El capitán Enrique De León, que durante la dictadura fue personal de Contrainteligencia de la Armada, fue detenido ayer en su departamento del barrio de Recoleta, luego de que un fallo de la Cámara de Casación dispusiera que espere en prisión el inicio de juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en dos centros clandestinos de detención de Bahía Blanca. El fiscal federal de esa ciudad, Abel Córdoba, había insistido sobre la necesidad de su arresto ante el peligro de que el acusado se fugara. Tras la detención, de todos modos, De León fue trasladado para que se le realicen estudios sobre su estado de salud al Hospital Naval, donde permanecía internado anoche.

El represor está procesado por ocho secuestros y dos casos de de-saparición forzada de personas, en la causa que investiga los crímenes cometidos en las Bases de Puerto Belgrano y Baterías, en las ciudades de Bahía Blanca y Punta Alta. En los últimos tres años, al igual que otro medio centenar de procesados por delitos de lesa humanidad cometidos en aquellas bases, De León había logrado eludir su arresto. En el 2009, estuvo detenido durante una semana y fue excarcelado por el juez de primera instancia. En el 2011 la excarcelación le fue revocada y pasó detenido tres meses, hasta que la Cámara de Apelaciones lo volvió a excarcelar. Este último fallo fue apelado por la fiscalía, que finalmente en diciembre pasado ordenó su arresto. Uno de los argumentos centrales en la discusión fue que los abogados del marino alegaban que no había riesgo en que permaneciera libre, pero el fiscal señaló que De León tiene vinculaciones con empresas de seguridad para las que viajaba al exterior –por ejemplo ha estado en Estados Unidos y Panamá–, y la cercanía del juicio oral aumentaba los peligros de que aprovechara esa circunstancia para fugarse.

El fiscal elevó en septiembre a juicio oral las pruebas del primer tramo de su investigación, aunque el avance de la causa ha tenido muchos obstáculos. “A cada pequeño paso le sigue una paralización de la que se sale luego de numerosos planteos, para luego volver a detenerse”, señaló días atrás a Página/12. “El proceso en Bahía Blanca marcha sobre ruedas cuadradas.”

El arresto fue confirmado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que informó que fue realizado por un exhorto que el juzgado federal de Bahía Blanca envió al del juez porteño Claudio Bonadío. El ministerio detalló, por otra parte, que el traslado al Hospital Naval fue dispuesto para que se le realizaran a De León estudios cardiológicos y hematológicos.

Aunque en su defensa De León aseguró que la División de Contrainteligencia en la que se desempeñó “no estuvo empeñada en la lucha antisubversiva”, al confirmar su procesamiento la Cámara Federal de Bahía Blanca descartó el argumento. Por el contrario, los camaristas consideraron probado que esa división fue “una de las agencias colectoras subordinadas a la Central de Inteligencia de Puerto Belgrano”.

En el juicio, que ya fue elevado a su instancia oral aunque no tiene todavía fecha de inicio, De León deberá responder sobre los secuestros de Silvia Haydeé Larrea, Héctor Néstor Larrea, María Josefina Errazu, Eduardo Eraldo, Patricia Magdalena Gastaldi, Diana Silvia Diez, Martha Nélida de Montovani y Laura Susana Martinelli de Oiva y los homicidios –por desaparición forzada– de Helvio Alcides Mellino y Leonel Eduardo Saubiette.

La causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca fue reabierta en el 2005. En ese expediente un marino confirmó ante la Justicia que existió un centro clandestino de detención en la Base de Infantería de Marina Baterías, ubicada en la ciudad de Punta Alta. Según detalló el vicealmirante Eduardo Fracassi, el centro clandestino de Baterías fue habilitado para llevar a los detenidos que habían superado la capacidad de Puerto Belgrano. Esa fue la base en la que De León se desempeñó como jefe de Contrainteligencia del Departamento Operaciones.