El desmenuzamiento y rearmado de la intrincada organización de la Armada a la luz de las nuevas pruebas, el rol de la Escuela de Mecánica como centro clandestino y estructura burocrática de la represión fueron ejes que abordó el Centro de Estudios Legales y Sociales como cabeza de querella en la primera jornada de alegatos pronunciados ayer en el juicio oral por los crímenes en la ESMA. El CELS incluyó además un pedido para que el Tribunal Oral Federal 5 reconozca en su fallo, y por primera vez judicialmente, la maternidad clandestina en la ESMA. Pidió además la apertura de una investigación autónoma por los delitos de violencia de género y compuso un cuadro estremecedor con la presencia de los hijos secuestrados con sus padres en el centro de exterminio y usados como herramienta de coerción.

Cada alegato reúne el cúmulo de pruebas del juicio y la lectura final compone de un modo nuevo cada circuito. El CELS alegó en representación también de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas y, entre otros, de Lilia Ferreyra, la compañera de Rodolfo Walsh. La abogada Carolina Varsky dio por acreditada la responsabilidad de los 18 procesados por delitos de lesa humanidad, celebró “el tramo final de un juicio sin dudas histórico”, pero acentuó que a la Justicia argentina le falta un largo camino: “Llega demasiado tarde para muchas víctimas y sus familiares que murieron sin poder alcanzarla”.

Uno de los aportes de la reconstrucción de la ESMA –con un andamiaje todavía enmarañado por la lógica clandestina, la destrucción de información y los falsos relatos de los imputados– se hizo a partir del cruce de reglamentos, documentos y después de limpiar las declaraciones de los imputados. Eso permitió empezar a construir tal vez hipótesis finales. Entre otros aspectos sobre la estructura y por qué sus responsables, por ejemplo, ocuparon cargos de jerarquía superior cuando tenían grados menores. “Es sabido que aún después del 24 de marzo de 1976, las tres fuerzas mantenían diferencias entre sí: especialmente el Ejército y la Armada”, dijo Varsky. “Videla, Massera y Agosti acordaron repartirse el poder con un esquema de 33 por ciento para cada arma. Los navales retuvieron dos ministerios de mayor gravitación: Relaciones Exteriores y Bienestar Social, impusieron a un civil en Educación, en algunas gobernaciones e intendencias de sus principales unidades como Bahía Blanca y Ensenada, entre otras”, dijo Varsky. Después del 24 de marzo, esa “lucha por el poder se acrecentó y cada arma libró su propia guerra contra la subversión, tratando de ganar espacio político sobre las otras: se mostraban unidos e indisolubles para la comunidad aunque se pateaban los tobillos debajo de la mesa”. Dentro de esta competencia interfuerzas, “la Armada concibió la idea de forzarle la mano a Videla con la política exterior y obtuvo la complicidad de la Fuerza Aérea: la forma en que la Armada llevó adelante su cometido fue a través del GT 3.3 con asiento en la ESMA”.

En ese esquema de lucha entre las fuerzas, muchos marinos con rango de oficiales superiores pasaron a ocupar tareas en la administración pública. “Con lo cual –dijo Varsky–, los oficiales subalternos debían ocupar lugares de excepción”, dijo la abogada sobre una lógica que explicó el rol que tuvieron Jorge “El Tigre” Acosta o Adolfo Miguel Donda que en su coartada dijo: “Yo no era miembro del Estado Mayor, era miembro de la facción Operaciones”.

Agustín Chit, en representación de Abuelas de Plaza de Mayo, fue quien pidió el reconocimiento de la maternidad clandestina que funcionó como tal en el Casino de Oficiales. “El objetivo principal –dijo– fue garantizar que las mujeres cautivas en estado de gravidez llegaran a término y dieran a luz a sus hijos, para luego separarlos de sus madres y entregarlos a terceros, sustituyendo así sus identidades.”

También él a la luz de los datos del juicio rearmó el funcionamiento del lugar: por la maternidad también llamada “Sardá por izquierda” o “la Sardá de Chamorro”, dijo, pasaron embarazadas de la ESMA y de otros centros; con controles compartidos con miembros del centro de proveniencia y niños que en general eran entregados a las Armas de origen. Hubo una primera etapa con embarazadas alojadas en “capucha” con grilletes, esposas y capuchas a pesar del estado de gravidez. Y una segunda desde 1977 con partos en “la pieza de las embarazadas” y atención diferencial, como recibir una fruta en medio del horror. En ese momento, hubo médicos designados y enfermeros: entre otros Jorge Luis Magnacco, jefe del servicio de Ginecología; Carlos Octavio Capdevilla, Rogelio José Martínez Pizarro.

Niños en cautiverio

El alegato se detuvo especialmente en los niños secuestrados con sus padres. Utilizados como “objeto de coerción durante las sesiones de tortura a las que fueron sometidos sus padres”, dijo Carolina Varsky. Entre otros recordó a Ana María Martí, secuestrada con sus hijos de 6 y 8 años: “Me decían que era una mala madre, que era mi culpa. Prácticamente perdí la razón, mis compañeros de la pecera trataban de controlarme”. Ella fue quien pidió por ellos al coronel Roualdes: “¡Le imploré que no mataran a mis hijos!” Cuando volvió a verlos: “Estaban muy mal, flaquitos, desesperados”. Otro caso simbólico es de Carlos Gregorio Lorkipanidse. Durante la tortura, Azic le arrancó el bebé a su mujer que estaba en el cuarto de al lado. Entró a la habitación donde estaba él y le dijo: “Si no cantás, le vamos a reventar la cabeza contra el piso”. Puso al niño sobre el pecho y pasaron corriente eléctrica: “El bebé llora y dura varios minutos. Y escucho que Liliana grita: ‘Con el bebé no, hijos de puta’”.

Violencia de género

Como en otros juicios orales y como lo hicieron otras querellas en la ESMA, el CELS pidió que se separen las declaraciones de violencia de género para impulsar una investigación como delito autónomo. “Los delitos contra la integridad sexual configuraron una más de las prácticas aberrantes a las que fueron sometidos la gran mayoría de los detenidos y detenidas”, dijo Varsky. En la ESMA, las agresiones de índole sexual fueron sistemáticas, dijo. Pese a que ninguna de las víctimas de este tramo del juicio denunció ser sexualmente abusada, lo hicieron las y los sobrevivientes que declararon como testigos. Varsky habló de las particularidades de ser mujer en la ESMA: la esclavitud sexual; las obligadas a mantener relaciones sexuales estables con los oficiales de la UT 3.3.2; los abusos sexuales sobre la vulnerabilidad psíquica y mental de la víctima y la idea de “feminizar a las víctimas como señoras” en el proceso de resocialización. “Siguiendo a Catherine McKinnon en Are Women Human? –explicó–, podemos decir que la violencia sexual y su máxima expresión, la violación sexual sistemática, no sólo inflige un daño físico y mental severo sino que, por ser sistemática e impuesta como una condición de vida, es destructiva.”