El gobierno bonaerense separó de sus cargos a la cúpula del complejo penitenciario de José León Suárez, donde tres personas privadas de su libertad denunciaron, por separado y ante distintos funcionarios judiciales, que las autoridades de la U48 los sacaban a la calle para robar. Debido a la opaca política de comunicación oficial, se ignora qué ocurrirá con los sancionados ni si se instruye un sumario administrativo. El gobierno también clausuró el pabellón 12, donde estaban alojados los denunciantes, luego de que el Subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín, constatara en persona condiciones alucinantes de superpoblación y violencia, que la Comisión Bonaerense por la Memoria denunció a la Justicia. Durante una visita conjunta con el CELS, la Comisión entrevistó a cincuenta reclusos, la mitad de los cuales tenían lesiones, que en diez casos “eran gravísimas y se vislumbraban marcas de palos, patadas, ojos morados y heridas”. Estos hechos “fueron denunciados a sus juzgados de origen, pero dan cuenta de una práctica sistemática”, de la que nadie se hace cargo. El Comité contra la Tortura que depende de la Comisión presentó 28 recursos de hábeas corpus, por 35 detenidos en el pabellón 12. Los profesionales que participaron en la visita afirman que “los detenidos mostraban un nivel de miedo que otras veces no percibimos, debido a las prácticas sistemáticas y aleatorias de castigo violento”. Tres de ellos parecían en riesgo de perder un ojo por los golpes recibidos. En junio del año pasado, el Consejo de Defensores Generales calculó que, de acuerdo a los estándares internacionales que obligan a la Argentina, la U48 podía alojar un máximo de 240 detenidos. El SPB le asignaba el doble, 480 plazas, pero el jueves había alojados 554 seres humanos, es decir un 25 por ciento más que el ya mezquino cálculo oficial. La Comisión Provincial por la Memoria y el CELS comprobaron que en ninguna de las celdas con dos camastros había menos de tres detenidos, en varios casos había seis y en una había ocho. Estaban encerrados las 24 horas, sin acceso a duchas, aire libre ni agua, y se turnaban para dormir. Hacía días que no les entregaban los bidones de agua que ordenó la justicia, de modo que debían consumir el agua contaminada por el basural del Ceamse sobre el que se construyó la cárcel. Hay varios inodoros tapados, a punto de rebalsar de agua y materia fecal, lo cual obliga a los detenidos a orinar en botellas. “El olor era irrespirable, también perdían agua por lo cual el piso se encontraba constantemente mojado, lo cual sumado a las precarias instalaciones eléctricas constituían un grave peligro. A simple vista se podía apreciar al lugar infectado de cucarachas. Las ventanas tenían todos sus vidrios rotos”, cuyos pedazos estaban esparcidos en el suelo. Durante la inspección del jueves, el SPB repartió dos colchones por celda. Los detenidos se turnaban para ocuparlos. El resto se tendía sobre el piso mojado de inmundicias. Varios detenidos dijeron que en los patios contiguos existía una “zona liberada desde donde eran agredidos y robados por otros detenidos en connivencia con personal del SPB”, sostiene el recurso presentado por la Comisión por la Memoria en el juzgado de ejecución penal Nº 1. La mayoría de los arrumbados en ese pabellón de castigo no tenían ninguna sanción o ya la habían cumplido. Estaban allí porque los habían trasladado desde otras unidades, en aplicación del sistema de separación de condenados de procesados, del que las que el gobierno provincial se jacta. Mientras la delegación de las organizaciones entrevistaba a los detenidos, el personal penitenciario comenzó a pintar las paredes, en un vano intento por tapar lo inocultable. Cuenta una de las abogadas que participó de la visita: “Entramos y el pabellón era cremita con puertas grises. Salimos y la mitad ya era gris, con las puertas oscuras”. En las celdas los visitantes vieron un teléfono celular y varias facas y recibieron confirmación por parte de varios detenidos, de que algunos de ellos eran obligados por las autoridades a salir del penal para robar. Este horror sucede a veinte minutos de dos departamentos judiciales, los de San Martín y San Isidro, poblados de jueces, fiscales y defensores. La abrumadora mayoría de ellos no se sienten interpelados por este rostro de la inseguridad. En diciembre, durante el acto de egreso de 300 nuevos penitenciarios, el gobernador Daniel Scioli los describió como “promotores de valores, del respeto a la ley, y el respeto a los Derechos Humanos en el marco del Estado de Derecho”.

