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Bajo distintos gobiernos, los periodistas argentinos han sido víctimas de toda clase de abusos. Han padecido insultos, amenazas, arrestos, palizas, condenas, secuestros, torturas y asesinatos. Por eso, muchos se sintieron reivindicados, el lunes último, cuando el corresponsal del matutino La Nación en la Casa de Gobierno, Mariano Obarrio, la emprendió a gritos contra el ministro del Interior Florencio Randazzo. El funcionario público sólo atinó a pedir respeto, mientras el nuevo ídolo de la prensa libre seguía a los alaridos. Randazzo había anunciado el escrutinio definitivo de las elecciones primarias del 14 de agosto, en las que la presidente CFK incrementó su ventaja del escrutinio provisorio sobre las distintas minorías, al alcanzar el 50,24 por ciento de los votos afirmativos válidamente emitidos, como indica la Constitución Nacional. Sin embargo, esta información quedó relegada a un título menor en la tapa de Clarín (“Acusan a Clarín y La Nación de atacar a la democracia” y, más pequeño “Cristina amplió su diferencia”), y no apareció en la de La Nación (“Duro ataque de Randazzo a la prensa y a la oposición”). La invisibilización del único dato relevante, desplazado por un episodio menor en el que los propios diarios son actores, va en la misma línea informativa que el ministro objetó en su conferencia de prensa. La transmisión en cadena de ambos diarios es cada vez más frecuente. En los 31 días del mes de agosto, coincidieron trece veces en el tema principal; en otros diez días el título principal de un diario fue el secundario del otro. Sólo en ocho días no hubo coincidencia alguna.

Buenas razones

Luego de consignar los resultados definitivos, Randazzo exhibió en una pantalla tapas de ambos diarios que presentaban en títulos principales los errores del escrutinio señalados por dos jueces electorales, pese a que tanto la jueza porteña como su colega bonaerense resaltaron que no se trataba de fraude ni beneficiaban a algún candidato en especial. Obarrio perdió los estribos cuando Randazzo lo mencionó al mostrar un artículo de su diario titulado “No cambiarán presidentes de mesa. Pese a las quejas, el Gobierno mantendrá en octubre a las mismas autoridades que el 14 de agosto”. El ministro empezó a decir que ante una consulta de Obarrio, le había explicado que a los presidentes de mesa no los designa el gobierno sino los jueces electorales de cada distrito. Pero no pudo continuar. A los alaridos, que retumbaban aunque no tenía micrófono, Obarrio lo intimó: “Leé la nota completa”. Randazzo reclamó respeto, mientras su interlocutor seguía gritando: “Completa, leéla completa”. Para el ministro el diario difundió de mala fe una versión que sabía falsa; el periodista intentó replicar que la responsabilidad no era suya. Su texto dice con claridad que fue la justicia electoral la que dispuso mantener a los presidentes y auxiliares de las 85.936 mesas de todo el país y que según “una fuente cercana” a Randazzo “a las autoridades de mesa las convoca, las designa y las capacita la justicia electoral de cada distrito. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los telegramas?”. Los dos tenían razón: Obarrio publicó la explicación del ministro, pero La Nación tituló de todos modos con un dato que su propio cronista desmentía. No sería razonable pretender que los periodistas refutaran las afirmaciones de los editores de las empresas para las que trabajan, pero sí que escucharan sin perder la compostura cuando alguien señala la falsedad de lo publicado. Salvo que deseen involucrarse en las batallas que esas empresas libran por motivos políticos, ideológicos o de negocios. Así como en 2008 objeté una frase de CFK sobre Hermenegildo Sábat y en 2009 califiqué de abuso de poder una respuesta de Kirchner al periodista Leonardo Míndez, me animo a escribir ahora que la actuación de Obarrio gritándole a un ministro echa por la borda la deontología de este noble oficio. Más temprano que tarde, los periodistas que padecen esa desviación deberán reaprender los estándares profesionales olvidados.

