El grueso de los miembros de la Concentración Nacional Universitaria de Mar del Plata, acusados por crímenes al amparo del terrorismo de Estado antes y después del golpe de 1976, gozó de impunidad durante 35 años. En noviembre el juez federal subrogante, Rodolfo Pradas, ordenó siete detenciones. Sólo dos se concretaron de inmediato. El martes, mientras aún quedan cuatro ex CNU prófugos, el presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Jorge Ferro, denunció por “facilitar las fugas” al propio Pradas. La acusación se produce en un contexto de feroces internas dentro de la corporación judicial marplatense y luego de que la causa estuviera un año en la Cámara Federal, tribunal que, según fuentes con acceso al expediente, también tuvo responsabilidad en las fugas.

Varios de los ex CNU son abogados del foro marplatense. El más famoso es Gustavo Demarchi, detenido el miércoles pasado en Colombia. El fiscal federal Gustavo Rodríguez pidió que se investigue a los responsables de los controles migratorios porque Demarchi tenía prohibida la salida del país desde febrero de 2009. Otros letrados de la CNU procesados pero libres (porque sólo hay pruebas sobre su rol en la asociación ilícita) son José Luis Granel, Roberto Coronel y Roberto Justel.

El Ministerio Público pidió las detenciones e indagatorias de los ex CNU en noviembre de 2009. Antes de que el juez Pradas ordenara privarlos de la libertad, los imputados pidieron la exención de prisión, léase permanecer libres durante el proceso. El juez rechazó el planteo y de inmediato fue recusado, pedido que también rechazó. Cuando los ex CNU apelaron ambas decisiones, entró en escena la Cámara Federal. Como varios de los imputados son miembros o bien tienen fluidas relaciones en la corporación judicial, los colegas de Ferro se excusaron, igual que todos los letrados sorteados para reemplazarlos. La Cámara de Casación debió finalmente completar el tribunal con conjueces de La Plata. Pradas, mientras tanto, consideró que por la debilidad de su nombramiento como subrogante no podía avanzar con las detenciones. Lo concreto es que esa combinación de factores significó para Demarchi & Cía. un año más de impunidad.

El 13 de octubre la Cámara Federal confirmó a Pradas y días después confirmó el rechazo a los pedidos de exención de prisión. Pero en lugar de tomar y comunicar ambas decisiones bajo secreto de sumario, se las notificó al juez y a las partes, con lo cual los ex CNU supieron que los pedidos de detención eran inminentes, noticia que incluso publicó la prensa local. Comenzaron entonces las irregularidades que Ferro detalla en su denuncia, en la que no lo acompañaron los conjueces platenses.

En primer lugar, señaló el camarista, Pradas dio trámite a un incidente de prescripción que hibernaba en su poder desde hacía un año. El 4 de noviembre pidió cupo para eventuales detenciones a la Policía Federal, a Prefectura y a la cárcel de Batán. Ferro calificó como “ridiculez extrema condicionar la viabilidad de una detención a lograr lugar de alojamiento”. Apuntó como agravante que funcionarios del Programa Verdad y Justicia le ofrecieron un día antes cupos en la cárcel de Marcos Paz, propuesta que ratificaron miembros del Programa de Protección de Testigos, y el juez rechazó ambas ofertas. “El lugar de detención lo elijo yo”, les dijo.

El paso siguiente es de una “escandalosa peculiaridad”, denunció Ferro. El 8 de noviembre Pradas pidió la detención de los ex CNU, pero no de inmediato sino “a partir de las nueve horas del día 9 de noviembre”. Ganaron otro amanecer al sol. Mientras tanto, no ordenó ninguna tarea de vigilancia o allanamiento, “dejando librado a criterio de los requeridos la opción de entregarse o no al personal policial”, explicó Ferro.

Cuando la Dirección de Investigación de Tráfico de Drogas Ilícitas le comunicó que no encontraba a los ex CNU, Pradas se tomó 48 horas y dio otro paso extraño: libró cédulas a los domicilios de los imputados para que se presentaran voluntariamente. “Nunca visto en esta jurisdicción”, apuntó Ferro. Concluyó con “dilaciones” llamativas. El 12 de noviembre el juez dejó pasar otras dos horas después de las 13, cuando preveía iniciar la indagatoria. Entonces pidió las capturas, que recién tres días después notificó a los organismos de Seguridad e Inteligencia. Ferro consideró “lesionado gravemente el honor del Poder Judicial” marplatense y denunció a Pradas por violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público, denegación y retardo de justicia y/o encubrimiento.

Los únicos dos detenidos tras la orden de detención de Pradas fueron Mario Durquet y Patricio Fernández Rivero. El miércoles cayó Demarchi, que debe ser extraditado. El martes a la madrugada, en Quilmes, fue detenido Raúl Moleón, vínculo de la CNU con el Ministerio de Bienestar Social en tiempos de José López Rega, y ayer fue detenido Fernando Otero. De esa tanda sólo siguen libres Raúl Viglizo y el librero Piero Asaro. Otros dos ex CNU, Federico Delgado y Eduardo Ullúa, están prófugos desde 2008.