mafia de los medicamentos”, primero en un desprendimiento del expediente y ahora en la causa madre, por la cual lo había indagado en octubre. El Centro de Información Judicial (CIJ) informó que Oyarbide, además, embargó sus bienes por 10 millones de pesos. En la causa figuran al menos 15 conversaciones telefónicas entre Lorenzo –considerado uno de los organizadores de la presunta asociación ilícita– y el ex superintendente de Salud y recaudador de la campaña del kirchnerismo, que lo comprometerían seriamente en la causa. En la misma resolución, Oyarbide también dispuso los procesamientos sin prisión preventiva de Hernán Diez, por encubrimiento y lavado de activos, y de Sebastián Gramajo, por asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con encubrimiento, y ordenó trabar embargo sobre sus bienes por 620 mil y 700 mil pesos respectivamente. Gramajo fue el responsable financiero de la campaña kirchnerista, mientras que Diez también intervino en la recaudación del dinero.

Además, el magistrado resolvió ampliar el procesamiento del empresario Gabriel Brito por encubrimiento, con un embargo de 620 mil pesos. Brito ya está excarcelado, pero en su indagatoria al momento de ser detenido dijo que entregó a pedido de Néstor Lorenzo, dueño del laboratorio San Javier, cheques por 310 mil pesos que fueron a parar, sin su aval, a la lista de aportantes a la campaña electoral 2007 del Frente para la Victoria. En su descargo como supuesto “arrepentido”, reveló cómo se realizaban maniobras económicas para cobrar reintegros del Estado y dio nombres de ex funcionarios y empresarios vinculados con la causa. Brito aseguró que Capaccioli y Lorenzo “hacían negociados” para desviar fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) a las obras sociales, y detalló que una de esas formas de supuesta estafa era falsificar recetas o historias clínicas a las que se adjuntaban troqueles “truchos” para cobrarle al Estado remedios por tratamientos inexistentes.

Entre las repercusiones políticas de esta decisión judicial está el pronunciamiento del diputado oficialista Carlos Kunkel, quien aseguró que no complica al Gobierno, sino al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. “Capaccioli tiene a maltraer a su jefe político, que es Alberto Fernández, y sigue siéndolo, a él reportaba y de él dependía, militó toda su vida bajo las órdenes y directivas expresas de Fernández, así como la socia (del ex jefe de Gabinete) está casada con uno de los principales ejecutivos de Clarín, para quien trabaja Alberto Fernández.” Por su parte, desde la Coalición Cívica (CC), el diputado Juan Carlos Morán aseguró que “este gobierno quedará en la historia como el más corrupto”. El legislador agregó que “el procesamiento de Capaccioli es la ratificación de que Cristina Fernández de Kirchner y (el gobernador bonaerense) Daniel Scioli se financiaron con plata sucia”. En tanto, el diputado provincial Sebastián Cinquerrui (CC) exigió que “a esta altura Cristina Kirchner tiene que dar explicaciones sobre el recaudador”.