Elogio de la libertad

Clarín y La Nación se colocaron en el centro de la atención, en desmedro del hecho político del día, y la mayoría de los partidos de la oposición los siguieron con el entusiasmo habitual, que los ha conducido a una derrota política sin precedentes ni atenuantes. Se entiende que el gobierno machaque en el mismo clavo, porque así despoja a los medios de la ficción de imparcialidad de la que revisten sus ataques políticos y al mismo tiempo desnuda la subordinación de los opositores a esos intereses, que antes que políticos son económicos. Más difícil es explicar por qué medios y partidos caen una y otra vez en el mismo lazo, mermando su propia credibilidad y aceptación social. Algunos casos son previsibles, porque han avanzado tanto en ese sendero que sólo pueden fugar hacia delante, como la diputada electa en 2007 por el radicalismo K, Silvana Giúdici, y su colega multicolor Patricia Bullrich. Otros llaman la atención. El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, dijo que los gobernantes “tienen que tolerar hasta las afirmaciones y opiniones falsas o equivocadas porque en realidad el sentido de la libertad de expresión y la pluralidad de voces permiten instalar el debate y por eso no hay que suprimir ninguna expresión”. El uso de esta frase, tomada de famosos pronunciamientos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, confunde las dimensiones política y judicial del fenómeno. Gil Lavedra fue uno de los seis jueces que en 1985 cumplieron el rol histórico de enjuiciar a Videla, Massera & Compañía. Su paso posterior como viceministro del Interior le permitió aprender las artes de la política junto a Enrique Nosiglia y convertirse en un testigo privilegiado del hundimiento de Raúl Alfonsín. Como ministro de Justicia de Fernando de la Rúa intentó bloquear el avance de los juicios por la verdad y las extradiciones de un centenar de militares argentinos solicitadas por el Reino de España. Cuando la extinta Asociación Periodistas impulsó la despenalización de los delitos de calumnias e injurias en casos de interés público, Gil Lavedra defendió ese avance ante el Congreso. Pero su tratamiento se detuvo cuando Joaquín Morales Solá destapó en La Nación la compra de voluntades en el Senado para sancionar la ley de precarización laboral. Retomado por el CELS, el proyecto se convirtió en ley una década más tarde cuando CFK lo envió al Congreso, acto final de una larga batalla, con escalas en las dos instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que puso a la Argentina a la vanguardia de la región. Desde su promulgación, los gobernantes no pueden recurrir a la persecución penal para suprimir ninguna expresión, aunque sea falsa o equivocada, tal como afirma Gil Lavedra. Pero esto no equivale a convertir a los funcionarios en los únicos kelpers, privados de la palabra para expresarse. Es un contrasentido pretender que el silencio del gobernante contribuiría a instalar el debate. Es un logro de la sociedad que no puedan querellar pero constituye una desmesura vedarles la opinión y la respuesta sobre lo que se afirma de ellos o de su gobierno. La cámara patronal de dueños de diarios, ADEPA, llevó la confusión al extremo cuando afirmó que Randazzo había cometido una injuria, delito que el actual gobierno borró del Código Penal cuando se trata de temas de interés público.

