“Se necesita una ley (de adopción) que proteja a los menores y (para) que las familias desesperadas por tener un hijo no cometan maniobras ilegales. No podemos seguir teniendo esta ley”, dijo ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al anunciar que la reforma de la actual norma estará en la agenda legislativa de este año. La iniciativa oficial apunta especialmente a impedir un extendido sistema de guardas al margen del sistema oficial de adopción, mediante el cual la familia adoptante se pone en contacto con una mujer embarazada, a través de un estudio de abogados, y logra la tenencia del niño en un procedimiento que suele ser convalidado por los jueces.

El proyecto oficial está siendo analizado en el marco de una comisión de expertos que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia. La reforma de la Ley de Adopción, sancionada en 1997, es una asignatura pendiente ya que la norma vigente no se encuadra dentro de la Ley 26.061, de Protección de la Infancia. Es decir que está pensada para resolver la demanda de los adoptantes sin que se privilegien cabalmente los lazos del niño con su familia de origen y su entorno. A este problema se suman las limitaciones del Registro Unico de Adoptantes, vigente desde hace cinco años, al que sólo han adherido diez provincias, mientras que otras cinco todavía tienen pendiente el trámite legislativo de adhesión.

La Presidenta mencionó en su discurso la necesidad de una ley que “proteja a los menores”. Federica Otero, directora del Registro Nacional de Adoptantes e integrante de la comisión de expertos del Ministerio de Justicia, explicó a este diario que uno de los ejes de la reforma es eliminar la extendida práctica de las denominadas “guardas puestas”, en las que las parejas “se hacen cargo de los bebés, sin intervención judicial, y luego se presentan ante el juez a través de un estudio de abogados, para convalidar la guarda”.

La iniciativa oficial se sumará a la que fue presentada hace un año por la diputada María Luisa Storani (UCR), que también apunta a “privilegiar el interés de los niños por sobre el de los adoptantes”. Otras iniciativas, en cambio, se limitan a promover una agilización en los procedimientos para la adopción.

“Justamente las provincias donde se han denunciado casos de trata son las que no han adherido al Registro Unico”, dijo a Página/12 Nora Schulman, directora del Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn). El organismo no participa de la comisión del Ministerio de Justicia, pero avala el proyecto presentado en 2008 por el entonces diputado Emilio García Méndez, que fue retomado el año pasado por María Luisa Storani.

“Mientras a una familia pobre, en la Argentina, se le pueda sacar un chico a causa de su pobreza, la adopción está moralmente y éticamente comprometida”, definió García Méndez, en diálogo con este diario. El especialista se mostró a favor de restringir la adopción plena, que le quita al niño su identidad de origen. “Se nos ha hecho creer que la adopción es un derecho de las familias, cuando en realidad es un deseo. Todo niño tiene derecho a una familia, pero no toda familia tiene derecho a un niño”, definió García Méndez. El abogado denunció que existe “un negocio legal o ilegal en manos de estudios especializados en adopciones”.

Su proyecto, apoyado por la diputada Storani y por el Casacidn, no apunta a agilizar los trámites de adopción sino a “hacerlos más transparentes”. “La ley debe privilegiar el interés del chiquito de estar con su familia de origen. No hay que sacarles los chicos a las mamás pobres, como suele suceder. Se debe apoyar a la familia de origen, aunque se perjudiquen los adoptantes”, afirmó Schulman.