Una delegación oficial encabezada por el ministro de Justicia, Julio Alak, viajó la semana pasada a París para reunirse con las autoridades del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Allí se asumió el compromiso de avanzar con mayor celeridad en las reformas sobre delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. De ese modo, el Gobierno evitó una sanción del organismo, el cual le dio plazo hasta junio para presentar resultados concretos. El problema es que para tener el visto bueno del GAFI va a ser necesario que el Congreso apruebe la ley antilavado. Por eso ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner les metió presión a los legisladores. “Es probable que la Argentina sea condenada por el GAFI, pero no por lo que no ha hecho su Poder Ejecutivo sino porque no se han sancionado las leyes o no se han dictado las sentencias que deberían haberse dictado”, afirmó.

Hasta el 2000, en la legislación nacional sólo se castigaba el blanqueo de divisas provenientes del narcotráfico, pues el lavado no estaba tipificado en el Código Penal. En abril de ese año se sancionó la ley 25.246 que dispuso la creación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y amplió las facultades del Estado al permitir la investigación penal del lavado de activos provenientes de cualquier actividad ilegal. Sin embargo, exigía que el lavador no fuera al mismo tiempo el autor del delito.

El 23 de junio del año pasado, el Gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que propone penar con prisión el lavado de activos sin necesidad de probar un delito precedente. Este último dato es clave porque en la actualidad para condenar a una persona por lavado primero se requiere castigar el delito que motivó ese lavado (narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, trata de personas y prostitución). Como consecuencia de esa exigencia, resulta prácticamente imposible condenar a alguien, pues no alcanza con que una persona no pueda justificar sus activos para imputarle este delito. Algunos jueces lo han hecho, pero el acusado suele impugnar lo actuado y por lo general el caso se archiva y ni si quiera se le puede confiscar el dinero.

Además, al considerar el lavado de activos como un delito autónomo se elimina la restricción que lo une al acto de encubrir delitos ejecutados por otros y se abren las puertas para sancionar el “autolavado”, es decir, el lavado de dinero propio obtenido de manera ilegal. El proyecto también faculta a la UIF para presentarse como querellante en causas penales donde se investigan estas infracciones, y amplía el listado de los sujetos obligados a reportar a la UIF las operaciones sospechosas de encubrir lavado, como inmobiliarias, vendedores de autos y embarcaciones. Estas reformas están en sintonía con las recomendaciones que hizo el GAFI, pero el proyecto se empantanó en el Parlamento. Fue a parar a la Comisión de Legislación Penal, la cual es presidida por el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega. Allí el oficialismo es minoría y Vega “durmió” la iniciativa.

Luego la Coalición Cívica presentó su propio proyecto para sancionar el lavado. “Procuramos modificar una ley que en diez años sólo obtuvo dos condenas, y no por lavado, mientras la valija de Antonini, la bolsa de (Felisa) Miceli, la mafia de los medicamentos y el caso Skanska siguen impunes”, afirmó Elisa Carrió en agosto del año pasado. La iniciativa de Carrió –redactada por el ex representante argentino ante el GAFI, Juan Félix Marteau– tiene puntos de contacto con el proyecto oficial, pero se diferencia fuerte al proponer la eliminación de la UIF y su reemplazo por una Agencia de Inteligencia Financiera, que dependería del Congreso.

“Sería el primer organismo de policía del mundo que tendría que responder a un Parlamento. Es una propuesta que no resiste el menor análisis, sólo se la impulsó para congraciarse con las empresas que cuestionan a la UIF”, afirmó a este diario una fuente oficial. Un tercer proyecto para sancionar el lavado de dinero fue presentado por el diputado del PRO Federico Pinedo.

A fines del año pasado, lo que se hizo fue conformar un grupo integrado por expertos que redactó un nuevo proyecto tratando de consensuar elementos de las tres iniciativas. El próximo paso es lograr el apoyo político necesario de las partes para sancionarlo y evitar de ese modo que el GAFI aplique alguna sanción al país.

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