Dos especialistas de la División Balística de la Policía Federal dejaron mal parado al perito Roberto Jorge Locles al declarar ayer como testigos en el juzgado de Alberto Baños, donde confirmaron que golpeó y alteró la bala que mató a Mariano Ferreyra, una evidencia fundamental en la investigación del crimen. Aquel episodio ocurrió en medio de una junta de peritos, la semana pasada, y se abrió una causa penal por destrucción o sustracción de medios de prueba. Ahora, la Justicia analiza si la conducta de Locles, quien representaba el interés de la mayoría de los integrantes de la patota de la Unión Ferroviaria (UF) en el expediente del homicidio, fue premeditada.

“Es la primera vez en la historia de la División Balística que pasa una cosa así”, dijo el inspector Juan Andrés Leguiza, al declarar bajo juramento ante el juez Baños, según pudo reconstruir Página/12. El policía, que presenció la desconcertante escena, comentó que lleva doce años en esa dependencia y que el mismo comentario sobre lo anómalo de la situación era compartido por colegas suyos que están allí desde hace tres décadas. Leguiza contó que Locles quería insistir con la teoría de que el proyectil había rebotado sobre una superficie dura antes de impactar en el abdomen de Mariano. Y dejó a todos los presentes anonadados cuando agarró la bala y la golpeteó sobre un escritorio revestido de fórmica. Según describió el testigo, había otras balas exhibidas como para que usara quien quisiera hacer una demostración. Es lo habitual, señaló, para evitar modificar las pruebas en pleno estudio. Pero Locles usó la original.

La reunión de peritos, que había sido ordenada por la jueza Wilma López –quien investiga el homicidio del militante del Partido Obrero–, tenía el propósito de que unificaran criterios, ya que la pericia de Gendarmería sostenía que la bala rebotó en algo que podría ser el suelo y la de la Policía Federal decía que el disparo fue directo. Locles insistía con la primera hipótesis, que los imputados pretenden usar para decir que si hubo disparos, no existió la intención de matar. Lo que generó las discrepancias fue que el proyectil, apenas fue extraído, presentaba una abolladura. Cuando los peritos de ambas fuerzas y de la querella estaban cerca de consensuar un informe que podría incluir las dos teorías (contemplando que el rebote, por ejemplo, pudo haber sido con un hueso del joven), se produjo el incidente con Locles.

El perito, que oficialmente representaba a Guillermo Uño –uno de los ferroviarios detenidos–, aunque lo avalaba la mayoría de las defensas, sostuvo que él “apoyó” la bala. “Pero vamos a suponer que se haya golpeado –añadió–; no se puede deformar por ese medio un proyectil de plomo y antimonio, que perfora la puerta de un coche.” Luego apuntó a la Policía Federal: “¿Y si después que me fui la abollaron con un martillo?”, preguntó. “La causa está armada”, dijo.

El inspector Leguiza explicó ayer ante el juez que decidió labrar un acta porque a su entender el plomo quedó alterado. “Durante el manipuleo del proyectil (...) por parte del licenciado Locles, le generó leves aplastamientos en parte de su ojiva”, decía el documento. Las pericias fundamentales sobre la bala ya se hicieron, lo que hace suponer que no se debería modificar el rumbo de la causa, donde hay diez detenidos. Lo que Leguiza aseguró en tribunales es que si hoy tuvieran que hacer el primer estudio pericial, el resultado seguramente sería otro porque los cambios de textura y brillo de la munición, dijo, son notables.

Otro subinspector que estaba en la junta de peritos hizo un relato casi idéntico al dar testimonio en el juzgado de Baños. Entre hoy y el viernes declararán otros policías, peritos de la Gendarmería y de la querella de la mamá de Mariano Ferreyra. El juez intentará establecer si hubo intención de parte de Locles de destruir la prueba, si la bala quedó afectada o inutilizada y si lo ocurrido acaso forma parte de un intento mayor –que incluya a otras personas– de embarrar la cancha en la causa en la que se investiga el ataque de la patota de la UF a trabajadores tercerizados y organizaciones sociales, donde mataron al joven militante y balearon a otras tres personas.

Para esto, Baños sumará como pruebas algunas escuchas telefónicas que forman parte de la investigación de la jueza López, de donde surgirían sospechas de que la actuación de Locles no habría sido accidental. El hecho incluso fue uno de los factores señalados por la magistrada al denegarle la excarcelación al líder de la UF, José Pedraza, como ejemplo de que desde el gremio ya habrían intentado entorpecer del expediente.