El almirante Jorge Godoy, jefe de la Armada, será indagado hoy por el juez federal Daniel Rafecas como máximo responsable del espionaje ilegal por el que una docena de marinos serán juzgados el próximo año. Godoy se benefició en 2008 con una falta de mérito, apelada por el Ministerio Público y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y en 2009 por un oportuno salvataje de la Cámara de Casación Penal, que le quitó el expediente a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia cuando se aprestaba a pronunciarse. Los magistrados patagónicos no dudaron al confirmar los procesamientos de miembros de la oficina de inteligencia de la Base Almirante Zar de Trelew que la cúpula naval “dio las pautas generales para efectuar las tareas vedadas”. El eventual procesamiento del jefe del Estado Mayor de la Armada, pedido por el fiscal federal Federico Delgado, implicaría el fin de la carrera de Godoy, nombrado al frente de esa fuerza por el ex presidente Néstor Kirchner en junio de 2003.

La causa se inició en 2006, cuando un cabo de la Base Zar se presentó en el CELS para denunciar las tareas ilegales que se resistía a cumplir. El juez federal Jorge Pfleger realizó un allanamiento exitoso en la Sección de Inteligencia de la Fuerza Aeronaval 3 de Trelew y varios frustrantes en oficinas similares alertadas a tiempo. La documentación secuestrada incluía informes ordenados y clasificados sobre dirigentes sociales, organismos de derechos humanos, periodistas y funcionarios, incluida la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré.

La investigación probó la existencia de un sistema de inteligencia ilegal de alcance nacional, que burlaba las leyes de Seguridad Interior, Defensa e Inteligencia nacionales. Los artilugios de las defensas, sin embargo, dilataron los tiempos. En diciembre de 2007, al revocar sobreseimientos de tres altos jefes navales, la Cámara de Comodoro afirmó que “sin dudas la Armada como organismo militar tenía a la política interna como clara hipótesis de trabajo y no conforme con ellos ‘obtenía información’ y ‘almacenaba datos’ de personas sin estar autorizada”.

El CELS y el fiscal Fernando Gelvez pidieron entonces la imputación de Godoy. A la sistematicidad de las tareas ilegales con el fin evidente de facilitar la toma de decisiones institucionales, el organismo agregó que Godoy había aprobado y firmado el Plan Básico de Inteligencia Naval (PBIN) de 2005, con objetivos que permitían el espionaje interno: las “amenazas asimétricas” y la “comunicación institucional y contrainteligencia sobre todo actor que pretenda incidir contra la institución”.

Godoy sugirió en su indagatoria que las tareas ilegales habían sido iniciativas de ovejas descarriadas, hecho que contraría la lógica de funcionamiento de la estructura militar y lo descalificaría como jefe, pero obtuvo una falta de mérito del juez Hugo Sastre y siguió al frente de la Armada. Con la excusa de que el PBIN se había redactado en Buenos Aires, instaló además un conflicto de competencias que le valió tres años de changüí. Su suerte comenzó a revertirse en junio de 2010, cuando la Cámara Federal porteña rechazó su pedido de sobreseimiento. Los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah manifestaron su sospecha de que el espionaje ilegal respondía “a una actividad generalizada de las distintas seccionales de la Armada” y le ordenaron a Rafecas profundizar la búsqueda y análisis de la prueba.