Los Estados Unidos y la Argentina comenzaron a bajar la temperatura del incidente diplomático que se desató la semana pasada, tras la confiscación de material bélico no declarado en un vuelo del ejército de ese país que traía elementos para el dictado de un curso de rescate de rehenes. “No hay ningún incidente diplomático deliberado”, ofreció la mano el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. “Fue prácticamente un malentendido”, recogió el guante Matthew Rooney, encargado de Política Económica Regional del Departamento de Estado. En la Casa Rosada tomaron como una victoria que la posición norteamericana se haya “ablandado”, pero aseguran que hay un punto en el que la Argentina no va a ser flexible: “Las leyes argentinas se hicieron para cumplirse”, insisten, y esperan que sus pares colaboren con la investigación para terminar de cerrar el conflicto.

También hubo turbulencias. Por la tarde, un importante funcionario del Pentágono, Frank Mora, dio una entrevista al canal de noticias TN en la que desmintió los datos que había difundido un día antes el canciller argentino Héctor Timerman, además de sostener que los equipos retenidos por la Aduana “tienen que ser devueltos lo más pronto posible, inmediatamente” para poder resolver el conflicto. Aníbal Fernández dio por zanjado el asunto al asegurar que espera que el subsecretario de Defensa para Asuntos Hemisféricos (un cargo militar equivalente al que ostenta en el ámbito de la diplomacia Arturo Valenzuela) pida disculpas porque “tuvo el tupé de llamar mentiroso a un canciller”.

Sin embargo, en el Palacio San Martín apreciaron más las palabras de Rooney. “Fue prácticamente un malentendido –concedió el funcionario–. Se trataba de una actividad de formación de parte de Estados Unidos que fue acordada de antemano con el gobierno argentino. Que haya habido problemas en los papeles del avión puede ser, pero esas discrepancias las vamos a esclarecer porque no hubo ninguna voluntad de importar cosas indebidas en Argentina.” Esto fue interpretado en Buenos Aires como una invitación a pasar el conflicto “a otros carriles”, con menor exposición pública.

Otra señal positiva, sostienen, fue que una fuente en off del Departamento de Estado haya salido a dar explicaciones en una nota que fue publicada ayer por el Washington Post. En ese artículo, el funcionario acepta (aunque con reservas) que hubo errores en la declaración de la lista de buena fe con el detalle del cargamento. “Por ejemplo –explica el Post–, cada ametralladora y equipo relacionado fue declarada. Pero barriles adicionales de armas presentadas para sustituir barriles que se sobrecalientan (...) fueron incautados porque carecían de números de serie concordantes.”

Según la nota, “el equipo de espionaje no es más que teléfonos por satélite”, de los cuales sólo uno se declaró correctamente, mientras que “el inventario no ha indicado todos los equipos informáticos o códigos clasificados utilizados para hacer las llamadas”, todos capturados por la Aduana. “Camillas, vendas y raciones militares constituyen la mayor parte del resto del equipo no declarado”, agrega el matutino citando a la fuente de la diplomacia de Washington, que da una curiosa explicación: “Los funcionarios argentinos les dijeron a los estadounidense durante la planificación del curso que no se preocupen sobre la declaración de dicho material”, sostuvo.

“Ahora que dieron explicaciones, esto debería tender a entrar a una vía más administrativa –confiaron a Página/12 fuentes de Cancillería–. Una vía diplomática más reservada, porque no quieren que el tema siga rebotando en los medios. Ellos tuvieron que salir a dar detalles y explicar cosas a partir de que lo vieron por televisión millones de personas.” Aníbal Fernández se manifestó en el mismo sentido ayer por la noche, cuando por televisión se mostró confiado en que “esto termine como tiene que terminar”.

Sin embargo, la Casa Rosada no parece dispuesta a ceder en las premisas mínimas: “Nosotros somos respetuosos del cumplimiento de las leyes de otros países en sus territorios y cualquier país del mundo tiene que respetar el cumplimiento de las nuestras”, resumió el ministro del Interior, Florencio Randazzo. “En este caso se incautó material militar, tecnológico, drogas y medicamentos vencidos, y la Justicia y la Aduana deben investigar y EE.UU. colaborar en que se esclarezca el hecho”, completó. Y hasta la presidenta Cristina Fernández tocó el tema de forma tangencial, sin mencionarlo explícitamente, en un acto ayer en El Calafate, cuando llamó a defender “la soberanía nacional” (ver aparte).

El gobierno argentino tampoco quiere que quede en duda que el procedimiento fue el correcto ante una situación irregular provocada por los Estados Unidos. “Si se ve el informe de Valenzuela, dice que la visita fue totalmente acordada con el Ministerio de Seguridad y eso no es verdad”, se plantó Aníbal Fernández. “Lo que aprobó el Ministerio es el manifiesto que mandaron en diciembre. Cuando este manifiesto se coteja con lo que están trayendo, aparecen los elementos que no figuraban allí –explicó–. Esto es muy serio y por eso se paró y se decomisó. Había que plantarse y decomisar, como se hizo. En la Argentina, las cosas son así.”

En el mismo sentido, Randazzo calificó como “lamentable” que “algunos medios de comunicación siempre fijan una postura contraria a los intereses de este país” y que lo hacen “sistemáticamente en función de los poderosos”.

También salió al cruce de versiones e indicó que la inspección del contenido de la aeronave no respondió a “ninguna interna en el Gobierno ni a problemas con Estados Unidos”, sino que “sólo se trata de cumplir con la ley”. Por último, solicitó a Washington que se aclare “el uso que se pretendía dar una vez ingresado al país” a ese material, “teniendo en cuenta que en parte se trataba de elementos que se utilizan en operaciones de Inteligencia”.