La Corte Suprema rechazó tres recursos presentados por Marcela y Felipe Noble Herrera con los que buscaban impedir el avance de los estudios genéticos que podrían establecer si son hijos de desaparecidos. El tribunal, de este modo, envió una señal a favor de la continuidad de la investigación, en la que todavía está pendiente una extracción compulsiva de sangre ordenada por la jueza Sandra Arroyo Salgado en diciembre, y que ahora se encuentra a consideración de la Cámara Federal de San Martín. Aunque los fallos de ayer no están relacionados directamente con ese estudio de sangre, su efecto no es menor: dejan en manos del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), al menos por ahora, los análisis de ADN, algo cuestionado por los jóvenes, y no ponen obstáculos a la realización de nuevas medidas ni al entrecruzamiento de los perfiles genéticos con los datos de todas las familias que hay en el banco.

En apariencia, el fallo de la Corte es meramente técnico y rechaza las presentaciones por razones formales. Un comunicado del tribunal dice que “no interfiere respecto de las nuevas medidas probatorias ordenadas por la jueza Arroyo Salgado, las cuales han sido objeto de impugnación por los hermanos Noble Herrera”. Que no interfiera es una derrota para los jóvenes y su madre adoptiva, Ernestina Herrera de Noble, quienes buscan impedir desde hace más de nueve años que se establezca si fueron apropiados durante la última dictadura. “Hay un mensaje desde la Corte en sentido de que la causa tiene que avanzar. Están diciendo, en cierto modo, que no van a hacer lugar a planteos manifiestamente dilatorios”, le dijo a Página/12 Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. “A eso se suma que en diciembre del año pasado firmaron una acordada con la que apartaron al Cuerpo Médico Forense de estos estudios genéticos, que encomendaron al BNGD”, añadió.

Los abogados de Marcela y Felipe –Roxana Piña y Alejandro Carrió– habían hecho tres presentaciones en la Corte:

- Una “acción declarativa de inconstitucionalidad” que pedía que se invalidara la ley que dio origen a la creación del BNDG, al igual que la llamada ley de ADN, que regula los allanamientos para la obtención de material genético y habilita la extracción compulsiva de sangre en las investigaciones judiciales que intentan establecer la identidad de posibles hijos de desaparecidos. Los abogados alegaron la supuesta falta de imparcialidad del BNDG, por depender del Ministerio de Ciencia y Tecnología –del Poder Ejecutivo– y la supuesta violación del debido proceso. Fue un reclamo por fuera de la causa principal. Tanto la Justicia de primera instancia, la Cámara Federal y la de Casación lo rechazaron con el argumento de que no se puede hacer “en abstracto”, sino que hay que demostrar un perjuicio concreto. En la Corte, por la misma razón, dijeron que es improcedente.

- También habían presentado un hábeas corpus preventivo, con el fin de evitar un nuevo allanamiento donde la Justicia pudiera incautar objetos de los hijos adoptivos de la directora de Clarín para obtener muestras de ADN o una nueva extracción compulsiva de sangre. En el máximo tribunal explicaron que no se pueden frenar medidas futuras de un juez. Por eso volvió a rechazar la presentación, que ya había corrido la misma suerte en las instancias anteriores.

- Reiteraron, además, la objeción de que sus datos genéticos se crucen con todos los del BNDG. Admitían que sólo se hiciera la comparación con las familias querellantes. El año pasado, la Cámara de Casación les rechazó un planteo en ese sentido porque el escrito no estaba firmado por ellos sino por los abogados –Jorge Anzorreguy y Horacio Silva–, que además son abogados de su madre adoptiva. Ese tribunal sostuvo, incluso, que la jueza debía tomar medidas para garantizar que los letrados no ejercieran la representación simultánea o sucesiva de ambas partes, ya que los jóvenes son víctimas y Ernestina Herrera de Noble, la principal investigada. Aunque no se metió en la discusión, la Corte ahora dejó firme esa decisión de Casación y, por lo tanto, dejó despejado el camino para que todo cotejo se haga con todos los datos del banco.

En la Corte dicen que tarde o temprano podrían pronunciarse sobre la constitucionalidad del BNDG y la ley de ADN, pero por ahora no tienen ningún planteo donde estudiarlo. Ahora –aunque aún no hay fecha de audiencia– le toca a la Sala II de la Cámara Federal de San Martín decidir si avala la última extracción compulsiva de sangre ordenada por Arroyo Salgado, después de que todos los peritos (los del BNDG y los de las partes) coincidieran en que ninguna de las muestras genéticas recolectadas hasta el momento es indubitable. En el caso de la muestra de sangre que habían dado Marcela y Felipe en 2009 ante el Cuerpo Médico Forense, está en duda que se haya mantenido la “cadena de custodia”. En relación con las prendas, cepillos de dientes, afeitadoras y otros elementos secuestrados en aquel entonces y el año pasado por orden de Arroyo Salgado hubo irregularidades en los procedimientos, se halló ADN de varias personas en una misma prenda y, si bien se trazaron perfiles genéticos, los peritos dicen que no pueden afirmar que sean de los jóvenes.