Dicen que alguna de las abuelas se acercan al juicio por el plan sistemático de robo de bebés convencidas de que alguno de ellos todavía puede contar algo. Que durante el primer día de audiencias, mientras se iban sucediendo una a una la lectura de los 34 casos de hijos robados durante la dictadura, los miraban a la cara cómo intentando leer algún gesto de sobra, una idea distinta, un dato verdadero. Sucedió con las abuelas, muchas de las cuales están o estuvieron nucleadas entre las Abuelas de Plaza de Mayo y se acercaron ya ancianas al primer día del debate en Comodoro Py. Y sucedió con alguno de esos hijos robados y recuperados, que escucharon en la sala la lectura de la acusación a los represores.

Eso mismo volvió a pasar ayer durante un momento. En la sala, entre los querellantes estaba Paula Logares, una de esas hijas, que escuchaba y escuchaba y miraba cada tanto a Jorge Rafael Videla. El dictador fue el único de los ocho acusados en la causa por el robo de bebés que estuvo presente en el segundo día del debate. Entró con las manos esposadas, y ese traje gris que aunque traje es ropa de preso. Durante la mañana, dos secretarios del Tribunal Oral Federal 6 –a cargo del juicio– le leyeron los cargos elaborados por la fiscalía de primera instancia en septiembre de 2008 en el pedido de elevación a juicio. Videla fue acusado por 21 de los 34 casos del juicio porque su nombre corrió por una causa paralela tramitada por el viejo código. Entre esos casos está la nieta del poeta Juan Gelman, de María Isabel Chorobik de Mariani y de Estela Carlotto. También un caso número 22, que es el hijo de Liliana Delfino.

La segunda audiencia se hizo con un poco más de silencio. Con las salas destinadas al público semivacías, como curiosamente sucede muchas veces en los juicios; esta vez tampoco se ocupó ni una sola silla destinada a los camaradas de los represores.

La acusación lo consideró culpable por “haber participado en la sustracción, retención y ocultamiento de menores, así como en la sustitución de sus identidades” en su condición de comandante en jefe del Ejército Argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 31 de julio de 1978. Durante ese tiempo, se escuchó del escrito, “tenía el comando operativo de todos los centros clandestinos de detención que dependían de esa fuerza, y de los procedimientos llevados a cabo por personal subalterno” y en ese carácter “deberá responder en calidad de autor mediato por los hechos”.

Para explicar su responsabilidad, la fiscal usó la figura de una pirámide alta con estamentos funcionales y jerárquicamente relacionados, como eslabones de una cadena: “Imaginemos que alguien comienza a derramar un líquido que se desliza suavemente por los eslabones de la cadena, y concluiremos que todos están mojados”. En la metáfora, Videla aparece como el líquido, y el resto de los acusados como integrantes del engranaje: “Un presidente de facto que, ocupando roles con capacidad de emitir decisiones autorizativas, dispone llevar a cabo acciones ilegales, e imaginemos que esa orden desciende por los organismos de la institución y lógicamente concluiremos en que la orden pasó por diversos organismos-eslabones”.

Ese esquema que en la lógica jurídica intenta explicar responsabilidades mediatas e inmediatas ubica a Videla en la cúspide de la cadena de mandos que le permitió “a través de sus órdenes el manejo del aparato de represión ilegal que sirvió de herramienta para que los delitos sean perpetrados”.

Esa fue la razón por la que la Cámara de Casación Penal confirmó su última prisión preventiva, y Videla volvió a quedar detenido. Pese a que esta causa estaba abierta, él estaba en libertad. Su procesamiento se leyó un día después de la lectura de los procesamientos de la mayoría de los otros acusados porque él formaba parte de una causa distinta que tramitaba por el código viejo en el juzgado de San Isidro.

Además de Videla son juzgados Reynaldo Bignone y los jefes de la estructura represiva: Antonio Vañek, ex jefe del Comando de Operaciones Navales; Jorge “El Tigre” Acosta, que estuvo a cargo de la Unidad de Inteligencia del GT 3.3.2 de la ESMA; Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo; Rubén Oscar Franco, comandante en jefe de la Armada desde el 19 de octubre de 1982 hasta el 10 de diciembre de 1983. Hay dos imputados más a los que probablemente se sumarán otros como autores específicos de casos puntuales. Uno de ellos es Juan Antonio Azic, que será juzgado por el caso de Victoria Donda Pérez, y el médico Jorge Luis Magnacco, que con Acosta y Vañek serán juzgados por la apropiación de Gonzalo Penino Viñas. Las acusaciones contra Azic y Magnacco será leídas durante la audiencia prevista para hoy.

Videla está acusado entre otros casos por el de Mónica Sofía Grinspon de Logares, la madre de Paula (ver aparte); Inés Beatriz Ortega de Fossati, la madre de Leonardo; Laura Estela Carlotto; María Claudia García Iruretagoyena, la madre de Macarena Gelman, y Sara Rita Méndez Lompodio.

El caso de Sara Méndez se enunció ayer con una aclaración. Ella fue secuestrada y trasladada al centro clandestino ubicado en Automotores Orletti cuando su hijo Simón Riquelo tenía 20 días. A su hijo se lo llevaron y nadie supo nada de él hasta el año 2002, cuando se lo identificó anotado como hijo del subcomisario Osvaldo Parodi, de la Comisaría 33ª. Por ese caso Videla fue condenado en el Juicio a las Juntas, pero ayer se aclaró durante la lectura de los cargos que no se trata de “cosa juzgada” por la resolución de la Cámara Federal de 2008 que entendió que este tipo de delitos no cesa hasta que el niño recupera su identidad.

Otro de los casos agregados por fuera de la acusación y a pedido de las querellas encabezadas por Abuelas de Plaza de Mayo y la Fundación Clara Anahí es el hijo de Liliana Delfino, secuestrada junto a su pareja Mario Roberto Santucho el 19 de julio de 1976 en Villa Martelli y cuya desaparición fue denunciada por su suegra Manuela Juárez de Santucho. Según los testimonios de la causa, Liliana estuvo alojada como prisionera en Campo de Mayo y dio a luz en un centro clandestino reservado para embarazadas y llamado “La 205”, ubicado en Ezeiza.

Al final de la lectura de la acusación de la fiscalía, las querellas decidieron desistir de la lectura de las suyas. Las defensas de los represores estuvieron de acuerdo. En ese momento y antes de terminar la audiencia para pasar a un cuarto intermedio hasta el día de hoy, la presidenta del TOF 6, María del Carmen Roqueta, lo consultó a Videla: “Ninguna oposición, señora presidente”, le dijo él, fue lo único que dijo, y esta vez no se durmió.