Hasta hace nueve días, a pesar de cargar con un procesamiento firme como partícipe en delitos de lesa humanidad, Otilio Roque Irineo Romano integró la Cámara Federal de Mendoza. El jueves 25 de agosto, luego de dilatar con éxito durante un año y medio el proceso de destitución en su contra, el Consejo de la Magistratura de la Nación lo suspendió y aprobó la apertura del juicio político por haber sido “funcional” al terrorismo de Estado. La decisión unánime de los consejeros dejó a Romano sin fueros y habilitó al juez federal mendocino Walter Bento a ordenar su detención. La novedad es que el magistrado no sólo está dispuesto a luchar por burlar a la Justicia con argucias legales: el miércoles 24, ante el inminente comienzo del fin de su impunidad, el imputado se tomó un avión que lo trasladó hasta Chile, donde se le perdió el rastro. Peor aún, cuando fueron a notificarle la suspensión, el portero del edificio céntrico donde vivía aseguró que el magistrado ya no reside allí. Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, le pedirá mañana al juez Bento que verifique si Romano continúa “sujeto a proceso”, léase ubicable, y caso contrario solicitará que se ordene su captura internacional.

Romano tiene procesamiento firme como partícipe necesario en más de un centenar de secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robo de bienes y desapariciones durante la dictadura, pero sobrevivió en funciones hasta la semana pasada gracias a la interposición de medidas cautelares y otras argucias legales para dilatar el jury en el Consejo de la Magistratura. El jueves 25 al mediodía, con el recinto del Consejo repleto de familiares de víctimas, sobrevivientes, abogados querellantes y hasta funcionarios del gobierno de Mendoza, los consejeros anunciaron uno a uno su voto y se ganaron un aplauso ante el anuncio de la suspensión y la acusación para iniciar el juicio político. La decisión fue respaldada por integrantes de todos los sectores y fuerzas políticas representados en el Consejo, que le adjudicaron haber tenido una conducta “funcional” al terrorismo de Estado al haber “omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo” la investigación de “delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento en su condición de fiscal federal y de juez federal subrogante” entre 1975 y 1983.

La primera novedad posterior sobre el caso Romano la aportó el viernes el diario El Sol, de Mendoza: informó que el flamante ex magistrado despegó desde el aeropuerto de la capital cuyana el jueves 24 de agosto a las 10.41 con destino a Chile y que “a partir de ese momento se le perdió su rastro”. Un segundo dato que publicó el diario online mendocino sugiere que Romano no tiene en los planes volver por su cuenta: cuando fueron a notificarle la suspensión y la apertura del proceso (viajó en persona el secretario letrado del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Marcelo Bová), el portero del edificio donde residía aseguró que el ex camarista federal no vivía más allí. La fecha del viaje no parece casual: la suspensión dejaba a Romano sin fueros, con lo cual el juez Bento podía ordenar su detención de inmediato, o cuanto menos prohibir su salida del país.

–¿Tenía obligación Romano, por estar procesado, de informar a la Justicia que salía del país? –le preguntó Página/12 a Salinas, abogado del MEDH.

–Todo imputado en la Justicia federal tiene obligación de informar al juzgado si cambia de domicilio. Romano no es sólo imputado, también procesado y requerido a juicio, porque tanto el Ministerio Público como los querellantes ya solicitamos la elevación de la causa al Tribunal Oral. Si es cierto que no vive más en su domicilio entonces puede considerarse que está técnicamente prófugo.

Salinas anticipó que mañana le pedirá al juez Bento “que atento a la información periodística verifique si Romero está sujeto a proceso, es decir si todavía lo puede citar en su domicilio, y en caso de que no comparezca vamos a solicitar que ordene su captura internacional, ya que a esta altura puede estar en cualquier otro país”.

El diario Mendoza On Line publicó ayer otra noticia que involucra a un ex juez procesado por delitos de lesa humanidad. Luis Miret, destituido en marzo, obtuvo una medida cautelar para seguir cobrando su jubilación extraordinaria, un beneficio vetado a los magistrados destituidos. El privilegio se lo otorgó el conjuez Carlos Parellada, el mismo que había dictado la cautelar que suspendió el proceso contra Romano en el Consejo.

“Se ha hecho justicia en el Consejo de la Magistratura con la suspensión unánime de Romano, estamos muy cerca del juicio a los jueces de la dictadura, y si no se presenta demostrará lo que ellos han sido y lo que representan: hombres muy valientes para actuar bajo el amparo del terrorismo de Estado pero con una actitud muy distinta en caso de tener que responder ante los jueces de la democracia”, reflexionó Salinas.

El juicio a quienes consintieron secuestros y torturas durante el terrorismo de Estado en Mendoza incluye por el momento a cuatro imputados. Además de Romano y Miret, se sentarán en el banquillo Rolando Evaristo Carrizo, ex titular del juzgado federal, imputado por omitir investigar delitos contra 19 víctimas, y Guillermo Max Petra Recabarren, por idéntica omisión en perjuicio de 22 personas en carácter de juez subrogante. El caso del ex juez Gabriel Guzzo, gracias a una serie de certificados médicos, todavía no fue elevado. “Vamos a tener un proceso a los jueces como los nazis”, concluyó Salinas. “Pudimos enfrentar a la corporación judicial como en ninguna otra provincia. Fue posible por el trabajo de los querellantes, fiscales, del juez y los camaristas, que también se la jugaron.”