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Tras el derrumbe del boliche Beara, en el que murieron dos chicas, el director de Habilitaciones del gobierno de Mauricio Macri, Martín Farrell, debió renunciar. Se fue luego de que se comprobara que había ignorado las advertencias de otra funcionaria sobre irregularidades en el local. La salida del funcionario PRO se dio en un momento en que la gestión macrista estaba preocupada por la causa judicial. Sin embargo, Farrell no estuvo mucho tiempo sin trabajo: el candidato a vicejefe de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, lo encontró cobrando un sueldo de 10 mil pesos en la procuración porteña. “El macrismo recicla funcionarios gravemente comprometidos que estuvieron en grandes focos de corrupción, con grave riesgo para los ciudadanos. Me hace acordar al menemismo. Esto es un cachetazo para los familiares de las víctimas”, destacó Sánchez.

El legislador exhibió una factura de Farrell, donde cobró los 10 mil pesos correspondientes al mes de febrero. La autorización del pago lleva la firma del procurador adjunto Juan Martín Alterini. “Es una persona de una formación técnica y moral muy valiosa. El está en mi planta de asesores”, confirmó Alterini a Página/12. En seguida, aclaró que “fue publicada en el Boletín Oficial y no violamos ninguna norma”. “Farrell no fue echado. Renunció voluntariamente. El estaba en un cargo de muchísimo desgaste. En el caso Beara, hasta donde yo tengo entendido, no está ni siquiera llamado a indagatoria”, sostuvo el procurador adjunto.

“El Estado no puede volver a contratar a una persona que terminó yéndose luego de ser investigado por la Legislatura tras la muerte de dos chicas. Y lo que referenciaba eso es la terrible corrupción que hoy persiste en la dirección de Habilitaciones y Controles”, advirtió Sánchez. “Lo peor es que lo contrata el abogado del Estado. El procurador tendría que tener un cuerpo de profesionales dispuesto a defender el interés público. Una persona que está investigada en la Justicia por su conducta difícilmente pueda defender el interés público”, reprochó el legislador porteño.

Farrell debió renunciar a su cargo en noviembre del año pasado, casi dos meses después del derrumbe de Beara, al que había habilitado como “casa de fiestas privadas”. Lo hizo a pesar de que la directora de Verificación y Control, Vanesa Berkowski, le advirtió por escrito en agosto de 2009 que el lugar había sido clausurado dos veces porque funcionaba como una discoteca (sólo tenía habilitación para funcionar como un bar). Farrell ignoró esta advertencia y, 21 días más tarde, habilitó a Beara. El antecesor de Farrell en el cargo, Oscar Ríos, también debió renunciar luego de participar en una reunión directiva de Boca Juniors mientras seguían las tareas de rescate del derrumbe en el gimnasio de Villa Urquiza.