El camarista mendocino Otilio Roque Romano, con procesamiento firme por su participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura, quedó ayer en las puertas de un juicio político que podría costarle la destitución: la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó por unanimidad su citación a declarar por presunto “mal desempeño” de sus funciones. El magistrado tiene ahora diez días de plazo para presentar su descargo por escrito o bien para presentarse en persona cuando el Consejo lo determine. Una vez conocido su descargo, el Consejo deberá resolver si lo envía a juicio político, tal como ya ocurrió con su colega Luis Francisco Miret, destituido por consentir torturas y violaciones de la policía de Mendoza en los meses previos al golpe de Estado.

Hombre fuerte del Poder Judicial cuyano durante las últimas tres décadas, Romano está acusado de no investigar más de setenta casos de secuestros, torturas y desapariciones durante la dictadura, cuando se desempeñaba como fiscal y juez de primera instancia. La Comisión que emitió el dictamen apuntó la “omisión sistemática y prolongada en el tiempo de promover la persecución y represión de los delitos de los que habría tomado conocimiento”. Para el juez federal Walter Bento, que lo procesó en primera instancia, esa omisión “contribuyó a generar un estado de impunidad que aportó tranquilidad a los ejecutores del plan”. Pese al avance de la causa penal, Romano había logrado burlar el proceso en el Consejo gracias a un recurso de amparo que le concedió el conjuez (y amigo) Carlos Parellada, con el que lograron paralizar el trámite.