El juego del yo-yo

Otra intervención llamativa en el debate fue la de Jorge Lanata. En el pasquín “Libre” y en La Nación interpretó mi columna del martes, “Vienen por más”, como una amenaza, del gobierno y en contra suyo. Ingenioso, pero falso. A pesar de los deseos imaginarios de Lanata, no soy miembro del gobierno, tampoco amenacé a nadie ni me referí a él. Sólo escribí que si Clarín y La Nación seguían reaccionado en forma altiva y prepotente ante los duros datos electorales que disiparon sus ilusiones, con el mismo método obtendrían idénticos resultados, “tal vez con una mayor diferencia, dado el hartazgo que producen. Si vienen por más, es muy posible que lo encuentren. Sigan así”. Convertir este opinable análisis político en una amenaza personal requiere una sobredosis de interés en sí mismo, como la que impresionó al embajador de Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, en mayo de 2008. Un despacho enviado por Wayne a su gobierno sostiene que Lanata y su entonces socio, el ex juez Gabriel Cavallo, pidieron la intercesión de Wayne para que las empresas multinacionales de ese origen dieran apoyo económico al diario “Crítica de la Argentina”, porque el gobierno supuestamente lo perseguía. La información consta en el libro de Santiago O’Donnell “Argenleaks. Los cables de Wikileaks sobre la Argentina, de la A a la Z”. Según el mensaje confidencial que cita O’Donnell, Lanata describió una conspiración oficial para estrangular a su diario neonato, y Cavallo pidió ayuda de supervivencia para el último bastión de la prensa libre en la Argentina. De acuerdo con el relato del embajador, Lanata dijo que el gobierno intentó comprarlo y, como él no quiso, lo amenazó, igual que a los inversores en su diario. El gobierno también habría presionado a otras empresas privadas para que no publicaran avisos allí y hackeado la página web y las líneas telefónicas del diario. Cavallo, quien hoy trabaja para la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, agregó que la presión para que no publicaran en su diario se extendía a los gobiernos provinciales y, siempre según el embajador, le pidió que gestionara avisos de las empresas estadounidenses. Wayne les sugirió que publicaran esos hechos en el diario y que recurrieran a las organizaciones no gubernamentales que defienden la libertad de prensa. También prometió que transmitiría esas preocupaciones a interlocutores del gobierno que tuvieran influencia y no registró que ese ofrecimiento causara alguna incomodidad a sus interlocutores. Wayne escribió a su gobierno que el acercamiento de Lanata era uno de los más francos que había recibido de parte de un medio argentino y se congratuló por la confianza que demostraba en el compromiso de los Estados Unidos con la libertad de prensa. Agregó que el diario “podría tener problemas financieros que excedían el marco de cualquier campaña para boicotearlo”, escribe O’Donnell. Según el embajador “el presunto apriete a Lanata se queda corto en comparación con las groseras violaciones a la libertad de prensa” en otros países, como “el cierre de diarios”, la censura estatal, la detención de periodistas o la restricción del acceso a Internet”. Consultado para esta nota, Cavallo dijo que recordaba la reunión pero no su contenido. Se habría tratado de “una visita protocolar, en reciprocidad por la presencia de Wayne en el lanzamiento del diario”.

–¿Y el pedido de publicidad?

–Las embajadas no son el lugar para buscar avisos –contestó el viernes.

La situación es similar a la que se produjo en julio de 2010 cuando el canciller Héctor Timerman dijo que el periodista Alfredo Leuco, acompañado por su gerente comercial, le pidió publicidad “para hablar bien de Kirchner”. Leuco lo negó y anunció que iniciaría acciones por calumnias e injurias contra el ministro en la justicia civil. Al cierre de esta nota, Timerman dijo que transcurrido más de un año de la polémica, Leuco no había iniciado ningún juicio en su contra y que él podría identificar el restaurant y hasta la mesa en la que mantuvieron ese diálogo. En este caso el tercer hombre no dijo una palabra.

