En “solidaridad” con sus siete compañeros desafectados por participar en la represión a militantes de La Cámpora, ayer 120 integrantes de la Dirección de Infantería de la Policía Bonaerense se autoacuartelaron en La Plata. La medida duró 11 horas y terminó tras la intervención de César Albarracín y Emiliano Baloira, flamantes coordinadores civiles de la cúpula de la Bonaerense, y del nuevo jefe de esta fuerza, Hugo Matzkin. También concurrió el juez de Garantías, César Melazo, aunque no hubo denuncia judicial. Walter Revoredo, portavoz de los acuartelados, aseguró que la protesta hecha en el playón de las calles 1 y 60 no era “política” ni “corporativa”, pero se oyeron quejas por las condiciones de trabajo y por “los compañeros que están presos por ser sólo policías”. El ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, les prometió “celeridad” en el sumario interno a los desafectados, mientras sectores de la oposición y aliados al oficialismo pedían su renuncia.

La inusual medida comenzó alrededor de las 7.30 y fue la reacción del cuerpo de Infantería tras los sumarios iniciados por los incidentes del lunes pasado en la Legislatura bonaerense. Allí, un grupo de militantes de La Cámpora discutió dentro del edificio, en las escalinatas que conducen al recinto, con los agentes de ese cuerpo y hubo una pelea feroz, con heridos en los dos bandos. Scioli exigió desafectar “al personal policial y al subcomisario a cargo”. Los uniformados alcanzados por la medida fueron el capitán Revoredo, los tenientes Leonardo Dos Santos y Raúl Molina, los subtenientes Roque Barrios y Maximiliano Di Lorenzo y los sargentos Fernando Loubert y Daniel Maidana.

“La Infantería es un cuerpo bastante especial. Por lo pronto, es un cuerpo, o sea, gente que está junta todo el tiempo en la sede de la unidad. No están aislados como los que van en un patrullero, forman grupos de 12 policías, con dos jefes, y son muy unidos”, describió a este diario un ex funcionario del área de Seguridad de la provincia. La respuesta del jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, fue tajante: “De ninguna manera se van a tolerar presiones, extorsiones ni condicionamientos”.

En ese sentido, fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense informaron a Página/12: “Ningún policía fue cesanteado, como repiten algunos de ellos, se los desafectó, como se hace en estos casos. Luego se los pone bajo investigación a través del área de Asuntos Internos y desde ahí se decide si se les aplica sanciones o no”. Pérez también se refirió a este punto. Dijo que los desafectados tendrán todas las “garantías” durante la investigación. El primero en hablar con ellos, por la mañana, fue Matzkin, aunque no logró convencerlos para que depongan su actitud.

“Nos vendió humo”, comentó Di Lorenzo, uno de los autoacuartelados, tras la reunión con el nuevo jefe de la Policía Bonaerense. Luego agregó: “¿Qué garantía tenemos de que si salimos a trabajar no nos van a echar de nuevo?”. Di Lorenzo también reclamó: “Si nos separó en un minuto, que Scioli nos reincorpore en un minuto”. Mientras tanto, los integrantes de la Infantería reclamaban “mejores condiciones de trabajo” en la lucha contra el delito. “Esto no es una revuelta, es un reclamo de los trabajadores para poder brindar la función que nos toca”, dijo otro uniformado.

Los autoacuertelados exigían “ser escuchados por el gobierno”, pero el mensaje de Casal, desde un principio, fue pedir que depusieran su actitud si pretendían conversar. Y que lo hicieran “de inmediato” y actuaran “en el marco de la ley”. Luego, ya en tren de negociación, aseguró que el gobierno les “garantiza” a los policías desafectados transitoriamente “celeridad de Asuntos Internos, que aporten pruebas a su alcance y que no habrá arbitrariedad”. Al igual que Pérez, los instó a descomprimir la situación: “Un gobierno democrático no puede estar sometido a presión o extorsión en busca de un resultado”.

Por la tarde, acudieron César Albarracín y Emiliano Baloira, dos civiles que trabajan con la cúpula de la Bonaerense, para descomprimir la situación. Los acompañó el juez de Garantías César Melazo, una presencia llamativa, ya que no hubo denuncia penal “y si la hubiera tendría que estar presente un fiscal, no un juez”, comentó una fuente judicial bonaerense. A esa altura, la negociación pasaba por endurecerse o aminorar o evitar sanciones para los siete policías, lo que dejaría mal parado a Casal, un ministro muy cuestionado por la oposición y también por algunos aliados al kirchnerismo (ver aparte).

Antes de las 19, el conflicto estaba resuelto. “Sanciones no va a haber para nadie”, afirmó el capitán Revoredo y señaló: “Vamos a pedir a nuestros compañeros que se revea esto (el autoacuartelamiento) y demos un paso para que esta situación se esclarezca.” El uniformado aseguró que el reclamo no era “corporativo” ni “político”. “Se convocó a nivel personal”, dijo, mientras el diputado bonaerense kirchnerista Fernando “Chino” Navarro comentaba la existencia de un mail que, días antes, invitaba a los uniformados a tomar esta medida. “Vamos a levantar la medida en tanto y en cuanto se tenga en cuenta la realidad de la situación (laboral)”, advirtió Revoredo.

Por otra parte, este uniformado dijo que el lunes pasado “los militantes de La Cámpora entraron con cánticos diciendo que eran la JP, que nadie los iba a parar, y nosotros cumplimos la orden de que no ingresaran porque si lo hacían, se caía un palco y para cuidar la integridad física del gobernador”. Según esta versión policial, los agentes de Infantería se limitaron a cumplir órdenes del jefe de Seguridad de la Legislatura. Desde La Cámpora, agrupación que prefirió no opinar sobre la medida de ayer, destacaron que era necesario pasar varios controles para entrar en la Legislatura, por lo que había sido imprudente, por lo pronto, que no les avisaran antes de la supuesta falta de espacio.

“Hay videos de la agresividad que hubo hacia nosotros”, insistió ayer Revoredo, aunque dos integrantes de La Cámpora fueron hospitalizados. Luego, comentó que asistió con 16 efectivos a la escalinata de la Legislatura, pero los superó “la cantidad de gente” pese a intentar “contenerlos” con sus escudos. “Hubo una refriega muy tensa, porque nos empezaron a tirar con las vallas y con maderas y demás cosas”, agregó.

Los autoacuartelados podrían recibir sanciones administrativas, revelaron desde la Jefatura de Gabinete bonaerense, una vez que terminó el conflicto en el playón.