Lo primero, negar

La primera reacción gubernativa ante la publicación del caso en esta página fue negar los hechos. Esta vez no tomó la palabra el ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, sino el subsecretario Albarracín, un joven funcionario proveniente de la Procuración General. Su tono es sobrio y formal, a diferencia de las estrepitosas intervenciones del ministro. Pero el cambio de estilo no alcanza para disimular la gravedad de los hechos denunciados. Su declaración, enviada el miércoles a este diario, no pudo responder a las cuestiones centrales: las fotografías de varios de los denunciantes vestidos con piezas del uniforme del Servicio Penitenciario Bonaerense, las fiestas con alcohol y prostitutas que se realizan en la U48 y los tiroteos sobre detenidos por parte de funcionarios borrachos, que están documentadas en distintas causas judiciales. Albarracín sostuvo que el allanamiento judicial no confirmó los cargos sobre el desarmadero y que los vehículos que señalaron los acusadores no eran robados. También dijo que el cotejo de las denuncias con los registros del ministerio público sobre autos robados dio resultado negativo. Un fiscal y un defensor consultados para esta nota explicaron que el sistema informático del ministerio público no registra los únicos datos que aportaron los denunciantes (la marca y el color de los autos que habrían robado para los jefes penitenciarios) sino los números de chasis, motor y dominio, que ellos no conocían, por lo que esa constatación sería imposible.

Ni Traffic ni Falcon

Según Albarracín, el Juez de Garantías Nicolás Schiavo autorizó todas las medidas que pidió el fiscal Germán Martínez: “Proceder al secuestro de automóviles con pedido de secuestro y/o chapa patente cambiada, armas de fuego, legajos de personal (que tengan relación con la investigación) y de los internos y todo otro elemento que se presuma provenga de un ilícito”. Agrega que “los propios denunciantes señalaron al fiscal que dos de los vehículos que se encontraban estacionados en ese momento en el interior la unidad (un camioneta marca Traffic y un Ford Falcon) eran robados”, pero las pericias lo desmintieron. (La idea de robar un Falcon para desguazarlo es estrambótica: dejó de fabricarse hace veinte años y se consigue por la quinta parte de lo que cuesta un 0 Km actual. Ese mercado marginal no justifica ni el costo ni el riesgo del robo y el desguace. Cuesta creer que los reclusos hayan señalado ese vehículo sin una eficaz persuasión previa por métodos expeditivos.) El fiscal también inspeccionó la armería y la administración, “encontrando todo absolutamente en regla”. No explica qué anomalía buscaban en esos sectores, que no fueron mencionados en las denuncias.

