Bajo los cargos de presunto lavado de dinero y defraudación al Estado, la denuncia contra Sergio Schoklender por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos destinados a las cooperativas de viviendas de las Madres de Plaza de Mayo llegó a los tribunales federales, donde recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide. Ayer, tras recibir las actuaciones, Oyarbide se las envió a la fiscalía de Jorge Di Lello, que deberá dictaminar si hay elementos para impulsar la investigación.

El fuero federal tiene además otra denuncia vinculada al tema. Se trata de una presentada el lunes pasado ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi por malversación de caudales públicos contra Hebe de Bonafini y dos integrantes del gobierno, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ministro de Planificación Federal Julio De Vido. El denunciante, un abogado de apellido Valente que se presentó como particular, fue citado a concurrir hoy al edificio de Comodoro Py para ratificar su planteo.

La denuncia por lavado fue concretada por el titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Raúl Pleé, quien la había recibido 24 horas antes de la Unidad de Información Financiera (UIF). Según aseguró el jefe de ese organismo, José Sbatella, son “cuatro mil fojas” con información sobre los movimientos de fondos relacionados con Schoklender. Las actuaciones contienen la denuncia presentada hace un año por dos diputadas de la Coalición Cívica, Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin Moro, además de un informe en el que un banco habría advertido sobre un movimiento que le resultó sospechoso.

Como el pedido de investigación que recibió el juzgado de Martínez de Giorgi es anterior, se especuló con la posibilidad de que Oyarbide –que recibió el expediente por sorteo– le enviara a él el expediente de Pleé. Sin embargo, explicaron fuentes judiciales, para que esto pueda ser definido habrá que esperar. Por una parte, todavía ninguna de las dos denuncias ha recibido impulso de la fiscalía, requisito para que las causas sean abiertas. Además, en la denuncia que tiene Martínez de Giorgi no aparece denunciado Schoklender. Es decir que hay una posibilidad concreta de que todo el paquete finalmente quede en el despacho de De Giorgi pero, de concretarse, no sucederá de manera inmediata.

Sbatella sostuvo que en las actuaciones que la UIF mandó a Pleé “hay elementos” que comprometen al ex apoderado de las Madres. “Pero hasta ahí llegamos. Podríamos tener más, pero en este caso, como tomó dominio público, se elevó al fiscal, que tiene más fuerza que nosotros”, agregó.

Las diputadas de la CC habían hecho la denuncia en junio del año pasado, por la adquisición de quince terrenos en José C. Paz que Schoklender realizó para la sociedad anónima Antártica Argentina. Entre esos bienes figura una quinta de diez habitaciones, pileta y cancha de tenis. En su descargo, Schoklender aseguró que la Fundación de las Madres la había dado en comodato a la gobernación bonaerense para que allí se instalara un centro de tratamiento para las adicciones, pero la administración de Daniel Scioli aclaró que la cesión no llegó a concretarse porque la propiedad no figuraba a nombre de las Madres, y Schoklender no presentó la documentación que le requirieron para avalar la donación.

El otro punto sobre el que el ex apoderado deberá dar explicaciones es sobre el origen de los fondos con los que, a través de la empresa Meldorek, compró dos aviones de cabotaje y un yate que estaría valuado en 420 mil dólares.