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El canciller de Uruguay, Luis Almagro, desestimó las acusaciones realizadas por uno de los delegados de ese país en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Luis Hierro, quien responsabilizó a los representantes argentinos en ese organismo de frenar la publicación de los resultados de una serie de análisis científicos practicados para establecer si la pastera UPM de Fray Bentos contamina las aguas. “Una negociación con la CARU, que debería estar blindada, sale a la luz pública con una información que no está completa”, salió a su cruce el canciller Almagro. El equipo argentino no mencionó el asunto. La prensa uruguaya añadió que la Cancillería convocará a Hierro a una reunión debido a la información revelada.

Obligado por las declaraciones que Hierro realizó a El País de Uruguay, publicadas en la edición de ayer, Almagro también sostuvo luego que Argentina mantiene reparos en la publicación de los resultados de los análisis realizados en el Uruguay que “tienen que ver con la temperatura del efluente que larga UPM al río”. En la actualidad, la pastera aplica un sistema de enfriamiento de los elementos que lanza al río, que estaría influyendo en los resultados de los análisis. De no existir el enfriamiento, los vertidos provocarían un aumento en la temperatura del río. “Estuvimos hablando con el canciller (Héctor) Timerman, a los dos nos interesa liberar esta información lo antes posible”, reconoció el funcionario uruguayo. El gobierno argentino considera que la información aún es parcial y que es necesario agregarle nuevos elementos.

Hierro había sostenido que “por responsabilidad de la delegación argentina se está ocultando una información” sobre el monitoreo ambiental, en referencia a “tres informes” emitidos por el laboratorio canadiense al que fueron enviadas algunas muestras de material expedido por la planta. “Por negativa de la delegación argentina”, esos resultados “no se han volcado a la opinión pública”, había manifestado el ex vicepresidente de Uruguay durante la gestión de Julio María Sanguinetti. Además, el delegado había considerado en la entrevista con el periódico uruguayo que los gobiernos de ambos países “deben reclamar a la delegación argentina ante la CARU que libere la información retenida”.

Más tarde, el presidente de la delegación uruguaya ante la CARU, Gastón Silberman, sumó reclamos al gobierno del presidente José Mujica en el mismo sentido y afirmó que desde el equipo uruguayo “se exigió” la publicación del informe, un pedido que “no ha prosperado”.

Los análisis de las muestras tomadas hace algunos meses fueron enviados a un laboratorio canadiense. Los resultados regresaron a la CARU, que a su vez los derivó al comité científico –un ente conformado por un miembro argentino, el otro renunció en julio, y dos uruguayos– para su correspondiente interpretación. El monitoreo conjunto de los niveles de contaminación industrial de la planta finlandesa fue dispuesto por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuando en abril de 2010 falló sobre el caso presentado por Argentina y Uruguay.

Ambos gobiernos dispusieron en julio de 2010 que los controles tanto de la pastera como de otros establecimientos instalados en ambas márgenes del río se llevarían a cabo a través de la CARU y del Comité Científico.