La Sala II de la Cámara Federal esperó a que se calmara al menos un poco el revuelo por la detención –y la liberación exprés– del líder del sindicato de los peones rurales Gerónimo “Momo” Venegas y ayer, finalmente, firmó una resolución en la que cuestiona en durísimos términos al juez Norberto Oyarbide por el modo en que lleva adelante la investigación sobre la llamada “mafia de los medicamentos”. Según el tribunal, el magistrado “no ha logrado aún una eficaz dirección de las pesquisas”, expande la causa en “múltiples” expedientes conexos “sin norte”, ordena ciertas detenciones sin pruebas y todo confluye en que se “dilata” la “dilucidación de los sucesos”. El fallo advierte que Su Señoría debería ir elevando tramos de la megacausa a juicio oral, delegar en la fiscalía y olvidarse de acaparar todo.

Del texto de la Cámara se desprende un gran enojo con Oyarbide, a quien –recuerda– es la novena vez que le recrimina que actúa sin criterio, por mucha espectacularidad que le ponga al caso. En esta ocasión, el tribunal tenía que resolver si dejaba detenidos a dos científicos a los que el juez había vinculado con la adulteración de Interferón, que se usa para tratar el cáncer. La droga había sido hallada, adulterada, en la Obra Social Bancaria. Era de la droguería San Javier, de Néstor Lorenzo, que está detenido. Oyarbide imputó a los técnicos biólogos (Carlos Trippi y Marcos Ludueña) por el hallazgo de un convenio que habían firmado con San Javier. Según la Cámara, los especialistas al parecer investigaban, pero no hay pruebas de que produjeran la droga. Por eso los liberó.

Cerca del tribunal aclaran que todavía no están en condiciones de hacer una interpretación análoga sobre la detención de Venegas, jefe de las 62 Organizaciones Peronistas. Porque no saben de cuántas y cuáles pruebas dispone el juez para haberlo indagado por asociación ilícita. El tono del fallo –que firmaron Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun– ya venía determinado de antemano por un “combo” que incluye el anuncio de Oyarbide de que había pedido las causas del narcoavión y el crimen del gremialista del sindicato de Maestranza Roberto Roger Rodríguez y la concatenación de procesamientos al ex superintendente de Servicios de Salud, también recaudador de la campaña del FpV en 2007, Héctor Capaccioli, con la detención de Venegas, referente sindical del duhaldismo.

La Cámara dice que no subestima el contenido de la causa de los medicamentos, sino que cuestiona cómo la conduce el juez. De hecho, ha respaldado la continuidad del expediente, e incluso la detención del dirigente bancario Juan José Zanola y su séquito, y hasta de sus fallos surgió la insistencia de que se investigue a Capaccioli. En el capítulo sobre La Bancaria, no discute las pruebas. Se investigan, refresca, “irregularidades en la comercialización de medicamentos de alto costo (robados, con envases o contenidos falsificados, o erradicados los sellos de distribución gratuita), habiéndose determinado que en las maniobras no sólo participaban los responsables de droguerías y obras sociales sino también funcionarios de áreas estatales”. Pero acota que “el hallazgo de elementos” que despierten sospechas no puede llevar “sin más” a una detención.

Hay una diferencia de concepción entre el juez y los camaristas: para Oyarbide la causa es gravísima porque involucra delitos contra la salud; para la Cámara es gravísima por encerrar una estafa sensacional, pero es un delito económico; hay remedios adulterados pero no personas perjudicadas; el juez abarca más de 50 obras sociales; la Cámara está convencida de que muchas estaban en el negocio, pero que el juez debe focalizar en casos para hacer “elevaciones parciales” a juicio en tribunales orales. Le reprochan que como va sumando “incidencias” y “múltiples sumarios” se va “dilatando la dilucidación de los sucesos a partir del universo de constancias que se aúnan sin norte en una desordenada instrucción”. Y le advierte “que disponga de inmediato lo necesario para corregir las falencias”.