Las buenas noticias llegaron desde la Cámara Federal porteña para el sindicalista bancario Juan José Zanola y su esposa Paula Aballay, ambos presos en la causa por la “mafia de los medicamentos”. La Sala II de ese tribunal declaró la nulidad de su prisión preventiva y le indicó al juez federal del caso, Norberto Oyarbide, que tiene que justificar las razones por las cuales, a su entender, deben estar encarcelados o si no liberarlos. Zanola, de todos modos, seguirá detenido y el buen pronóstico puede mutar a malo según la profundización que logre o no hacer Oyarbide.

En dos extensas resoluciones dictadas ayer, los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron los procesamientos dictados por ese magistrado a otros acusados de la investigación, pero le ordenaron volver a fundamentar los motivos para tener detenido a Zanola, quien a fin de noviembre cumplirá dos años en prisión sin haber sido enviado aún a juicio oral, y a quien Oyarbide rechazó excarcelar.

En otra de las resoluciones, la Cámara declaró la nulidad de la prisión preventiva al dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, también procesado como jefe de una asociación ilícita que estafó al Estado a través del cobro de reintegros por medicamentos costosos nunca suministrados, además de adulteración de remedios y venta de otros vencidos a obras sociales.

Para la Cámara, Oyarbide fue contradictorio a la hora de denegar la excarcelación a Zanola, a su mujer y a una ex administradora de la obra social bancaria, Susana Fionna, ya que argumentó que podrían obstaculizar la investigación, pero a la vez advirtió que una vez confirmada la última tanda de procesamientos del caso, enviaría ese tramo de la causa a juicio oral. “Dicha dicotomía, planteada en una misma resolución, es incompatible e irreconciliable con el razonamiento lógico que debe fundar toda decisión y, en particular, una como la presente, dada la naturaleza restrictiva y excepcional” de la prisión preventiva, entendieron los camaristas. Oyarbide “cayó en un formalismo vacío” al rechazar las excarcelaciones sin enumerar de manera concreta las medidas de prueba que faltarían producir y que podrían ponerse en riesgo con la liberación de Zanola, procesado como jefe de la mencionada asociación ilícita. Tanto Zanola como Aballay y Fionna cumplirán dos años de detención preventiva a fin de este mes, por lo cual, de no ser excarcelados, Oyarbide debería prorrogar un año más esa situación, una medida que sería también apelada ante la Justicia.

Para los jueces, si la causa en lo atinente a Zanola y otros en su situación está lista para el juicio oral, no habría “riesgo de entorpecimiento” con las liberaciones y por eso le ordenó volver a resolver sobre las excarcelaciones, concediéndolas o bien fundamentando mejor su rechazo. Allí radica la contradicción en que incurre.

En la misma resolución confirmaron la ampliación del procesamiento de Zanola, Aballay y Fionna por nuevos delitos vinculados con el suministro de medicamentos adulterados o vencidos a los afiliados de la Bancaria, y al cobro de reintegros indebidos a través de APE, la Administración de Programas Especiales para enfermedades de alta complejidad. La misma postura se tomó para con otros procesados, mientras que se confirmó la falta de mérito del ex funcionario Claudio Zin, sobre quien se ordenó “profundizar” la investigación, al igual que se dispuso con los casos de Néstor Vázquez y Enrique Dratman.

Con respecto a Zin, la Cámara consideró que Oyarbide debe determinar si el ex ministro de Salud bonaerense entre 2007 y diciembre de 2009 “tenía conocimiento e intervenía de algún modo” en las operaciones de un subalterno suyo, Alberto Costa, como supuesta parte del grupo delictivo liderado por el detenido Lorenzo, entre otros puntos.