Negocios son negocios

Por supuesto, Lanata no es un caso excepcional. O’Donnell también dedica dos capítulos de su obra a Clarín, que ayudan a centrar el análisis sobre la particular relación de los medios argentinos con el poder político. El primero refiere un almuerzo ofrecido por Héctor Magnetto y su plana mayor al embajador Wayne el 7 de mayo de 2007, en el que comunicaron que había comenzado la confrontación con el kirchnerismo (el 25, Kirchner presentó en Mendoza la fórmula presidencial que integrarían su esposa y el gobernador radical Julio Cobos). Según dijeron en distintos momentos Kirchner y Cristina, Magnetto planteó que ella no podía ser candidata a la presidencia. Kirchner también dijo que el hombre de negocios había pedido apoyo del gobierno para que el Grupo Clarín adquiriera Telecom, a lo que el presidente se habría negado. El empresario nunca lo desmintió. La conclusión del embajador sobre aquel almuerzo, al que también asistieron los directivos del Grupo José Aranda y Jorge Rendo y los periodistas Ricardo Kirschbaum, Eduardo van der Kooy y un asistente no identificado de Kirschbaum, es que “Clarín representa a la elite industrial de la Argentina y, en el fondo lo que le interesa son los negocios”. Wayne atribuye a “crecientes quejas por negocios” la decisión de Clarín de “cubrir agresivamente el escándalo de corrupción Skanska, al que le había bajado el tono durante meses” (cuatro años después un peritaje de la Corte Suprema de Justicia concluyó que el Estado no pagó sobreprecios por ese contrato). El diplomático agrega que el diario se había “abstenido de semejante cobertura en contra del gobierno porque le debían a Kirchner haberlos salvado de la amenaza de bancarrota de acreedores extranjeros”. Pero las derrotas legislativas del gobierno en algunas provincias “y la recuperación de la salud financiera de Clarín, han terminado el período de gracia de Kirchner con el grupo”. Clarín no habla sólo con el gobierno de negocios. Wayne se queja porque “el diario no siempre se maneja de la forma responsable que nosotros quisiéramos”, pero ésa es una cuestión menor dado que ambos se sienten “en la misma vereda” en el intento de presionar al gobierno para que elija la norma estadounidense de televisión digital y “los buenos negocios podrían ser una buena base para nuestro diálogo en el futuro”. No es un modus operandi sorprendente. El propio diario La Nación reveló hace un año que el 3 de agosto de 2010 Magnetto recibió en su departamento de Alvear y Cerrito al alcalde porteño Maurizio Macrì y a la plana mayor del Peornismo Opositor: el ex senador Eduardo Duhalde, el senador Carlos Reutemann y los diputados Francisco de Narváez y Felipe Solá. También se sentaron a la mesa los principales periodistas de Clarín que, sin embargo, no informaron sobre el encuentro. Sí lo hicieron La Nación y Ambito Financiero: se trató de acercar posiciones para conformar la alianza electoral antikirchnerista que interesaba a Magnetto. Con ese optimismo a toda prueba que hace de él un personaje tan entrañable, Duhalde tranquilizó a todos: el kirchnerismo tiene fecha de vencimiento en diciembre de 2011 y ninguna posibilidad electoral, aseguró. Pero la Argentina acordó con Brasil la preferencia por la norma digital japonesa y, hasta el día de hoy, Macrì y Duhalde siguen riñendo por sus desacuerdos electorales. En otro capítulo el libro refiere un encuentro del segundo de la embajada con el segundo del Grupo Clarín, dos meses después de que Julio Cobos ingresara al libro de los récords por desempatar una votación en el Senado en contra de su gobierno. José Antonio Aranda le dijo al encargado de negocios que tenían la batalla ganada y que el gobierno se había dado por vencido con la ley de medios, lo cual sugiere que el grupo consume sus propios productos desinformativos. Aranda volvió a ser noticia esta semana por dos asuntos que tienen que ver con negocios y no con periodismo: la secretaría federal de ambiente y desarrollo sustentable no autorizó un megaemprendimiento arrocero de Aranda en Corrientes, que hubiera implicado anegar 7800 hectáreas de humedales con reserva de flora y fauna, y el gobierno porteño de Maurizio Macrì subsidió el soterramiento de cables de Cablevisión y Multicanal, obligación legal incumplida desde hace cinco años. Aranda y Magnetto también son proveedores de las computadoras personales que entregará el gobierno de la Ciudad a los estudiantes, en un contrato por 275 millones de dólares.

De la boca para afuera

Es curioso, pero los grandes empresarios prestan mayor atención a los estados de ánimo de la sociedad que los partidos políticos y los medios de la oposición. Lejos del tono beligerante de los años anteriores, compiten en alabanzas para la presidente y “el modelo” y, con su proverbial altruismo, se aprestan a aislar a quienes se empecinen en escalar el conflicto, como el tambero Hugo Biolcati en el G-6 o Magnetto en la Asociación Empresaria (AEA). Con la mejor sonrisa y juramentados para no decir nunca ajuste ni endeudamiento, se proponen contribuir al “perfeccionamiento del plan económico”, sometiéndolo a la supervisión del Fondo Monetario, controlando la inflación y regresando al mercado voluntario de crédito. Ése es el proyecto compartido por la segunda, tercera y cuarta minorías en las elecciones primarias. Por algo se empieza en la mentada búsqueda de consensos.