A dos años de la creación y el posterior naufragio del Grupo A, el kirchnerismo retomó el poder en el Senado. A través de un acuerdo que involucró a todos los sectores de la oposición –menos los siete senadores del peronismo disidente–, el Frente para la Victoria obtuvo ayer la presidencia de trece comisiones de las 25 que conforman el cuerpo. Además, se quedó con ocho de quince miembros en todas ellas. La UCR, como segunda fuerza, tiene seis presidencias, el Frente Amplio Progresista dos y otros cuatro bloques provinciales, una cada uno. Enojado por la exclusión de su interbloque de la negociación, el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá denunció ante el vicepresidente Amado Boudou la “violación del artículo 91” que establece el principio de proporcionalidad en la integración de las comisiones.

“Muchas veces, el armado de comisiones implica situaciones que a lo mejor no son muy gratas y no todo el mundo queda conforme. Pero hemos intentado mantener un diálogo político que refleje, fundamentalmente, el resultado electoral del 23 de octubre, que establezca una proporcionalidad en los porcentajes”, arrancó el presidente de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, para pedir la aprobación del acta-acuerdo confeccionada por la mañana. En Labor Parlamentaria los presidentes de los distintos bloques lograron un consenso que representaba a unos 65 senadores. Se trataba de los líderes del FpV, la UCR, el FAP, el peronismo de La Pampa, la bancada de Nuevo Encuentro Fueguino y otros bloques provinciales como el de la santafesina Roxana Latorre, la correntina Josefina Meabe, el catamarqueño Oscar Castillo y el ex presidente Carlos Menem.

Con esta medida se revirtió la situación del período legislativo 2010-2011, cuando con la firma de Carlos Menem la oposición se quedó con mayoría en todas las comisiones y la presidencia de otras tantas. Aquel acuerdo original, que alcanzó la mayoría de 37 votos, casi nunca pudo reproducirse luego en las sesiones. Ahora, el FpV recuperó la titularidad de siete comisiones: la de Justicia, para Pedro Guastavino; Medios y Libertad de expresión, para Liliana Fellner; Trabajo, para Ana María Corradi; Agricultura, para Graciela de la Rosa; Legislación General, para Ada Iturrez de Capellini; y para los aliados María Rosa Díaz y Horacio Lores, Educación y Minería, respectivamente.

“La situación irregular que se ha producido no sólo constituye la transgresión a la normativa reglamentaria, sino fundamentalmente una flagrante afectación al sistema federal y a los derechos de las provincias, representadas por los senadores que integramos el interbloque”, despotricó Rodríguez Saá en una carta dirigida a Boudou. Se prevén algunas vacantes para integrar a los peronistas disidentes, aunque fueron relegados de las todas las presidencias que ostentaban.

Durante la sesión, el jefe del bloque radical, Luis Petcoff Naidenoff, salió a respaldar la negociación: “Desde la bancada de la UCR acompañamos el acuerdo político y celebramos que la palabra ‘acuerdo’ no sea mala palabra en la Argentina”, señaló. Los radicales se quedaron con Asuntos Municipales, para Alfredo Martínez; Ciencia y Técnología, para Pablo Verani; Derechos y Garantías, para Eugenio “Nito” Artaza; Economía Nacional, para Laura Montero; Industria y Comercio, para Arturo Vera; y Salud, para José Cano.

En el reparto, el interbloque del FAP con cuatro miembros salió favorecido con dos presidencias para el socialista Rubén Giustiniani (Ambiente y Desarrollo Sustentable) y Luis Juez (Población y Desarrollo Humano). El peronista pampeano Carlos Verna se quedó con Coparticipación Federal y el radical disidente José Roldán, con Turismo.

En este esquema, el senador Aníbal Fernández quedó al frente de Presupuesto y Hacienda; Marcelo Fuentes, de Asuntos Constitucionales, y Marcelo Guinle, de Acuerdos.

La nueva conformación, en la que el más perjudicado fue el peronismo disidente, va en sintonía con el discurso de asunción de Cristina Fernández, en el que la Presidenta cuestionó a quienes no se quedaron a dar la batalla dentro del peronismo.