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El Ministerio de Gobierno de Bolivia instruyó ayer a la policía de ese país investigar denuncias del represor argentino Luis Enrique Baraldini, quien aseguró haber sobornado a la Interpol de Bolivia con 20 mil dólares por año para evadir una orden internacional de captura.

El ministro Wilfredo Chávez afirmó que se ordenó al Comando General la investigación de este tema, las fechas y los responsables. Baraldini, acusado de 380 casos de violaciones a los derechos humanos en la provincia de La Pampa, estaba prófugo de la Justicia argentina desde 2003 y fue capturado el 24 de diciembre pasado en la ciudad boliviana de Santa Cruz.

Fue entregado a las autoridades argentinas en la población fronteriza de Bermejo y actualmente se encuentra detenido en La Pampa.

El juez federal pampeano Pedro Vicente Zabala confirmó que se pagaron sobornos por 20 mil dólares a integrantes de Interpol Bolivia para evitar la detención de Baraldini. Según la investigación preliminar en Bolivia, el ex militar argentino coadyuvó no solamente en el golpe militar sangriento de Luis García Meza en 1980, sino en acciones de la Operación Cóndor. El ministro boliviano denunció que grupos de poder de la ultraderecha boliviana protegieron y encubrieron “a varios represores, torturadores y masacradores que participaron en la dictadura nacional e internacional”, entre ellos Baraldini y Jorge Baldiano.

En diciembre de 1979, Baraldini partió a Bolivia, donde fue designado agregado militar en la embajada argentina. Desde ese cargo y junto con más de un centenar de oficiales argentinos participó en el proceso que el 17 de julio de 1980 concluyó en el golpe contra la presidenta Lidia Gueiler. Volvió al país a principios de 1982, cuando concluyó la narcodictadura de García Meza, con quien supo compartir jornadas de equitación.

Tras el retorno de la democracia fue detenido por su actuación en La Pampa, pero recuperó la libertad gracias a la ley de obediencia debida en 1988.

El 3 de diciembre de 1990 Baraldini participó del alzamiento carapintada que encabezó Mohamed Alí Seineldín. Su misión fue la toma del Regimiento de Patricios. Condenado por el levantamiento, estuvo preso en Campo de Mayo hasta 2002, cuando Eduardo Duhalde, a cargo interinamente de la presidencia, lo indultó por “razones humanitarias”. Cuando la obediencia debida fue declarada inconstitucional y el juez Daniel Rafecas reabrió las causas por delitos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, Baraldini volvió a Bolivia, donde pasó sus últimos ocho años.

Actualmente permanece detenido en la Colonia Penal de la capital pampeana, luego de que el juez Zabala rechazara un pedido de excarcelación interpuesto por el defensor del ex militar, Federico Miller, quien había argumentado la “presunción de inocencia” del detenido.