Los abogados de la Asociación Madres de Plaza de Mayo le entregaron al juez federal Norberto Oyarbide filmaciones tomadas por cámaras de seguridad entre la noche del 3 de junio y la madrugada del 4, que muestran movimientos llamativos en la sede de la Fundación, en oficinas aledañas usadas por sus ex apoderados y en la imprenta, que –según señalaron– tendrían como protagonista a Pablo Schoklender y otras personas de su entorno. En las imágenes se los ve cargado bolsas de consorcio con carpetas y papeles, según precisaron. El material visual es analizado por el magistrado junto con la documentación vinculada con la construcción de viviendas sociales secuestrada anteayer en doce allanamientos, mientras evalúa también ampliar el alcance de la investigación a un centenar de personas físicas, empresas y financieras, según un nuevo requerimiento que presentará hoy el fiscal Jorge Di Lello.

Las filmaciones fueron aportadas por las Madres –a través de los abogados Eduardo Barcesat y Antonio Rojas Salinas– unas horas antes de que Oyarbide ordenara allanar las dependencias de su Fundación, de la Universidad, la Casa de las Madres, las oficinas de Sergio y Pablo Schoklender, la imprenta y otros domicilios ligados a sociedades bajo sospecha. Las imágenes entregadas, de hecho, son de algunos de esos lugares, e intentaban dar respaldo a la denuncia de robo de documentación que formuló Hebe de Bonafini al pedir ser querellante, para lo cual argumentó a su vez que los hermanos Schoklender dejaron a la entidad con grandes deudas impositivas y previsionales. También entregó los registros del garaje contiguo a la sede de Madres, donde habría tres entradas y salidas en plena noche del 3 de junio de un vehículo blindado, que el organismo suele utilizar para pagar sueldos de empleados no bancarizados.

Según explicaron los abogados, hay videos de los pasillos, el primer piso y el sótano de la Fundación, en Hipólito Yrigoyen 1520; también hay del tercer piso del edificio ubicado en el 1534 de la misma cuadra, que según dicen las Madres, alquilaban ellas y usaba por lo menos Pablo Schoklender; otras imágenes son de la imprenta –cuyo manejo se le atribuye también al menor de los Schoklender– en Virrey Cevallos 250 y de un local que está enfrente. En toda la grabación se apreciarían movimientos sospechosos (a altas horas de la noche) de varias personas, entre quienes dicen haber identificado a Pablo. Los abogados del ex apoderado –Gonzalo Romero Victorica y Ramiro Rubinska– ya habían hecho una presentación en la que Pablo niega cualquier relación con el robo denunciado. “Pretender que los que hacen desaparecer la documentación son los Schoklender no se lo puede creer nadie, es infantil. Y fuimos no- sotros los que le pedimos al juez que asegurara la prueba”, dijeron ayer.

Más allá de la prueba documental disponible para evaluar qué pasó con los 765 millones de pesos del Plan Federal de Viviendas destinados a la Misión Sueños Compartidos (de las Madres) para la construcción de viviendas sociales, el fiscal Di Lello cree que hay una larga lista de empresas, cuevas financieras y personas físicas que se debe agregar al expediente, por indicios que las vincularían con el desvío de fondos y posibles maniobras de lavado. Se trata de determinar, en rigor, qué pasaba con las partidas que recibían las Madres: si se libraban cheques, si se depositaban, quién los firmaba o endosaba, y en definitiva si se usaba el dinero para lo que requieren las obras (sueldos, materiales, armado de paneles, traslados, entre otras cosas) o adónde iban a parar.

Una de las hipótesis de Di Lello y del fiscal antilavado Raúl Plee es que muchos cheques se cambiaban en mesas de dinero o financieras. Y que luego los Schoklender o personas cercanas lo usaban para inversiones o para su patrimonio personal. En el expediente hay varias cuevas en la mira, y también analizan movimientos bancarios dudosos, además de los que ya denunció la Unidad de Información Financiera (UIF) con cheques de las Madres en el banco de Santiago del Estero, en una cuenta de la propia fundación, y otra en el Supervielle, en una cuenta de la empresa Antártica, presidida por Alejandro Gotkin, ex empleado de la entidad, también presidente de Meldorek SA, de la que el mayor de los Schoklender es dueño y que se habría utilizado para múltiples operaciones con dinero de las Madres. De ambos bancos, se retiraron 8 millones por ventanilla.

Los investigadores rastrean unas cuarenta empresas e inversiones vinculadas con los Schoklender y a otros integrantes de Madres, más unas sesenta personas, por donde habrían pasado los fondos para las viviendas.

La presentación de Di Lello estará basada en parte en una ampliación de denuncia que hicieron los diputados de la Coalición Cívica Elsa Quiroz, Maricel Etchecoin Moro y Fernando Sánchez y en nuevas pruebas producidas por la fiscalía de Plee. Di Lello pedirá el testimonio de escribanos que intervinieron en el armado de ciertas empresas pero aún no solicitará la indagatoria de los Schoklender. Ya pidió que declare para “dar explicaciones” la propia Bonafini, aunque no dijo si debía hacerlo como testigo o imputada, algo que debe evaluar Oyarbide, quien dijo ayer que la causa “tiene ribetes importantes” y que al allanar obtuvieron datos útiles para la pesquisa.