¿A quién le correspondía custodiar el Hospital Santojanni? Con esa pregunta volvió un clásico de la política porteña. Ante los incidentes entre barrabravas de Nueva Chicago, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, afirmó que la responsabilidad de custodiar el lugar “indiscutiblemente le corresponde a la Policía Metropolitana”, y recordó que retiró a la Policía Federal luego de que los macristas dieran de baja un convenio con la Nación. Desde la gestión PRO retrucaron que la obligación es del gobierno nacional y reclamaron que vuelva la Federal a vigilar hospitales. En tanto, desde Proyecto Sur responsabilizaron al gobierno de Mauricio Macri por lo ocurrido y reclamaron que concurran a la Legislatura a dar explicaciones el ministro de Salud, Jorge Lemus, y el de Seguridad, Guillermo Montenegro.

En abril de 2011, el gobierno nacional retiró a la Policía Federal de 85 edificios porteños, que incluían los 33 hospitales y otras dependencias como la quinta de Macri en San Miguel y la de su ex esposa en Las Heras. En ese momento, la gestión PRO adeudaba 30 millones de pesos en pagos por servicios adicionales a la Federal. La Asociación de Médicos municipales –-muy cercana al ministro Lemus– hizo un paro para reclamar que volvieran los policías. Montenegro fue a dar un informe a la Legislatura. Allí aseguró que la Metropolitana no estaría en condiciones de custodiar hospitales hasta 2016. Hasta entonces, insistió, la responsabilidad era exclusivamente de la Nación. Dijo que no tenían pensado derivar agentes metropolitanos a los hospitales, ni contratar seguridad privada. Finalmente hicieron esto último: el Santojanni tenía trece agentes de una empresa privada, según informaron en el gobierno porteño.

El ataque dentro del hospital, previsiblemente, hizo retornar la discusión entre ambos gobiernos. La vicejefa de la Ciudad, María Eugenia Vidal, se apuró a afirmar que lo ocurrido “es un delito de competencia de la Policía Federal en una zona a la que la Policía Metropolitana todavía no ha llegado”. En respuesta, Garré remarcó que la seguridad “es competencia del gobierno porteño, que dispone para su cumplimiento de la Metropolitana, que ya supera los dos mil efectivos”.

La ministra de Seguridad recordó, como argumento, que la gestión PRO optó por dar de baja un convenio que tenía con el gobierno nacional para que 500 policías cumplieran tareas de seguridad para la Ciudad. Lo hizo mediante el decreto 85/11 del 14 de febrero de 2011. Allí se señala que “el Gobierno de la Ciudad ha tratado infructuosamente de acordar con las autoridades nacionales el traspaso de las áreas de la Policía Federal con el pertinente respaldo presupuestario”, y que “se ha visto obligado a realizar enormes esfuerzos para financiar la creación de una fuerza de policía desde su inicio sin contar con ayuda externa alguna”. El gobierno porteño da por terminado el convenio, dado que “ante requerimientos puntuales de las autoridades del Gobierno de la Ciudad no brindó la colaboración debida”. Lo firmaron Oscar Moscariello –al mando mientras Macri estaba en uno de sus viajes–; Montenegro, el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.

“El Gobierno de la Ciudad denunció estos convenios porque no era necesario mantener esos 500 efectivos de la Policía Federal –interpretó Garré–. Consecuentes con eso, y con la finalidad de fortalecer la presencia policial en la calle para garantizar la seguridad de todos los vecinos, retiramos el sistema de servicio adicional que teníamos con el gobierno local.” La ministra advirtió: “Esta demanda de seguridad de los hospitales, que comparto y debe ser garantizada, debe ser dirigida a las autoridades de la Ciudad. Sería tan ilógico que el Estado nacional se encargara de la custodia específica de los hospitales municipales como que noso-tros pidiéramos a la Metropolitana que custodie los edificios del gobierno nacional por estar en la Ciudad de Buenos Aires”.

En el gobierno de Macri, como era de esperar, opinaron lo opuesto. El subsecretario de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia porteño, Martín Borrelli, planteó que “no hay tal cosa como que los hospitales públicos los custodia el Gobierno de la Ciudad. ¿Dónde dice eso? ¿En qué convenio? La competencia está definida porque este territorio es responsabilidad del gobierno nacional y hasta que no haya traspaso de la Federal va a ser así, y no hay tu tía”. “Hubo una decisión de dejar la custodia de hospitales y escuelas. Nosotros advertimos que esto era riesgoso. La Ciudad fue cubriendo esa merma con seguridad privada en las comunas donde no está la Metropolitana”, indicó Borrelli, quien reiteró: “Es imposible que la Metropolitana se haga cargo de 33 hospitales”.

“Por otra parte, está la naturaleza del delito: es una pelea de barrabravas a dos cuadras de la comisaría 42ª de la Federal. Aquí, alguien de inteligencia criminal tendría que haber estado un poco más presente. Hubo una falta de acción adecuada por parte de la Federal”, cuestionó el funcionario macrista. “Creemos que nunca debió retirarse el servicio de policía adicional de hospitales y escuelas. Nuestra propuesta es que se repiense esa medida”, insistió Borrelli. “Las cosas hechas sin diálogo: un día te saco la policía de los hospitales, otro te militarizo la zona sur, después te saco la policía de la Terminal de Retiro –cuestionó–. ¿Qué sigue? ¿Sacar la policía del subte?”

Por su parte, el legislador de Proyecto Sur Jorge Selser consideró que Montenegro y Lemus deberían concurrir a la Legislatura a dar “cuentas del sistema de seguridad y de control que funciona actualmente en los hospitales”. El legislador recordó que a Lemus “se lo va a indagar en relación con el incendio que afectó recientemente las instalaciones del Hospital Alvarez”. “Es evidente que el Gobierno de la Ciudad no pone atención en el control de la seguridad de la población, ni en el sistema de salud”, consideró Selser, quien exigió que se sancione al club Nueva Chicago con la prohibición de jugar partidos con público presente.