El funcionario informa que los tres denunciantes compartían el pabellón del Area de Separación de Convivencia, por lo que “no cabe descartar un acuerdo para denunciar”. Antes habían participado en las “reiteradas quejas y protestas de los detenidos que se resistían a cumplir las restricciones para los horarios de salida de la celda” que habían tomado las autoridades del penal. (Es decir que aun antes de visitar la U48, Albarracín conocía los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se imponían a los detenidos.) Además, escribió, “las autoridades del penal habían tomado conocimiento de que un agente penitenciario había extraviado y/o entregado a los internos un celular”, por lo cual se labró un sumario en el que fueron imputados dos de los denunciantes. A su juicio, esto “hace poco creíble la afirmación de que el propio director de unidad entregara o hiciera entregar celulares a los internos”. Es un curioso razonamiento invocar la entrega de un celular por parte de un agente como prueba de que sus superiores no hicieron lo mismo. ¿Qué quiere decir “extraviado y/o entregado”? La respuesta es poco importante. En cualquier caso, con ese aparato se tomaron las fotos que muestran a varios internos con camperas de camuflaje, gorras y chalecos antibalas y escudos protectores del Servicio Penitenciario. Esas fotos ocupan las fojas 10 y 14 de la Investigación Penal Preparatoria 150000715811, y el CD del que provienen, las fojas 7 y 8. Sería útil que Albarracín explicara en qué consiste esa Separación de Convivencia que ni siquiera impide a las personas allí castigadas el acceso a las vestimentas oficiales de la institución encargada de su control. Además, otro celular fue visto en ese pabellón durante la visita del jueves, lo cual demuestra que no se trata de algo infrecuente.

Cuestión de concepto

Albarracín alega que los denunciantes “tienen en su legajo informes de concepto malo y conducta pésima”, lo cual desmentiría que a cambio de los robos se les hubieran ofrecido informes de buena conducta. Que el cumplimiento de esa promesa esté pendiente no niega su existencia. Por otro lado, la conducta, concepto y diagnóstico favorables que importan son los que se confeccionan cuando un recluso llega a la altura de la condena en que puede solicitar salidas laborales o la libertad anticipada. Además, los denunciantes también dijeron haber recibido un ofrecimiento de mil a mil quinientos pesos por vehículo robado. En busca de incongruencias, el Subsecretario señala que la nota de este diario pasó por alto que en diciembre cambiaron las autoridades del penal y del complejo que integra junto con otras unidades. No es así. La nota señala que uno de los reclusos señaló al anterior director Mario Aranda y otro al relevado el viernes, Raúl Galeano, y que todos hablaron de los últimos meses. Albarracín también arroja dudas sobre “uno de los funcionarios judiciales a quien se cita en la nota”, por haber presentado “otras denuncias análogas”. Lo ejemplifica con la misteriosa desaparición de un preso que había denunciado a un guardiacárcel. Según la versión oficial se había fugado y su recaptura posterior dio “por tierra con las afirmaciones infundadas que se generaron”. El caso es más interesante de lo que Albarracín sabe. El preso que menciona, quien usa en forma indistinta los apellidos Almejeira y Ruiz Díaz, fue condenado dos veces, por robo y por matar a un pibe de un disparo en la nuca. Alojado en la U48 fue uno de los heridos por un agente beodo en una fiesta del Servicio Penitenciario. Pese a sus antecedentes consiguió una extraña autorización para trabajar afuera. Cuando pasaron dos días sin que volviera al penal, el secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolati, denunció su desaparición. El Servicio Penitenciario Bonaerense ni había informado la presunta fuga ni había pedido su captura. Los jueces que intervinieron en la causa creen que en realidad el Servicio Penitenciario Bonaerense lo dejó ir y Casolati lo puso en evidencia sin querer. De hecho, luego de su recaptura, el detenido pidió ser alojado en una comisaría, por temor a volver a la U48.

