La tensión entre la política de seguridad del gobierno nacional y el provincial quedó en medio de la rebelión policial y los golpes a militantes de La Cámpora. Si bien ningún dirigente kirchnerista cuestionó a Daniel Scioli ayer, desde el sabbatellismo salieron en bloque a pedir la renuncia del ministro de Seguridad, Ricardo Casal, al que sindicaron como responsable de la represión a los jóvenes kirchneristas. “Lo mejor que puede hacer Scioli es que Casal renuncie. Puede ser un mal menor para Scioli, porque su continuidad es un mal mayor”, advirtió Marcelo Sain, ex titular de la PSA. Desde la gestión de Scioli, aseguraron que no hay una interna con el vicegobernador Gabriel Mariotto ni con La Cámpora.

La política de seguridad de Scioli y Casal viene siendo criticada por el gobierno nacional. Al principio más levemente y luego un poco más directo, cuando la ministra de Seguridad, Nilda Garré, señaló: “Si uno cree que la forma de solucionar el problema es algún tipo de negociación con las fuerzas, pero sin asumir las riendas del problema, lamentablemente esa autonomía lleva a deformaciones muy grandes y contribuye a la prostitución y a la corrupción de algunos sectores de las fuerzas”.

La represión a los militantes kirchneristas el día de la asunción de Scioli por parte de la Bonaerense reavivó esta tensión, más si se tiene en cuenta que eran jóvenes más cercanos a Mariotto. Con la rebelión policial, los primeros en pedir la renuncia de Casal fueron los sabbatellistas. En ese espacio suponen que Scioli dio la orden de impedir la entrada de grandes contingentes de La Cámpora que cantaran desde los palcos, como había ocurrido en la jura de los diputados provinciales, el 7 de diciembre. Desde ese sector, también interpretan que la orden del gobernador fue cumplida con poca sutileza por Casal: cuatro cuerpos de infantería se desplazaron hasta la Legislatura, como si fueran a controlar un disturbio grave en lugar de una celebración democrática.

“Si faltaba algo para que tomemos cuenta todos de la incapacidad de Casal para manejar la policía es este hecho: produce una crisis política una decisión desatinada de menor porte”, indicó Sain a este diario. “Si Scioli está dispuesto a allanarse a un esquema democrático de seguridad, va a contar con todo nuestro respaldo”, afirmó el ex titular de la PSA.

En tanto, el bloque del sabbatellismo en la Cámara de Diputados bonaerense reclamó la renuncia del ministro de Seguridad. “Scioli debe separar del cargo a Casal, su gestión a cargo de Seguridad significa un gran retroceso en los avances que se habían logrado en anteriores gestiones”, consideró el jefe de bloque de Nuevo Encuentro, Adrián Grana, quien estimó que esa política “va a contramano de las políticas que lleva adelante en la materia el gobierno nacional”. “La provincia no puede dejar pasar más tiempo: debe ponerse en sintonía fina con el gobierno nacional en materia de políticas de seguridad ciudadana.”

Por su parte, el diputado nacional Carlos Raimundi consideró que “es inadmisible tener una crisis de autoridad a horas de asumir. La represión desatada el lunes es un hecho más de la policía de gatillo fácil”. Raimundi cuestionó “una actitud contradictora del gobierno bonaerense que, aparentemente, da una orden de reprimir y poco después se apiada de las víctimas”. “No hay dudas de que la sanción a los policías corresponde. Pero si Casal no dio la orden, sufre las consecuencias del autogobierno policial, y si la dio, debería renunciar”, indicó.

En cambio, el dirigente del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro defendió la decisión de Scioli de separar a los policías que reprimieron.

“La policía está perdiendo poder y terreno y hay sectores que van a responder. Ahora no hay que ceder un paso, a los que se acuartelaron habría que separarlos, previo sumario”, consideró el diputado bonaerense.

“La semana pasada ya había correos llamando a un acuartelamiento para el día 12, antes de que ocurriera lo de la Legislatura”, advirtió. Navarro estimó que con la Bonaerense “hay una medida del gobierno de Scioli de poner la policía bajo una conducción civil, además de la policía judicial. Son medidas que le veníamos reclamando”. El dirigente estimó que el acuartelamiento es una “resistencia a la nueva orientación política que ha decidido el gobernador. Después de cuatro años de gestión, Scioli está rectificando el rumbo, lo que habla bien de él”.

Desde el gobierno de Scioli decidieron no responderle a Nuevo Encuentro, por lo menos ayer. Sin embargo, cerca del jefe de Gabinete, Alberto Pérez, sostuvieron que “no hay una interna con Mariotto. No estamos de acuerdo con que le peguen a ningún militante, pero éstos son nuestros, por más que estén más con uno que con otro”. “Separamos policías en medio de una investigación para ver quiénes son los responsables y los sabbatellistas salen a pedir la denuncia del ministro el día que se autoacuartelan los policías. Lo que quieren es desgastar al gobierno”, decían cerca de Pérez.

Otros sectores de la oposición aprovecharon para sumarse a la disputa. Fiel a su estilo, el diputado Francisco de Narváez pidió que “Scioli y Mariotto resuelvan sus evidentes diferencias sin dañar a la institución policial, que cumplió con su deber y las órdenes recibidas”. Por su parte, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Walter Martello, consideró que la Bonaerense “se encuentra sin conducción”. “Los bonaerenses son rehenes de un conflicto que tiene origen en la interna palaciega entre sciolistas y kirchneristas”, sostuvo el lilito.