La nota de Albarracín se deshace en elogios a su propia política penitenciaria y menciona el aval de organismos de Naciones Unidas al programa Casas por Cárceles. La realidad es que no se aplica, por falta de personal. Las viviendas construidas están desocupadas, como se constató en la visita del jueves. Albarracín también invoca como presunto respaldo de la política de Casal al Consejo de Defensores Oficiales de la Provincia. Es difícil compatibilizar esta visión con el documento del Consejo de Defensores Generales (ése es su nombre verdadero) que hace seis meses cuestionó la respuesta inmobiliaria del gobierno provincial, que construye cárceles y alcaidías con créditos del BID. El Consejo de Defensores sostiene que la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario es de 15.600 plazas, de modo que la población de 26.018 personas implica un índice de ocupación del 167 por ciento, que treparía al 192 por ciento considerando también las 4.068 personas privadas de libertad en comisarías que había en ese momento y que ahora han descendido a 2500. Su traslado a las cárceles, para evitar una condena de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos colapsó las unidades que los recibieron. Para el Consejo de Defensores, el dictado continuo de leyes que incrementan sin pausa la cantidad de personas en las cárceles tornan vanos los esfuerzos por superar la superpoblación, lo cual no se logra “solamente con la construcción de más cárceles”. En cambio, es urgente el dictado de una ley de cupos. “Y esta es una decisión política.” Desde 1990 la cantidad de detenidos bajo proceso creció un 296,7 por ciento, tendencia que se acentuó desde 1998, lo que demuestra que “el número de detenidos guarda escasa relación con la frecuencia de los delitos”, recuerdan los defensores. Cada país toma la decisión política sobre “qué población penitenciaria está dispuesta a tener”, dicen. “La seguridad comunitaria no mejora ni con aumento de penas, ni con aumento de presos ni con más prisiones”. Se ha llegado a un número de detenidos sin “proporcionalidad alguna ni con el aumento demográfico de la población ni con el aumento de los índices delictivos en la provincia”, pero que “reproduce y potencia un sistema violento que no contribuye a la paz y la seguridad comunitaria”. El documento parece inspirado por lo que hoy ocurre en la U48, pero no es así. Lo que ocurre es que ésa es la situación general del sistema penitenciario bonaerense. Los defensores consideran que la construcción de las nuevas cárceles y alcaidías penales sólo acentuará ese grave problema si no se producen “reformas al sistema de excarcelaciones”, al estilo de las que ahora propugna el gobierno de Chile. Luego de una reseña de las condiciones indignas de alojamiento, incluyendo imágenes de los retretes dentro de las celdas, donde los presos también comen, los defensores consignan que tal situación se agrava con el alojamiento de dos personas, “cuyo sentido de autoestima y dignidad ya ha sido perturbado por otros factores relacionados con el encarcelamiento, obligadas a practicar los ritos más privados frente a los ojos del otro”. Esto es inconstitucional e “irreconciliable con el pretendido fin de resocialización o moralización”. (Ni hablar de lo que ocurre cuando en vez de dos son seis y el retrete está tapado.) Ese hacinamiento, la ausencia de selección de quienes compartirán los dormitorios colectivos, de vigilancia nocturna y de control de la vida en los pabellones, determina que la vida cotidiana sea gestionada por “los individuos o grupos que, en general, a través de liderazgos violentos y códigos tumberos se imponen sobre el resto” y con los que “la autoridad penitenciaria debe negociar, conceder privilegios o de alguna forma reconocer esos espacios de poder existentes, tendiendo a su reproducción”. El informe también impugna “el uso abusivo de la detención preventiva”, que atribuye tanto a las sucesivas reformas procesales cuanto a la forma en que los jueces provinciales aplican esas normas, por temor a los reclamos de “los medios de comunicación y el mismo poder político”. En lugar de “aumentar el número de cárceles como medio privilegiado para combatir la sobrepoblación”, el Consejo de Defensores estimula la aplicación de medidas alternativas a la prisión y la adecuación de las leyes procesales a los estándares internacionales de derechos humanos. También sostiene que se debe “exigir al Estado Nacional la sanción de un Código Penal menos represivo que el surgido en abril del 2004”, gracias al ex ingeniero Blumberg. En las conclusiones de su informe, el Consejo insta “a las autoridades políticas a limitar el índice de prisionización” y reitera que “el aumento en la construcción de cárceles no remediará la situación de sobrepoblación, sino que sólo profundizará la problemática reseñada”. Después de su visita del jueves a la U48, sería recomendable que Albarracín revisara la nota de descargo que envió a este diario. Comprobaría la distancia entre el mundo idílico de la burocracia y la realidad infernal que esa burocracia administra, en detrimento tanto de la dignidad humana como de la seguridad de la comunidad.